Juan Bosco Rosillo Martínez

“Uno de los hechos relevantes en la terrible historia social del mundo, es que ninguna verdadera hambruna se ha dado jamás en aquellos países con forma democrática de gobierno; y/o con una oposición fuerte e influyente; y/o con acceso libre a la información; y/o prensa relativamente libre”.

Amartya Sen

El acceso a la información es un derecho que tiene un costo, uno que pagamos  todos los que contribuimos al gasto público mediante impuestos. Este derecho es una herramienta capaz de verificar las funciones del gobierno, conocerlas y exponerlas; es también una herramienta para obtener datos y de manera transversal coadyuva a combatir la corrupción.

Sin embargo, este derecho – como muchos otros-  esta sub utilizado, es decir son muy pocas las personas que hacen uso de él, razones existen muchas, pero hay una brecha de conocimiento y tecnológica que ha impedido utilizarlo y entender las ventajas que tiene su uso.

Por tal motivo, propongo un reto: te invito a que realices una solicitud de acceso a la información y hagas uso de este derecho, ayudando de esta forma a utilizarlo y conocerlo, es realmente algo sencillo, sobre todo si lo realizamos a través de la plataforma electrónica.

Sólo tienes que visitar la página de INFOMEX, que te dirigirá a la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action; registrarte en http://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/solicitantes/inicioRegistro.action; posteriormente ingresar al apartado de “nueva solicitud de información” y finalmente realizar una solicitud -a nivel federal-,  dirigida a cualquier dependencia, entidad, organismo autónomo o cualquier ente que ejerza recursos públicos.

Si la solicitud la realizas de forma clara y no es una información que se considere reservada o confidencial, la información te la entregarán en un lapso de 20 días hábiles de acuerdo con el artículo 132 de la  Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Regresando a la idea anterior, los derechos cuestan y el acceso a la información no es la excepción. Stephen Holmes y Cass R. Sunstein -en su momento asesores del expresidente Obama- precisan dicha tesis y señalan que nos han vendido una idea errónea de que ciertos derechos, como aquellos en los que el Estado supuestamente no interviene, no tienen costo, como la libertad, el libre tránsito, el derecho a la propiedad y que los derechos sociales, son los únicos que cuestan y cuestan demasiado, por tanto son incosteables.

La realidad es que todos los derechos cuestan y que en todos los derechos interviene de una u otra forma el Estado para garantizarlos y es a través del presupuesto de egresos que determina cuánto costará cada derecho; es decir los derechos dependen de la asignación de los recursos que realiza el Estado.

Si comparamos el presupuesto de egresos de la federación 2018 con el del año 2019, observamos que el año pasado se destinó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (INAI), la cantidad de 1 mil 98 millones, mientras que en este año se destinó la cantidad de 900.1 millones de pesos. En términos reales el presupuesto en materia de acceso a la información y protección de datos personales tuvo una disminución de 198.3 millones de pesos.

Sin duda, una primera lectura (no la única) de la disminución en la asignación presupuestal, refleja que el interés del Estado en materia de acceso a la información y protección de datos personales es menor que en años anteriores. Incluso en el año 2017 a dicho instituto se le asignó un presupuesto aún mayor que en 2018.  

Lo que puede parecer mucho dinero en términos de derechos humanos, no es una cantidad exorbitante si consideramos que el INAI es un organismo público autónomo encargado de velar por la transparencia, el acceso a la información, y la protección de datos personales, tanto en posesión de los particulares, como en posesión del Estado. Es además el encargado de articular la política pública en estas materias a nivel nacional y también debe propiciar y generar una política pública de gobierno abierto, tema que sin duda se encuentra rezagado en los diferentes niveles de gobierno.

En el periodo de octubre de 2017 a septiembre de 2018, ingresaron 228 mil 133 solicitudes de información pública, y solicitudes de datos personales por el mismo periodo fueron 39 mil 263. El total de las dos materias que los sujetos obligados recibieron, fue un total de 267 mil 396 solicitudes. No obstante estas estadísticas no nos dicen cuánto nos cuesta mantener el Sistema Nacional de Transparencia y en específico el acceso a la información, ya que para tener una idea más clara debemos saber el presupuesto que emplea el INAI en cada uno de los proyectos y programas, así como de las actividades que realiza.

Sin embargo, con independencia de cuánto cueste este derecho, vale la pena seguir apostándole a la Transparencia y al Acceso a la información y por supuesto dar paso a un Gobierno cada vez más cercano a los ciudadanos, un Gobierno Abierto. Puesto que el acceso a la información es parte vital de un Estado Democrático.

Twitter: @JUANBOSCO_R