Una de las acciones legislativas más esperadas de la Cuarta Transformación es la reforma constitucional en materia educativa. En la Cámara de Diputados se postergó su aprobación con el afán de incluir en dicha reforma los puntos de vista y las observaciones de todos los actores de la sociedad, con un espíritu de parlamento abierto que incluya la perspectiva de maestros, autoridades educativas locales y nacionales, investigadores expertos en la materia, organizaciones de la sociedad civil, pero sobretodo, de las niñas y niños y sus padres.

Para el Estado Mexicano, realizar esta reforma es de la mayor importancia. La agenda educativa formó parte primordial de la nueva visión de país trazada por nuestro Presidente durante su campaña. Fue esta sólida agenda de inclusión, diálogo, visión de futuro e interés por el futuro de nuestras niñas y niños, la que impulsó una importante participación de los maestros en su favor, ofreciendo la derogación de una reforma que nada tenía de educativa, y creando una expectativa de cimentar un futuro mejor para el sistema educativo nacional.

La reforma educativa 2019 viene a desmantelar la perniciosa y equívoca base legal que le dio vida a la política educativa implantada en el año 2013 a nivel federal. No podemos olvidar que esa política se hizo a la sombra de la detención de un liderazgo magisterial, condición que le añadió un halo de venganza política contra una expresión gremial que estaba avanzando en la dirección correcta, ordenada y consensada hacia la potenciación integral de todas las facultades del ser humano a través del desarrollo de las capacidades de nuestras niñas y niños.

La mal llamada reforma educativa del 2013, fue una reforma cupular, laboral e inviable, que no abarcó el aspecto sustantivos del actuar docente: la educación.

La reforma fue cupular, porque en aquel momento no se abrieron canales genuinos de diálogo y concertación política con el magisterio. Más bien, se instrumentó dicha modificación constitucional y legal, a partir del sometimiento de las estructuras sindicales catalizada por vía del Pacto Por México, un acuerdo cupular entre las principales fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, a inicios de la pasada administración.

La reforma fue laboral, dado que se centró en la implementación de un Servicio Profesional Docente que, lejos de consolidar un magisterio robusto, con alta formación académica y con un sistema de evaluación pertinente, generó escenarios de terrorismo laboral y un sistema de evaluaciones no pertinentes que, en su conjunto, redituaron en una mecánica docente de distracción en labores evaluativas, en vez de maximizar el tiempo dedicado a su principal objetivo, que es formar a las y los estudiantes de los distintos niveles educativos.

La reforma fue inviable en la práctica, ya que aquellos docentes que de acuerdo con la evaluación de permanencia obtuvieron resultados no favorables, no gozaron del acompañamiento pertinente señalado en el Servicio Profesional Docente para mejorar su desempeño. Lo mismo sucedió en el caso de aquellos docentes que obtuvieron calificaciones sobresalientes y que, con el pretexto de la insuficiencia presupuestal, fueron omitidos de los incentivos prometidos por su reforma.

En la reforma de 2013, el fin educativo pasó a segundo término. Ello quedó demostrado en el factor temporal de la construcción del Nuevo Modelo Educativo que, como pudimos constatar todos, se diseñó hasta el final de la administración: primero el garrote laboral, luego la educación.  

Estas condiciones trajeron como consecuencia inmediata el descrédito de una de las instituciones que gozaba de mayor confianza en nuestra sociedad: la escuela y los maestros. Se minó a uno de los baluartes sociales por excelencia y se le orilló a asimilar una política de estado fallida.

En su momento me pronuncié de forma clara y contundente, sí a una evaluación pertinente y gradual y un no rotundo al condicionamiento de la permanencia del maestro en servicio. Lo anterior, por estar convencido de que no se podían resolver con una nueva redacción de nuestra Carta Magna y de nuestras leyes, problemas de carácter estructural en nuestro sistema educativo nacional.

Hoy está a punto de cambiar esa lamentable realidad. La iniciativa enviada por el ejecutivo federal al Congreso de la Unión busca, en primera medida, revalorar a una institución que tanto ha ayudado a nuestra sociedad: el maestro. Se caminará hacia una educación de excelencia, integral, democrática y consensada.

La reforma que hoy está a consideración de toda la sociedad, reconoce que los maestros tienen derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización que fortalezca la educación en nuestro país; considera procesos de selección, promoción y reconocimiento que pongan en igualdad de circunstancias a los aspirantes, permitiéndoles participar en procesos de selección transparentes, equitativos e imparciales.

En vísperas de su aprobación es fundamental alcanzar el mayor consenso posible, involucrando a todas las partes en un diálogo donde la tolerancia y la inclusión abonen a encontrar un equilibrio entre los intereses personales y gremiales con el máximo interés nacional: el bienestar de nuestras niñas, niños y jóvenes.