La pregunta para explicar la existencia y persistencia de los pueblos indígenas aledaños al municipio de Puebla, pese a los embates de las políticas coloniales, y sus símiles en la era neoliberal, tiene mucho que ver con sus estructuras socioculturales internas que las sostienen y soportan. También es de reconocer que en más de quinientos años, dichas estructuras no están intactas, se han modificado y, en muchos casos, readaptado a las circunstancias sociohistóricas en el largo devenir histórico.

Lo anterior, se circunscribe en el marco de los talleres sobre derechos de los pueblos indígenas que ha desarrollado el Consejo Indígena Poblano en las poblaciones de San Andrés Azumiatla y la Resurrección, ambas  poblaciones pertenecientes al municipio de Puebla; al concluir una sesión respecto a la temática que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) usa para caracterizar a una población indígena en su acepción más clásica (desde la disciplina antropológica), una de las participantes expresó: “Bueno, todo eso que dicen que somos los pueblos indígenas, ya no tenemos nada,  bueno… casi nada”. El conductor del taller para problematizar en la temática, planteó la siguiente pregunta: ¿Qué es lo que ya no tenemos y por qué? Las respuestas fueron diversas, pero todas parten desde una racionalidad de la propia experiencia de vivir como indígenas conurbados con la ciudad de Puebla capital.

La ciudad de Puebla fue erigida en terrenos pertenecientes a los muchos pueblos ya existentes antes de la conquista; hoy en día, los pueblos indígenas que la rodean son: San Francisco Totimehuacan, La Resurrección, cuyo nombre original es Tepetitla; San Pablo Xochimehuacan, San Felipe Hueyotlipa, y por supuesto, el señorío de Cholula. Al asentarse los poderes políticos, eclesiásticos y por supuesto económicos en una ciudad como Puebla, cargada con todo el bagaje de la ideología de los conquistadores, como en toda América Latina, los pueblos indígenas entran en una condición de subalternidad con las metrópolis construidas con el sudor y sangre de los indígenas, ésta relación, Pueblos indígenas y estado colonial, por demás decirlo, una relación asimétrica, que se perpetuó con la independencia, la reforma, y en la época posrevolucionaria.

Aunque en ésta última etapa, es importante señalar que como un intento de caracterización respecto a las políticas públicas dirigidas a las poblaciones indígenas, en los más de cincuenta años que duró el Instituto Nacional Indigenista (INI) se aplicó en las poblaciones indígenas, políticas que tienen el sello del nacionalismo revolucionario, entendidas como aquellas políticas que trataban de infundir la aportación de lo indígena en la construcción del país, y el grupo que condujo esas políticas asesorados por los antropólogos Alfonso Caso, Julio de la Fuente, Gonzalo Aguirre Beltrán, entre otros, tampoco renunciaron a la aplicación de políticas integracionistas y asimilacioncitas con las poblaciones indígenas; de pasada sobra decir que los doce años del panismo  y los seis de Peña Nieto en el gobierno federal, se profundizaron las políticas neoliberales con los pueblos indígenas, caracterizadas por la creación de intermediarios como las llamadas organizaciones de la sociedad civil, encargadas de llevar y controlar los programas con las poblaciones indígenas. Ésta etapa se podría denominar como tecnocrática, por el control total del estado, por los tecnócratas neoliberales; además, en esta etapa, es cuando se profundizaron la intromisión de las empresas extractivas en las comunidades, dejando a su paso, destrucción de tierras, flora y fauna.

Como ya se explicitó párrafos arriba, la relación Pueblos Indígenas y Estado Nación, ha tenido distintas vicisitudes, también distintos actores, y siempre ha sido asimétrica y de subalternidad. En la coyuntura actual ¿cuáles son las perspectivas que se vislumbran en esta etapa denominada de la cuarta transformación y los pueblos indígenas?, la respuesta la encontramos en la ley que crea el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, (INPI) que desde mi punto de vista, es un documento de avanzada en cuanto la relación que plantea  respecto de los pueblos indígenas y afrodescendientes con el estado; en primer lugar,  el reconocimiento a los pueblos como sujetos de derecho, lo cual implica que las políticas públicas que se apliquen, son derechos consagrados en la legislación nacional e internacional, por los tratados que ha suscrito nuestro país, así también, la profundización y aplicación de los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada y de buena fe, como lo establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); se traduce también en el ejercicio de la consulta en las asambleas comunitarias respecto a la planeación del desarrollo de la comunidad, es decir, históricamente, en nuestros pueblos somos capaces de planear y ejecutar nuestros acuerdos para los trabajos que beneficien a nuestros pueblos, desafortunadamente, las políticas públicas aplicadas en las comunidades, tanto en el periodo del INI y de la CDI, prevalecieron políticas clientelares, el intermediarismo, (con sus escasas excepciones) que se tradujo en desencantos y apatía en muchos de nuestros pueblos, ya que los recursos, se quedaban en los gobiernos de los estados  o en los municipios, y lo que llegaba a nuestros pueblos, ya eran cantidades ínfimas.

Para cerrar con la pregunta inicial de este artículo, sobre la existencia y persistencia de los pueblos indígenas en el municipio de Puebla, es de reconocer que dichos pueblos han dado buena acogida a los planteamientos de la Secretaria de Desarrollo Social Municipal, respecto a los enfoques de trabajo que se han iniciado en la actual administración sobre consultarlos y elaborar junto con ellos sus proyectos de trabajo. Así también, el reto que tiene el INPI, de desarrollar políticas desde un enfoque que antaño se les denominó de etnodesarrollo, pero que actualmente, simple y sencillamente son derechos que se deben ejercer; lo anterior demanda también, de un equipo de trabajo que rebase el concepto o figura de burócrata indigenista en las oficinas del INPI por verdaderos promotores del desarrollo, este es el panorama que nos espera los pueblos indígenas en la cuarta transformación del país: de simple espectadores a ser sujetos  plenos de derechos. ¡A ejercerlos!