Descrito por el constitucionalista de la UNAM, Miguel Carbonell, como el más garantista de los ministros. Polémico por el caso de la ciudadana francesa. En lo personal –junto con el ministro Cossío- es el juez del Tribunal Supremo de nuestro país de quien tengo generalmente una opinión favorable.

El viernes, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, abogado por la ELD y doctor por la UNAM, presentó un proyecto que persigue, por un lado, amparar a una sociedad en la que convergen clubes de cannabis y, por otro, la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley General de Salud que prohíben la producción y la posesión con –como este fin de semana se ha denominado- fines lúdicos; es decir, legalmente permitir el consumo personal exclusivamente, de acuerdo con el proyecto, de la marihuana. Zaldívar presentará su propuesta el miércoles 28 ante la Primera Sala de la Corte. El País resume los artículos que se buscan declarar inconstitucionales: el 235, 237, 245, 247 y 248.

En esta entrega no pretendo hacer un análisis de la propuesta de Zaldívar, que considero importante en el desarrollo del proceso de renovación del marco jurídico de sustancias hasta hoy prohibidas en la federación; no obstante es notoriamente incompleta, dado que no contempla la comercialización de esta droga, sin embargo puede resultar un paso adecuado para la transformación jurídica y política nacional que, si logra un prudente e inteligente avance, coadyuvaría a un más sano desenvolvimiento social, gubernamental y político en la República.

Aspiro, en cambio, a ofrecer una conclusión que comparto con varias personas y con personajes públicos, pero sobre todo con estudiosos del Derecho fundamentales en mi formación como abogado; posición que ofrezco para la reflexión, sea ésta jurídica o no.

El doctor Miguel Carbonell cita a John Stuart Mill cuando expone sobre la legalización de la marihuana. Stuart planteó el principio de daño, el cual dice que todas las personas podemos hacer cualquier cosa siempre y cuando no dañe a terceros. Si bien en lo general coincido con el autor y con Carbonell, es Arthur Kaufmann quien para esta reflexión aporta elementos más substanciales. Hago referencia a su libro “Filosofía del Derecho” en el cual tenemos un primer elemento: “el Derecho es mucho más antiguo de lo que hoy se denomina Ley”; luego nos dice que el Derecho es “el actuar correcto mismo”; y, posteriormente, hace tres apuntes aún más trascendentales. El primero de ellos, señala que el “espacio libre de Derecho no significa jurídicamente no regulado sino jurídicamente no valorado”; es decir, que algo –en este caso, la marihuana- podrá contemplarse en la ley pero este carácter positivo no necesariamente le coloca en el ámbito del Derecho, que es más relevante que la ley, pues una norma jurídica puede ser profundamente contraria a Derecho y de ésas en años recientes hemos tenido buenos ejemplos. El segundo, menciona que “Frente a la soberanía del cuerpo –algo de lo que también habla Stuart-, el tribunal de la conciencia –a esto hace referencia el ministro Zaldívar en su proyecto-… difícil empresa, pues en cada caso nos encontramos ante la imposibilidad de la valoración de la acción”; esto constituye el pilar más importante de este planteamiento que se ofrece, pues queda claro que hay un espacio que por más regulado que esté no solamente no es posible sino que es inexistente la probabilidad de ser valorado por el Derecho, a saber: la conciencia, y es que mientras no se exteriorice, se actúe o se materialice un determinado hecho o una cierta acción derivado de un proceso en la conciencia del individuo, el Derecho no tiene nada qué hacer aunque la Ley y aun la Constitución pretendan lo contrario. Es en este punto donde cabe el comentario de Zaldívar, el cual nos une con el último punto: “Pertenece a la autonomía individual… la posibilidad de decidir responsablemente si desea experimentar…”. El tercero, paralelo a esta idea del ministro, dice que “El orden jurídico renuncia a valorar la conducta respectiva. Quien actúa es responsable por sí mismo del grado de corrección de su actuación”. En conclusión, regular a la conciencia y a la soberanía corporal, no se encuentra en el ámbito del Derecho y se corre el riesgo de ser injustos o de actuar injustamente, siendo su opuesto –la Justicia- lo que el Derecho persigue aunque ocurra que éstos en ocasiones llegan a disociarse.

El fin de semana conocí dos tendencias de las opiniones con relación a esta noticia. De una parte están las personas que, con diferentes argumentos, apoyan el proyecto del ministro, la mayoría abordando el tema desde un lógica financiera, económica y fiscal o penal, de seguridad y criminal, muy pocos desde la perspectiva jurídica más amplia posible. De otra, quienes están en contra, y fue en ese sector donde percibí los planteamientos más deficientemente fundados, comenzando por varias personas que atacan al ministro con comentarios como “el que se drogó fue él” o algunos más sensatos que proponen un interés gubernamental y político por conducir la atención pública a un tema “sin relevancia”. No coincido con ellos y mucho menos con los primeros y sus descalificaciones emotivas e infundadas; a los segundos los comprendo, mas no considero este tema irrelevante ni innecesario. Por el contrario, de entre todos los temas urgentes y necesarios de la agenda nacional, éste me parece relevante en la búsqueda de re-ordenar al país y de configurar a la sociedad mexicana de cara a las demandas y fenómenos actuales y los que se prevén en los futuros de cercano, mediano y largo plazo tanto en el ámbito local como en el regional y en el mundial, de suerte tal que éstos sean afrontados con civilidad por la sociedad.

Twitter: @JAbrahamRojas