En Puebla queda claro que los actos que no atañen al quehacer público y a las tareas dominantes del proyecto político del gobierno del estado se traducen en impunes por   el desinterés que en ellos muestra  la Procuraduría General de Justicia y el Poder Judicial. El letargo en la integración de las averiguaciones previas que conciernen a  los delitos cometidos contra los ciudadanos del estado se mantiene. 

La agilización en su caso de estos procedimientos requiere de  un impulso procesal que para el común de los poblanos representa   un atentado contra su economía lo cual hace  prácticamente insostenible dar continuidad a tan burocráticos tramites. En sentido opuesto aquellos eventos que implican un interés especial para la clase gobernante se ventilan con una   celeridad inexplicable, tal es el caso de la aprehensión del líder moral de la agrupación denominada 28 de octubre, así como el encarcelamiento de algunos jueces que han omitido actuar diligentes y sumisos a órdenes expresas de la Procuraduría General de Justicia e incluso de algunos presidentes de juntas auxiliares que han osado conducirse de manera diversa a lo mandatado por el señor gobernador. Desde luego, el actuar fuera de la norma en la Procuraduría no es una labor propia de este sexenio, se remonta incluso a la naturaleza Constitucional y Orgánica de dicha institución  en su caso carente de independencia. Los destinos de la impartición y administración de justicia penden de un solo hombre y por supuesto de las directrices que este dé  en tan importantes rubros de todo gobierno. Ciertamente Impartir y administrar justicia no es tarea que haga crecer las arcas de gobierno, pero si un detonante social silencio que en cualquier momento pone en jaque al más sólido y consolidado gobernante. No es tarde para que el doctor Rafael Moreno Valle Rosas de prioridad e impulse una recomposición en dos estructuras  básicas en todo gobierno de bienestar social, sin embargo no se evidencia de manera clara y precisa un esquema de combate frontal a la corrupción, menos aun de que Puebla pueda ser a mediano plazo un estado ejemplar por contar con una justicia pronta y expedita, ello porque no es mediante el recorte al salario de la base burocrática encargada de administrar e impartir justicia como pudiese encontrarse probidad y honradez, por el contrario la afectación en el bolsillo de servidores públicos de mandos medios hacia abajo ha impactado notoriamente en la labor del Tribunal Superior de Justicia y de la propia Procuraduría, instituciones que de suyo arrastran grandes rezagos pero que hoy más que nunca se concretan simplemente a poner empeño, reitero en aquellas actividades que son del agrado del ejecutivo en turno dejando a un lado la actividad cotidiana en la que se encuentra inmersa el grueso de la sociedad que ve en el infinito y más haya lo preceptuado en el artículo 17 del Pacto Federal. Él concepto impunidad no solo aplica cuando una conducta ilícita deja de ser sancionada y la parte agraviada ve resarcidos sus derechos, son actos también impunes el despido masivo de una base burocrática que clamando justicia se encuentra con tribunales administrativos y del trabajo que actúan al margen total de la ley. Son actos también impunes aquellos que día a día realizan agentes viales en las calles de la ciudad contra el ciudadano que sale a poner su mejor esfuerzo por llevar a su domicilio un mínimo de bienestar, son actos impunes los cobros excesivos y pagos de multas inasequibles para un conglomerado social que vive al día, son actos también impunes los grandes derroches de campañas políticas con dinero de un pueblo que pretende emerger de la pobreza ancestral. Concluyo cualquier medición que sobre impunidad pueda hacerse en el estado vendría corta para la afectación que hoy sufre la mayoría de poblanos.    

                                                jurídico_rangel@hotmail.com