En su campaña como candidato a la presidencia en 1982, Miguel de la Madrid eligió como lema la renovación moral. La sociedad mexicana estaba cansada de la corrupción, que venía de muy atrás, pero que se volvió más lastimosa durante el gobierno de López Portillo (1976-1982), en parte por la crisis económica en la que terminó, en parte por el cinismo del este presidente al final de su sexenio. 33 años después la corrupción sigue estando en el centro de nuestra agenda pública.

Eso explica que numerosas organizaciones y ciudadanos hayan propuesto y apoyado la creación de un sistema nacional anticorrupción. No es un asunto fácil. Ha estado más o menos en el centro de la agenda política nacional desde 1982 y hoy el enriquecimiento de los políticos parece ser mayor que antes, o al menos es más visible.

La corrupción en política va mucho más allá de un problema moral. Se erosiona y hasta se destruye la calidad de las políticas públicas cuando los políticos están más preocupados en satisfacer sus propios intereses que en resolver los problemas públicos. Atrae a políticos corruptos al gobierno y aleja a los honrados. Abre una brecha entre ciudadanos y políticos, causando desánimo, escepticismo, y justificación de actos ilegales.

Dos sexenios panistas pasaron y no parecen haber tenido logros claros en el combate a la corrupción. Se esperaba de ellos que lo hicieran, pues era parte de su discurso y de sus propuestas históricas. No pudieron o no quisieron. ¿Habrá ahora logros? ¿Cuáles son los medios adecuados para alcanzarlos?

En un desplegado publicado esta semana el Centro de Estudios Espinosa Yglesias se suma a la propuesta de un sistema nacional anticorrupción. Plantea cuatro pilares o instituciones fundamentales: Tribunal Federal de Cuentas, Fiscalía Especializada en materia de corrupción para los tres órdenes de gobierno, fortalecer a la Auditoria Superior de la Federación, y mejorar la calidad de la Secretaría de la Función Pública.

La propuesta es sensata y necesaria. Pero la clave estará en cómo se implementa. Nuestros políticos son buenos para simular, más ante un problema tan pertinaz como la corrupción. Un problema que, además, los beneficia, no a todos ellos desde luego, pero sí a un sector que hará todo lo posible por mantener sus posibilidades de enriquecerse con los cargos públicos.

Además de buenas propuestas se requiere de voluntad política, de un buen diseño institucional y de una adecuada implementación de las propuestas. ¿Tenemos actualmente estos ingredientes? ¿Existe la presión social y política necesarias para hacerlos realidad? ¿Se podrá hacer hoy, cuando todos los partidos parecen haber caído de una manera u otra en prácticas de corrupción lo que no se hizo después del 2000 con el bono democrático?

La trayectoria del actual ejecutivo federal no parece la más adecuada para una tarea de este tipo. Ni él ni su partido se han destacado por el combate a la corrupción. Dudas razonables pesan sobre su propio desempeño al respecto. Pero precisamente eso podría servir como oportunidad, para el presidente Peña Nieto y para su partido, de realizar un cambio. De mostrar que no son el PRI de antes, el PRI de siempre. Que así como se realizó una agenda de reforma constitucional audaz y polémica, se haga algo similar ante un problema, la corrupción, que tiene altos costos para la moral y la vida pública de los mexicanos. El PRI pudo dejar atrás el fardo obsoleto del nacionalismo revolucionario. Quizá pueda también contribuir a un sistema anticorrupción eficaz.