¿Cuántos mexicanos creen en el informe que el procurador Murillo Karam presentó esta semana sobre los estudiantes de Ayotzinapan? Quizá sean pocos. Y como siempre, en el problema de creer o no está tanto la parte que informa como la que recibe la información. Hay razones para ser escépticos de lo que nos dicen nuestros gobiernos, pero también hay gente que nunca va creer ciertas cosas, bien porque tiene un escepticismo excesivo e infundado, bien porque tiene intereses para no hacerlo.

En mi opinión, y visto desde la lectura de la prensa, el informe tiene muchos rasgos verosímiles. Una situación en la que el narcotráfico disputa una zona, que uno de sus grupos se apropia de gobiernos municipales, que confunde a estudiantes con sus adversarios, tiene lógica. Pero deja cabos sueltos. Hasta donde sé la autoridad no ha respondido a los dichos de algunos científicos de que es imposible calcinar los cuerpos en el tiempo y con los materiales con los que se nos dicen que fueron calcinados. Tampoco se ha aclarado la prisa y el cuidado del grupo delictivo por eliminar los cadáveres, cuando el crimen organizado suele a veces mostrar a sus víctimas más que ocultarlas.

Despierta suspicacia también la forma como fueron capturados el expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles Pineda: estaban en su casa, en la madrugada, pero no en ropa de dormir como suele estar todo mundo a esas horas, sino correctamente vestidos, como si estuvieran esperando a sus captores…

Ciertamente las visiones alternativas son menos verosímiles. Como que el asesinato de los estudiantes fue un crimen de Estado, una represión perpetrada desde el poder público. Si se refieren a la presidencia municipal de Iguala, coinciden con la versión oficial, pero más que un crimen de Estado fue el crimen de un grupo de delincuentes que se apropió del ayuntamiento. O que los estudiantes están vivos. Se entiende el dolor de la pérdida de un hijo o de un hermano, y la actitud de tratar de recuperarlo con vida. Pero lamentablemente es poco probable. ¿Dónde y cómo están, por qué no se han manifestado? ¿Es posible ocultar a tantas personas por tanto tiempo? ¿Con que motivos?

Aunque la versión del Procurador General de la República vaya a convencer a pocos, es, creo, la más verosímil de las que se han expresado. Por eso el lícito pensar que algunas de las protestas sobre el caso, varias de ellas ilegales, como cerrar vías de comunicación o impedir que se cobren cuotas en autopistas, tienen como fundamento intereses distintos a la aclaración de los dramáticos homicidios. No buscan la aplicación de la ley, sino otras cosas. Es una pesca en el río revuelto de los intereses particulares. Las críticas y el escepticismo a las versiones oficiales ha tenido un efecto no deseado, y negativo para la sociedad: la ausencia en la aplicación de la ley ante actos vandálicos.

Ciertamente el caso no está cerrado. La PGR presentó su informe. Para algunos fue tardío (4 meses después de los hechos), pero otros lo consideraron prematuro. El caso será llevado a organismos internacionales ONU y CIDH). Su intervención será sumamente positiva. No solo contribuirá a aclarar este caso, sino será un aviso para casos próximos y una prevención contra intentos de manipular los hechos. Y dentro del país falta el proceso judicial.

Algo claro es que nuestras instituciones tienen un déficit de legitimidad, que sólo es útil a intereses facciosos. En nuestra agenda y en nuestro interés público está tener autoridades que en su ejercicio cotidiano demuestren que merecen la confianza de la sociedad.