La tónica gubernamental pasa por el diseño de acuerdos específicos en el marco de ese modelo de cogobierno llamado “Pacto por México”, en el que están formalmente involucradas las principales fuerzas políticas nacionales y, de manera informal, los más significativos actores que influyen en la definición de la agenda pública, tales como los gobernadores, los empresarios y las grandes corporaciones sindicales, entre otros, quienes con su tácita anuencia, validan y legitiman las medidas adoptadas. Es un gobierno cuyas principales reformas (aquellas tan llevadas y traídas “estructurales”) se han sustentado en la negociación ex ante y ex post de los recientes procesos electorales locales en algunas entidades del país.

La prioridad política concedida por la administración federal a los temas de las reformas aprobadas, prefigura la magnitud y profundidad de los acuerdos entre el partido en el gobierno y las demás fuerzas políticas, así como el carácter estratégico que tuvieron las pasadas elecciones locales y el que sin duda tendrán los comicios federales de 2015 en la conformación del bloque en el poder a lo largo del actual sexenio. Queda claro que todo gobierno requiere de interlocutores, y que la política es –entre otras muchas cosas que se puedan decir de ella—el arte de la negociación y la ciencia de la toma de decisiones por parte de actores, si bien con intereses particulares y contrapuestos, vinculados por perspectivas y requerimientos comunes.

Ante este panorama, es precisamente la capacidad de interlocución de los actores (sobre todo la que tiene que ver con las dirigencias nacionales de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática) lo que deviene prioridad para el gobierno del presidente Peña Nieto, pues se trata de un factor que indispensablemente se requiere como condición no tan solo para la confección de los acuerdos, sino para compartir el costo político de las medidas acordadas en un marco que, así como es de cogobierno, también lo es de corresponsabilidad. Falta determinar cuáles son los incentivos que mueven a los respectivos actores para asumir dichos costos políticos; por el momento basta con asumir que tanto al PAN como al PRD les han de resultar suficientes.

En un gobierno dividido, como los que México registra desde veinte años, el papel de la oposición es determinante, por lo que en ese respecto resulta insoslayable el diferente rol jugado por los principales partidos políticos. El PAN asume un papel que el PRI rechazó durante los últimos doce años, bajo los gobiernos panistas de Fox y Calderón, a lo largo de los cuales sostuvo una renuencia a avalar las iniciativas gubernamentales de reforma, sin que ello se tradujera en una clara sanción electoral por parte de la ciudadanía, que en 2012 le otorgó un holgado triunfo en las elecciones presidenciales. Por su parte, el PRD ha modificado notablemente su actitud, pues a su anterior postura de intransigente oposición a colaborar en aprobar o avalar algunas reformas, ahora se asume como un claro referente en la posibilidad de que se logren.

Sin duda, algo que explica esta diferente situación tiene que ver con el perfil y el talante político de las respectivas dirigencias partidistas que en la actualidad encabezan tanto al PRI (ahora en el poder) como al PRD y al PAN, así como a la indiscutible habilidad política de quienes actualmente operan la interlocución entre el gobierno federal, los partidos y el Legislativo, por no mencionar lo concerniente al resto de los actores involucrados. Ante ello, en la coyuntura donde se presenta la propuesta de reforma energética, se impone la necesidad de hacer aun más eficiente la táctica de acercamiento y la alianza con los interlocutores, lo que probablemente al gobierno federal y al PRI habrá de suponerles ceder en algunos rubros relativos a lo fiscal y a lo político-electoral, todo ello en aras de mantener el cauce de la política en la lógica de la negociación, contando con los interlocutores idóneos y sin pretender obtenerlo todo….. al menos no en una sola apuesta.

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