El diputado federal de Morena, Alejandro Carvajal Hidalgo, y la organización El Barzón Poblano visitarán los ayuntamientos para pedirles que no incluyan en su Ley de Ingresos 2023 el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), y que por ende el Congreso local no lo autorice.

El morenista pidió a la ciudadanía y a los alcaldes no dejarse “engatusar” por la fórmula que hace el coordinador del PRI, Jorge Estefan Chidiac, como presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Congreso, que avala las leyes de ingresos antes de que lleguen al pleno.

Recomendamos: Ignacio Mier se lanza contra cobro de alumbrado por municipios en Puebla

En conferencia de prensa, el legislador dijo que el DAP se cuantifica en base a lo que los ayuntamientos gastan en las luminarias de las calles, sin embargo, recordó que los diputados no aprobaron el cobro para los municipios de Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula en 2022.

Afirmó que el costo aproximado por vivienda es de 100 pesos mensuales por el servicio de alumbrado público, y aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la recaudación de este derecho, señaló que no significa que Puebla capital deba cobrarlo, pues dijo que la comuna obtiene ingresos por el uso de parquímetros y de otros rubros.

Sugerimos: Cobro de alumbrado en Puebla vuelve en 2023 tras aval de la Corte

“No estamos en contra como partido de que se paguen contribuciones y derechos, pero sí estamos en contra de que, en época de pandemia, donde ya subieron el agua a más de 30 por ciento, hay parquímetros y mucha gente no tiene trabajo, se siga cobrando cantidades a las personas”, dijo.

Carvajal Hidalgo aseguró que el gobierno federal contempla un aumento de 9 por ciento en recursos para los municipios en 2023, por lo que llamó al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, a no incluir el DAP en la Ley de Ingresos ni solicitar la aprobación al Congreso del estado.

El presidente de El Barzón Poblano, Gerardo López Ramírez, advirtió que la resolución de la Corte no es un “cheque en blanco” para que los municipios cobren a diestra y siniestra, sino que se trata de una determinación que regula los parámetros y cómo debe recaudarse el alumbrado público.

Por ello, anunció que acudirá a los Cabildos para solicitar que no vuelvan a incluir el DAP; además, entregarán estudios socioeconómicos donde expliquen por qué es inviable para las comunidades más vulnerables.