• Política

Buscan quitar trabas a iniciativas ciudadanas en Puebla

  • Mariana Salinas
Para que el Congreso de Puebla admita una iniciativa ciudadana actualmente se exigen las firmas de al menos el 2.5 por ciento del padrón electoral
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La diputada local del PAN, Guadalupe Leal Rodríguez, propuso eliminar los requisitos excesivos que obstaculizan el ingreso de iniciativas ciudadanas al Congreso de Puebla, con el fin de que se facilite su análisis y posible aprobación.

Con una iniciativa de reforma constitucional busca suprimir la recaudación de firmas ciudadanas que actualmente se exigen, pues esto inhibe la participación de la sociedad en el proceso legislativo.

La panista planteó modificar el artículo 63 de la Constitución Política del Estado y los artículos 144, 147, 148, 149, 150 y 153 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, para desburocratizar el trámite y facilitar la presentación de iniciativas ciudadanas.

Actualmente, para que el Congreso acepte una iniciativa de la ciudadanía en general, exige presentar las firmas de al menos el 2.5 por ciento de personas que integran el padrón electoral, como muestra de que la propuesta cuenta con “respaldo” social.

Esto representa que se deben reunir más de 120 mil firmas para que una iniciativa sea tomada en cuenta por el Legislativo local.

Para tener una idea de la situación, la cantidad de firmas se acerca a las que se requieren para contender por la gubernatura del estado en una candidatura independiente.

“Los ciudadanos siguen teniendo cada día más la necesidad de participar en las decisiones del país, y esto va a tener que ir de la mano con la facilidad para presentar iniciativas; es decir, que no haya obstáculos en el camino y se pueda generar una aportación efectiva y lograr un mayor involucramiento por parte de las personas”, expuso Leal Rodríguez al presentar su iniciativa.

Co su propuesta solo se mantendrían los requisitos básicos, como: aceptar la difusión de la iniciativa para avalar o desechar su análisis; el plazo de 30 días que tendría el secretario General para evaluar el proyecto, así como permitir que se subsanen errores u omisiones en un plazo de 15 días hábiles tras la primera revisión.

El proyecto de reforma fue enviado a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su posible análisis y aprobación.

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