Universidades, secretarías estatales, órganos autónomos y ayuntamientos de Puebla, son parte de las 85 cuentas públicas que desde 2020 no fueron fiscalizadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE), bajo la gestión de Francisco Romero Serrano, destituido en marzo.

En sesión ordinaria este jueves, el Congreso del estado concedió a la nueva titular de la Ase, Amanda Gómez Nava quien, una prórroga de cinco meses para entregar los informes individuales de fiscalización que no terminó su antecesor.

Sin embargo, como encabezó la Secretaría de la Función Pública (SFP) del gobierno estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta, tendría un conflicto de interés al revisar las finanzas del gobierno estatal, así que se excusará de revisar 69 cuentas rezagadas y sólo participará en 16.

Entre las entidades que serán revisadas por la titular de la ASE son: la Fiscalía General del Estado (FGE), el Congreso de Puebla, el Poder Judicial del Estado, el instituto y el tribunal electoral, así como la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

Alberto Lozano García, quien ostenta por ahora la titularidad de la Auditoría Especial Forense de la ASE, se encargará de revisar las otras 69 cuentas públicas.

Entre ellas destacan: las Secretarías de Finanzas y Administración, Museos de Puebla, Infraestructura y Transportes; Salud; DIF estatal; el Instituto Poblano del Deporte y el Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas.

También el cierre de la gestión de Alfonso Esparza Ortiz en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Ciudad Modelo; el Centro de Conciliación Laboral y varios institutos tecnológicos de estudios superiores al interior del estado.