Los diputados Sergio Salomón Céspedes Peregrina (Morena) y Eduardo Alcántara Montiel (PAN) reconocieron que el Congreso de Puebla interpretó a modo la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización para permitir que Amanda Gómez Nava compita por la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE) con una cédula profesional expedida apenas el año pasado.

Tras cuestionarse si la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP) del estado cumple los requisitos fundamentales para ser el relevo de Francisco Romero Serrano, legisladores incluso de “oposición” defendieron su registro a pesar de que ni siquiera se separó del cargo actual y es vista como la candidata del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

El coordinador del grupo parlamentario panista argumentó en entrevista que la ley solo contempla una antigüedad mínima de cinco años para el título profesional, pero para la cédula no especifica, de modo que se puede interpretar que no es obligatoria alguna antigüedad.

“La redacción de la ley mantiene dos hipótesis, el título con cinco años y la cédula; la redacción no dice contar con título y cédula con cinco años de antigüedad, es decir, obliga a que el título tenga una temporalidad, pero la cédula no dice cuanto”, justificó en defensa de Gómez Nava.

El diputado @AlcantaraEdu1 reconoció que la Jugocopo interpretó a modo los requisitos que establece la ley para ser titular de la @AsePuebla en #Puebla y asegura que Amanda Gómez cuenta con un título desde 1998 aunque su cédula fue expedida hace un año. Via: @dimemariaan pic.twitter.com/dKuhAi30mr

— Periódico e-consulta (@e_consulta) May 11, 2022

Incluso detalló que en la reunión de la Junta de Gobierno en la que se revisaron los perfiles, se aseguró de que Amanda Gómez Nava tiene un título como Contadora Pública, expedido en 1998 por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Lo que dice la ley

La Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización especifica en su artículo 121 los requisitos para ser titular de la ASE, y en la fracción sexta dice:

“VI. Poseer al día de su elección, título con antigüedad mínima de cinco años y cédula profesional como contador público, licenciado en derecho o abogado, licenciado en economía, licenciado en administración o cualquier otro título profesional relacionado con las actividades de fiscalización expedidos por autoridad o institución legalmente facultada para ello”.

Céspedes Peregrina también defendió que la interpretación de la ley que hizo el Congreso es correcta, e incluso dijo que contar con la cédula profesional solo es un requisito adicional al título profesional, por lo que minimizó que haya sido expedida el año pasado.

“La cédula es un tema de identificación, porque no puedes andar cargando el título a todos lados, cuando te titulas te da todo el derecho a poder ejercer y la cédula es un requisito adicional, es un tema de interpretación”, justificó.

PRI evade pronunciarse

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado local Néstor Camarillo Medina, aseguró que en su bancada no han revisado los perfiles de los aspirantes.

En entrevista dijo que buscará una reunión con el coordinador de la bancada, Jorge Estefan Chidiac, y con el diputado Enrique Rivera Reyes, quien forma parte de la Comisión de Vigilancia, Control y Evaluación de la ASE para revisar y analizar cómo votar.

“Desconozco la situación de los participantes, si cumplen o incumplen, pero si está en la convocatoria muy claro, que se respete”, declaro.

PAN definirá voto con dirigencia

Alcántara Montiel aseguró que el próximo martes la fracción panista se reunirá con la dirigente estatal del partido, Augusta Díaz de Rivera Hernández, para definir cómo será el voto de la bancada.

“Cuando salga la terna nos reuniremos en el grupo legislativo para definir sobre la terna, cuál será el sentido del voto”, expuso.

De este grupo parlamentario con nueve integrantes, las diputadas Mónica Rodríguez Della Vecchia y Nancy Jiménez Morales, así como los diputados Oswaldo Jiménez López y Rafael Micalco Méndez han sido los únicos que han votado en sentido contrario a la bancada.

Rodríguez Della Vecchia aseguró que de forma individual se encargará de revisar el perfil de todos los aspirantes para confirmar que cumplan con los requisitos y que no haya conflicto de interés al momento de su nombramiento.

“Nosotros vamos a iniciar una revisión de uno por uno de los aspirantes de manera personal, para ver si cumplen los requisitos que marca la convocatoria. Esta vez, sí queremos un auditor preparado, que sea autónomo y no como la vez pasada”, afirmó.

En 2019 la panista aseguró que la designación de Francisco Romero Serrano fue una imposición, pues entonces era afín a Barbosa Huerta, aunque luego se pelearon, fue destituido y ahora está preso por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Su nombramiento fue avalado con 27 votos a favor, lo cual puso en duda la legalidad de su designación, ya que se requerían 28 votos para llegar a las tres cuartas partes de los 41 integrantes de la legislatura.

La cédula en duda

e-consulta publicó que la Secretaria de la Función Pública (SFP) de Puebla, Amanda Gómez Nava, no cumple con requisitos necesarios para competir por la titularidad de la Auditoría Superior del Estado (ASE), pues tiene una cédula profesional expedida en 2021, con lo cual no cubre la antigüedad mínima establecida en la ley ni en la convocatoria que emitió el Congreso del estado.

A pesar de eso, la Jugocopo que lidera Céspedes Peregrina avaló a Amanda Gómez como parte de los ocho semifinalistas que podrán comparecer a partir de este jueves ante la Comisión de Control, Vigilancia y Evaluación de la ASE, que preside Olga Lucía Romero Garci Crespo (de Morena).

Gómez Nava fue titular de Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal en el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con sedes en Nayarit, Puebla y el Estado de México, se desempeñó en la Dirección General de Fiscalización como supervisora de Auditoría Fiscal, subdirectora de Programación de Auditorías y además fungió como jefa de Departamento de Programación de Auditoría Fiscal.

En la dependencia que encabeza actualmente se ha encargado de auditar al ex secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, actualmente preso; a la ex secretaria de Igualdad Sustantiva, Mónica Díaz de Rivera Álvarez, quien fue echada en febrero; y ahora audita a la secretaría de Gobernación, Ana Lucía Hill Mayoral, de quien se prevé muy pronto su salida del gabinete estatal.

Además, es una de las funcionarias que el ex titular de la ASE, Francisco Romero Serrano, acusó del boicot contra su administración cuando ya se preveía su destitución, pues la señaló de ordenar que ayuntamientos, universidades y secretarías negaran a la ASE de manera coordinada y con la misma justificación información sobre el uso de recursos públicos.