La iniciativa para que el cobro de Derecho de Alumbrado Público (DAP), sea constitucional en Puebla capital y además tenga que ser recaudado en las arcas del ayuntamiento que lidera Eduardo Rivera Pérez, perfila la primera discrepancia entre diputados morenistas y de PAN y PRI en el Congreso local.

Este jueves, los coordinadores de la bancada de Acción Nacional, Eduardo Alcántara Montiel y Revolucionario Institucional, Jorge Estefan Chidiac; presentaron una reforma para evitar que el cobro del DAP sea interpretado como una acción de inconstitucionalidad y no solo como un impuesto que permita recaudar fondos para el ayuntamiento de Puebla.

Diputados de Morena adelantaron que su voto será en contra. Para el presidente de la Junta de Gobernación y Coordinación Política (Jugocopo), Sergio Salomón Céspedes Peregrina, considerar un impuesto extra en la Ley de Ingresos de Puebla capital para 2022 es un tema delicado y advirtió que sería complicado aprobarlo.

"Si es impuesto, será muy complicado que pase. Habrá que analizar qué se plantea, cómo lo proponen y qué es lo que se genera bajo la responsabilidad de los municipios. En el tema de impuestos hay que ser muy cuidadosos", expresó el presidente del Congreso de Puebla.

En la sesión ordinaria de este jueves 2 de diciembre, los diputados Iván Herrera Villagómez y Carlos Evangelista Aniceto, del grupo parlamentario de Morena, se manifestaron con cartulinas en el Pleno del Congreso para rechazar el cobro del DAP.

Herrera Villagómez subió a tribuna para exhortar a votar en contra de la iniciativa presentada por la oposición pues considera que va en contra de la Constitución del Estado de Puebla.

Agregó que el Congreso de Puebla no está facultado para calcular o considerar nuevos impuestos, menos para un cobro que la Suprema Corte Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es inconstitucional.

"No es facultad del Congreso local cargar o calcular un impuesto de cualquier tipo de cobro realizado en materia de ingresos. El artículo 73 señala que esto es facultad exclusiva del Congreso de la Unión. A pesar de eso se busca recurrir a lo legal para legitimar esta decisión que perjudicaría la economía de los poblanos", expresó en tribuna.

Por su parte, Carlos Evangelista aseguró que los coordinadores del PAN y PRI buscan burlar las determinaciones de la SCJN para obtener un beneficio financiero pues transgrede los principios de legalidad establecidos en la Carta Magna.

"El PRIAN de nuevo se alía para poder sacar más dinero de los bolsillos poblanos, queriendo burlar las repetidas resoluciones de la SCJN, que ya resolvió como inconstitucional los intentos pasados por establecer este cargo", escribió en un comunicado.

Esto sucede luego de que el presidente municipal Eduardo Rivera dijera que confía en que el Congreso del Estado de Puebla aprobará la Ley de Ingresos 2022 en la que se incluye cobrar el DAP, con el que se pretende recaudar más de 149 millones de pesos.

En medio de la reactivación económica y luego de la crisis sanitaria que llegó con la pandemia de coronavirus, las estimaciones de recaudación van en aumento pues para 2021 el gobierno de Claudia Rivera Vivanco, buscaba recaudar 140 millones de pesos.

PAN tiene un voto en contra

Aunque la iniciativa aún no es discutida en comisiones, la panista Aurora Sierra Rodríguez adelantó que su postura será en contra del impuesto pues considera que sería lastimoso solicitar el pago de más impuestos a la ciudadanía.

"Mi postura es a favor de la ciudadanía, más en la reactivación económica a la cual me he suscrito y he estado apoyando desde distintas formas. No estoy a favor en este aumento. Creo que sería lastimoso en este momento sobre todo en estas fechas que vienen, como la cuesta de enero", declaró.

En entrevista, Aurora Sierra aseguró que no ha tenido un acercamiento con el presidente municipal de Puebla por lo que defenderá la economía post-covid en "favor de los ciudadanos".

Desde el 2019 la CNDH logró revertir este cobro a través de acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la SCJN, que determinó que las tarifas de este servicio solo puede establecerlas el Congreso de la Unión.