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Acusan a alcaldesa de Acatlán por desvío de recursos y corrupción

  • Natali López
El ex secretario general del ayuntamiento indicó que en el gobierno de María Nava también hay nepotismo
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Al presentar su renuncia como Secretario General de Acatlán de Osorio, Cesario Campos Gil reveló las irregularidades en la administración que encabeza María del Carmen Nava Martínez, como es realizar una sesión extraordinaria falsa para ocultar la investigación contra su tío, el ex edil, Guillermo Martínez Rodríguez.

El funcionario además denunció que le pidieron certificar una querella ante el ministerio público por el desvío o robo de 7 millones de pesos, sin conocimiento del Cabildo.

Investigan la administración de Guillermo Martínez

Cesáreo Campos Gil, denunció que, a través de una falsa sesión extraordinaria de cabildo, la alcaldesa de Acatlán de Osorio María del Carmen Nava Martínez, pretendía ocultar el proceso de investigación de la Secretaría de la Función Pública del Estado contra la anterior administración que encabezó Guillermo Martínez Rodríguez, tío de la presidenta municipal.

El ex funcionario manifestó que, en el acta de Cabildo, que la presidenta pretendía que los integrantes firmaran, sin que la sesión se llevara a cabo, consistía en aprobar que el síndico municipal Aurelio Rojas le diera seguimiento a la substanciación e iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos mencionados en el expediente 01/2020, por los recursos federales transferidos al Ayuntamiento a través del Programa “Fortalecimiento Financiero del Ejercicio Presupuestal 2016”.

En el acta de la sesión extraordinaria de cabildo, con fecha 16 de julio del presente año, se da a conocer que se investigan los recursos federales que recibió la anterior administración, aunque no se menciona la cantidad, y el proceso iniciado contra funcionarios de la administración 2014-2018.

Las autoridades a las que se les investiga son al ex presidente Guillermo Martínez, al ex tesorero, al ex director y al exsubdirector de Obras Públicas, así como a las personas físicas y morales que realizaron las obras públicas observadas.

En el oficio MAP/CM/54/2020 del pasado 5 de junio de 2019, enviado por la Contraloría a los miembros del Ayuntamiento, la presidenta se excusa como autoridad investigadora para realizar la substanciación del expediente antes mencionado, al ser pariente del expresidente municipal; sin embargo, “el síndico, tampoco podría, ya que es familiar del expresidente y existiría ‘conflicto de intereses’ en la investigación”, reveló Campos Gil.

Según lo declarado por el funcionario, el cuerpo de regidores desconocía la realización de esa sesión y el motivo, por lo que, se pretendía que solo firmaran el acta, sin llevar a votación los acuerdos; ante esto, el ex secretario, junto con el regidor de Salubridad y Asistencia Social, Elías Cruz Martínez Guzmán; el de Educación Pública y Actividades Culturales, Deportivas y Sociales, Juan Martínez Cortés; la regidora de Igualdad de Género, Alma Delia Palacios Castilleros y la de Grupos Vulnerables con Discapacidad y Juventud, María de Lourdes Dávila Cariño, se negaron a firmar dicha acta, debido a la irregularidad que presentaba el acuerdo.

En el acta se observa que los que ya firmaron fueron: Erik Flores Barragán, regidor de Gobernación, Justicia, Seguridad Pública y Protección Civil; Danitza Martínez Martínez, regidora de Patrimonio y Hacienda Pública Municipal; Jovita Magdaleno Cortes, regidora de Desarrollo Urbano, Ecología, Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos; María Guadalupe Martínez Meza, regidora de Industria y Comercio, Agricultura y Ganadería; así como, el síndico municipal, Aurelio Rojas Espinoza.

Pretenden ocultar desvió de 7 mdp

El exsecretario General, reveló que otra de las inconsistencias fue que el pasado 27 de junio, la presidenta municipal le pidió certificar unas copias para poner una denuncia ante el ministerio público por el desvío o robo de 7 millones de pesos, pues según les habían hackeado la cuenta bancaria del Ayuntamiento.

Ante esto, Cesario Campos se cuestiona: “si María del Carmen Nava Martínez nada esconde, por qué no dio a conocer a los regidores lo sucedido con el dinero del erario público”.

Informó que “hasta el día 31 de julio que estuve como secretario ni a los regidores se les informó o mostró la denuncia correspondiente, ¿Dónde está la denuncia?” cuestiona a la autoridad municipal, sin culpar a alguien del desvió del dinero, solo con la intención de pedir que se aclaré la situación.

Se desencadenan renuncias en la comuna

Cabe hacer mención, que ya son dos funcionarios del Ayuntamiento de Acatlán, quienes renunciaron a su cargo, en menos de una semana, por supuestos actos de corrupción e irregularidades por parte de la alcaldesa, emanada de Morena, PES y PT, María del Carmen Nava Martínez.

El primero en renunciar a finales de julio fue Argimiro Campos Córdova, a la dirección del Sistema Operador de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acatlán (SOSAPAMA), y a principios de agosto, Cesáreo Campos Gil, renunció como Secretario General del Ayuntamiento.

Tras su renuncia, Argimiro Campos Córdova, precisó que no se prestaría a manipulaciones, actos de corrupción, prepotencia, condonación de pagos a familiares de las autoridades, principalmente de la alcaldesa, además de señalar que existe nepotismo y abuso de autoridad de parte de María del Carmen Nava.

Por su parte, Cesáreo Campos Gil, al presentar su renuncia el pasado 3 de agosto, manifestó que está inconforme en la toma de decisiones de la alcaldesa, ya que no puede pretender gobernar un municipio si no está presente, al igual que los regidores, quienes carecen de compromiso para desempeñar su labor y que también están ausentes.

Señaló en su carta de renuncia que las actuales administraciones ocupan su puesto para beneficios personales y no para los de la ciudadanía, idea contraría a la Cuarta Transformación que tanto predicaban en campaña.

Destacó que daría más detalles de las irregularidades ante la Auditoria Superior del Estado y al Gobierno del Estado de Puebla, para que sean ellos quienes realicen las investigaciones necesarias.

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