• Seguridad

Reubicación de menores del Ciepa es ilegal, revelan organizaciones

  • Alberto Montero
Organizaciones reprueban la ubicacion de menores al pena de San Miguel y exigen su reubicación
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Fundaciones, colectivos y organizaciones civiles en pro de la niñezreprobaron las acciones del gobierno del estado de Puebla, al trasladar a los menores internos del Ciepa, a un anexo del penal de San Miguel que no cuenta con las condiciones requeridas para la permanencia de los infantes, por lo que exigen la inmediata reubicación de los menores al Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa), así como información oficial de la manera en la que se realizaron los traslados.

Mediante videoconferencia la Redim (Red por los Derechos de la Infancia en México); Justicia Juvenil Internacional; Servicios a la Juventud A.C.; y otras organizaciones, se pronunciaron respecto a la decisión del gobernador del estado Luis Miguel Barbosa Huerta de adaptar las instalaciones del Ciepa como hospital Covid para la atención de presos adultos contagiados de coronavirus, que derivó en el traslado de los menores y adolescentes del referido centro de internamiento a un anexo del penal de San Miguel.

Lo anterior, a decir de los representantes de los colectivos, va en contra de los derechos de los niños y adolescentes, ya que fueron llevados a un espacio que estaba siendo adaptado para los hijos e hijas de la mujeres internas y que aún no tenía las condiciones para el internamiento de los menores infractores, además de que no se ha tenido información oficial o pronunciamiento alguno de los adolescentes respecto a la manera en la que se dio su traslado y al momento, cómo se siente.

Resaltaron que los abogados de algunos adolescentes incluso han tenido dificultades para poder entrar a ver a los internos, aunado a que el romper las visitas con los familiares afecta al desarrollo de los menores, lo cual podría aumentarles el estrés y convertir el encierro en un castigo.

Asimismo, consideraron que el traslado de los adolescentes al anexo del penal de San Miguel,no ocurrió por ninguno de los supuestos que marca la Ley Nacional de Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes (LNSIJPA),el cual tan solo indica en su artículo 49, que el traslado involuntario de la persona adolescente para que cumpla su medida en un centro que no es el que está más cercano a su domicilio, se dará cuando su vida o la seguridad del centro estén en peligro.

Por lo anterior, exigieron restaurar la legalidad y protección de las personas adolescentes regresándoles al Ciepa, para continuar su programa, a través de un plan de trabajo acompañado de organizaciones sociales, que incluya: la reubicación de los menores a la brevedad, el acceso a la población adolescente trasladada para informarles y conocer su opinión al respecto,  garantizar la separación absoluta de las y los adolescentes respecto a las personas adultas en internamiento, evitando incluso el contacto visual, entre otros.

También solicitaron entablar un diálogoinmediato de las autoridades del gobierno de Puebla con otras autoridades implicadas y organizaciones, además de elaborar un estudio en conjunto sobre las consecuencias que implicó el traslado de los adolescentes al anexo de referencia y sobre los posibles efectos que este pueda ocasionar en su vida futura a fin de diseñar las estrategias de apoyo y restitución de derechos para revertir el posible daño.

Comienzan traslados de adolescentes

El pasado 28 de mayo, tras el anuncio del gobernador, 13 menores de edad que permanecían en el Centro de Internamiento Especializado para Adolescentes (Ciepa) fueron reubicados en el anexo del penal de San Miguel.

Sin embargo, tras una queja presentada por Francisco Castellanos, director de coordinación interinstitucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), a fin de que no se vulneraran los derechos de los menores infractores, la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla abrió una investigación.

Además de que se hizo la solicitud correspondiente al gobierno del estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal para conocer las condiciones en las que se encontraba el anexo al Cereso de San Miguel en donde fueron recluidos los adolescentes temporalmente, sin embargo, al momento no hay información oficial.

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