La Fiscalía General del Estado (FGE) inició desde agosto de 2019 investigaciones por fraude en contra de cuatro notarías de Puebla, pero no recibió ninguna otra denuncia desde ese mes y hasta la fecha.

A finales de octubre, la Consejería Jurídica de la administración estatal dio a conocer que se investigaban a 29 notarías y a sus titulares por usurpación de funciones, uso indebido de documentos, falsedad de declaraciones y asociación delictuosa, por lo que anunció denuncias penales.

A la fecha, no hay alguna indagatoria relacionada con esos delitos en las notarías del estado, según respondió la FGE a una solicitud de información realizada por e-consulta.

Las patentes para ocupar esas oficinas fueron entregadas de forma arbitraria en la recta final del sexenio del exgobernador Rafael Moreno Valle, de acuerdo con el gobierno actual, pues no cuentan con un decreto de creación.

Investigan solo fraude

e-consulta preguntó a la FGE cuántas y qué tipo de denuncias relacionadas con notarías públicas recibió entre el primero de agosto de 2019 –cuando inició la administración estatal actual– y el pasado 18 de enero, a fin de conocer si se habían presentado denuncias en contra de sus titulares.

“¿Cuántas denuncias relacionadas con notarías públicas recibió entre el primero de agosto de 2019 y el 18 de enero de 2020? ¿Qué o cuales presuntos delitos se acusan en las denuncias?, se interrogó a la Fiscalía y se solicitó una versión pública de esas indagatorias, además del número y ubicación de las oficinas involucradas.

La FGE respondió que en ese periodo recibió cuatro denuncias, todas por el delito de fraude, pero no figura ninguno de los casos señalados por la Consejería Jurídica.

El 20 de noviembre, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta declaró a los medios de comunicación que “ya se habían presentado todas las denuncias penales que se tenían que presentar” por la creación irregular de notarías.

Abundó que de los 29 titulares, ocho ya habían aceptado el inicio del retiro de la patente que los acredita como notarios y que les fue entregada durante el morenovallismo, lo que en términos jurídicos se conoce como “allanamiento”.

Hay que recordar que tras el inicio de la revocación de las patentes, siete notarios se ampararon, y de estos por lo menos en tres casos se había ganado una suspensión provisional en contra de la decisión del gobierno poblano.

No se conocerá el contenido de la investigación hasta 2025

Por otra parte, la Fiscalía, que está a cargo de Gilberto Higuera Bernal, clasificó como “reservada” o “confidencial” el contenido de las investigaciones, por lo que no informó el número o ubicación de las denuncias presentadas.

“… hacemos de su conocimiento que no es posible proveer la versión pública de las denuncias toda vez que se encuentra clasificada en su modalidad de reservada y confidencial”, condición que se estableció por un periodo de cinco años.

La dependencia refirió que la reserva obedece a que la calidad de agraviado, indiciado, sentenciado o reo que se establece en las indagatorias, corresponde a la clasificación de datos personales cuya divulgación está prohibida.

El miércoles pasado, el fiscal fue cuestionado al respecto y señaló la información se transparentaría. “No necesitas hacer solicitud formal, pídenoslo a nosotros directo…”, comentó.