La última petición del presidente López Obrador a sus diputados en el Congreso para extinguir 109 fideicomisos y fondos que tienen diversas instituciones, entidades y propósitos específicos tiene varios fines a la vez. Es un tiro para hacer una carambola de tres bandas.

Primero, lo más obvio: Hacerse de recursos económicos para brincar este año previo a las elecciones. La contracción económica de 2020 es brutal y tendrá una repercusión directa en la recaudación fiscal equivalente. Si el PIB cae 10% en 2020, debemos esperar una contracción semejante en los ingresos fiscales. Si a ello agregamos el bajo precio del petróleo y la imposibilidad de evitar las pérdidas multimillonarias de Pemex en el corto plazo (agravado por la política energética que ha seguido el gobierno), los ingresos públicos estarán muy mermados respecto del ya difícil 2019. Si a ello se agrega el pago de pensiones y del servicio de la deuda, que siguen creciendo año con año, el balance fiscal se agrava aún más. Y por la caída del PIB, la deuda pública real (deuda como porcentaje del PIB) aumentará alrededor de 10 puntos porcentuales, más de lo que creció en todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. Nuestra capacidad de pago se está apretando. Por todo ello, un objetivo de la extinción de fideicomisos, que se debía racionalizar parcialmente en la primera intentona, es crudamente para echar manos de los ahorros de años (y de otros) para pagar el gasto de hoy.

Segundo, control discrecional del dinero. Andrés Manuel López Obrador considera que quien recibe dinero del gobierno, sean programas sociales, subsidios, apoyos a las madres solteras, a las víctimas, incluso los servicios de salud, se debe a su benevolencia y a la 4T. Él es quien da las dádivas, a él se le deben los ingresos y los pagos que reciben hasta los servidores públicos. Por eso quitó, desde un inicio, lo que llamó la “intermediación” entre él y el pueblo. Por eso quitó las guarderías para darle directamente el apoyo a las madres o padres, quienes tenían que ser escogidos por los siervos de la Nación (o sus propios siervos, a quienes se les paga desde la Presidencia, por cierto). Y lo mismo a los beneficiarios de los programas sociales: éstos deben ser escogidos por los enviados del líder, para asegurarse que los receptores de los apoyos saben quíen les manda el dinero. Hasta el nombre del líder estaba en los chalecos que portaban.

Tercero, al extinguir los fideicomisos, sus usuarios deberán pedir dádivas, favores, para recibirlos. Y estos serán otorgados por el líder o sus delegados. Todo parece indicar que ahora, los artistas, los científicos, las víctimas de desastres naturales tendrán que solicitar los recursos directamente al líder, a través de sus delegados y servidores públicos que están a su servicio. No es por el ejercicio de un derecho que debieran tener todos los mexicanos, no se determinarán los beneficiarios o los proyectos por una competencia abierta y bajo escrutinio de legalidad. No, ahora también las personas e instituciones usuarios de los fondos de los fideicomisos tendrán que recurrir al líder a obtener una dádiva, un apoyo bajo la benevolencia de la 4T.

Si la propuesta es aprobada por el Pleno del Congreso y por el Senado, se extinguirán 109 fideicomisos que en conjunto alojan más de 68 mil millones de pesos. Entre estos fideicomisos se encuentran 65 fondos del CONACYT que hacen viable la asignación de becas y proyectos científicos y tecnológicos (24 mil 957 millones), 26 fondos de centros de investigación públicos con los que operan regularmente incluyendo la asignación de becas e investigación pura y aplicada (785 millones), fondos para la promoción de la cultura como el FIDECINE (224 millones), para apoyar a quienes defienden los derechos humanos (250 millones), para atender desastres naturales como el FONDEN (6 mil 861 millones), o bien fideicomisos relacionados al desarrollo urbano como el Fondo Metropolitano (3 mil 980 millones), o a la banca de desarrollo como la Financiera Rural (12 mil 564 millones).

La iniciativa del presidente es entonces una carambola de tres bandas: concentración de poder para poder destinar recursos a sus propios fines sin contrapesos democráticos; más dinero para solventar sus proyectos prioritarios; más favores qué deberle al líder, y más instrumentos políticos para “orientar” la investigación científica, la producción cultural y determinar beneficiarios. Yo no soy filósofo ni politólogo para definir con precisión el tipo de régimen que se está construyendo. Pero me queda claro que se asemeja cada vez más a un régimen autoritario y se aleja velozmente de los principios democráticos aceptados universalmente.

Enrique Cárdenas Sánchez

Universidad Iberoamericana de Puebla

Signos Vitales

Puebla contra la Corrupción y la Impunidad

enrique.cardenas@iberopuebla.mx

@ECardenasPuebla