Cablebús: Tragedia administrativa anunciada

  • Eduardo Vázquez Rossainz
No todo el portafolio de proyectos promovidos por los grupos políticos en turno son buenas ideas

El proyecto del Cablebús en Puebla no admite matices complacientes. Más que una solución de movilidad, comienza a perfilarse como el presagio de una nueva tragedia administrativa, no por el sistema en sí —que en contextos muy específicos ha demostrado utilidad—, sino por la forma en que se está planteando en un entorno que no lo justifica ni técnica ni estratégicamente.

Existe un argumento que resulta incómodo, pero necesario: si el Cablebús fuera una solución estructuralmente superior para ciudades con dinámicas urbanas como las de Puebla, ya habría sido adoptado de forma extensiva en grandes metrópolis con capacidades técnicas, financieras e institucionales mucho más robustas.

Ciudades como Washington D. C., Londres, Nueva York, Madrid o Shanghái, entre otras —todas ellas con retos complejos de movilidad, densidad poblacional y presión urbana— han optado por fortalecer sistemas integrados de metro, tren suburbano, electromovilidad con autobuses de alta capacidad y soluciones multimodales. En el caso de París el Cable C1, es una solución de conectividad intermunicipal que resuelve movilidad en trayectos muy largos de autobús, no es una solución local.

La razón es clara: el Cablebús no es una solución universal. Es indicado en condiciones topográficas, densidades específicas y patrones de movilidad muy concretos. Cuando se intenta extrapolar como respuesta general a problemas estructurales de transporte, sin un diagnóstico profundo, se convierte en una solución aparente, no real.

En Puebla, el problema no es la posibilidad de adquirir la tecnología —desviando los impuestos de los contribuyentes hacia proyectos sin sentido—, sino la lógica de decisión. Se está impulsando un proyecto sin que exista evidencia técnica con indicadores sólidos sobre necesidades, demanda real y justificación, ni un modelo financiero transparente que garantice su sostenibilidad a largo plazo. En otras palabras, se está construyendo desde la narrativa política, no desde el análisis técnico ni de viabilidad presupuestal de largo aliento.

Aquí es donde la experiencia reciente de Puebla debería encender todas las alarmas. El fracaso del Tren Turístico Puebla–Cholula no fue un accidente aislado, sino la consecuencia de una forma errónea de hacer política pública: proyectos absurdos con alto valor simbólico, pero sin viabilidad operativa.

Lo mismo aplica al teleférico en la zona de Los Fuertes, que además de ser técnicamente inviable, resultó financieramente costoso y socialmente cuestionable al igual que la Rueda de la Fortuna en Angelópolis que corrió con la misma suerte. El Cablebús —al igual que todos los antes mencionados— reproduce ese mismo patrón: ocurrencias que están cerca de convertirse en tragedias políticas, económicas y sociales. Quien no analiza y recuerda el pasado está condenado a repetirlo, pero con mayores consecuencias.

Existen regiones del estado de Puebla donde un sistema como el Cablebús podría tener una lógica técnica y social mucho más sólida: la Sierra Norte, la Mixteca poblana y otras zonas con geografía accidentada, dispersión poblacional y limitadas vías de conectividad terrestre.

En estos territorios, donde el acceso a servicios básicos, mercados y oportunidades depende de trayectos largos, costosos y en muchos casos inseguros, una solución de transporte aéreo por cable podría representar un cambio estructural en la movilidad y el desarrollo regional. Ahí, bajo criterios técnicos rigurosos, el Cablebús podría dejar de ser una ocurrencia para convertirse en una política pública estratégica.

En la administración pública moderna, no todo el portafolio de proyectos promovidos por los grupos políticos en turno, son buenas ideas. La planeación estratégica no consiste en ejecutar todo lo que es políticamente atractivo, sino en filtrar, evaluar y descartar aquello que no cumple con criterios técnicos, financieros y sociales rigurosos, y que además pueda medirse bajo estrictos parámetros de diseño, implementación y evaluación de políticas públicas.

Cuando ese filtro falla, el costo no es abstracto. Se traduce en recursos públicos comprometidos sin retorno, en infraestructura subutilizada y en una ciudadanía que pierde confianza en sus instituciones.

Por eso, insistir en la instalación del Cablebús en la ciudad de Puebla bajo las condiciones actuales no es una apuesta de innovación; es una señal de alerta que debe incorporarse a las agendas de riesgo para la gobernabilidad y las finanzas públicas. Es forzar la implementación de una obra pública financiada con recursos de los contribuyentes que, desde su origen, acumula más preguntas que respuestas.

Si no se corrige el rumbo, Puebla no solo repetirá sus errores: los profundizará. Porque cuando una mala idea se ejecuta con recursos públicos, deja de ser un experimento. Se convierte en una carga estructural para el futuro. Y eso, en términos de gobernanza, es una tragedia administrativa anunciada.

Sé que estas palabras pueden resultar políticamente incorrectas; sin embargo, son, sin duda, estratégicamente necesarias. No puedo dejar de expresar mi punto de vista ante un inminente fracaso que todos los poblanos lamentaremos. Recomiendo a quienes hayan considerado implementar este proyecto que revaloren otras alternativas que, por el mismo costo, podrían generar un mayor impacto positivo en la movilidad humana de la ciudad de Puebla, o, en su defecto, destinar este proyecto a otras regiones del estado donde existan condiciones reales para su adecuada implementación.

A continuación presento una valoración PESTAL del proyecto, una herramienta de análisis estratégico que permite identificar riesgos y factores críticos desde seis dimensiones clave: política, económica, social, tecnológica, ambiental y legal. Este enfoque facilita una lectura integral del proyecto, no solo desde su viabilidad técnica, sino desde su impacto sistémico en la gobernanza, las finanzas públicas y el desarrollo territorial. Asimismo, se incorpora una matriz complementaria con la descripción de los principales riesgos identificados.

Político: El proyecto responde a incentivos de visibilidad y rentabilidad política de corto plazo, más que a una política pública estructurada. Existe un riesgo elevado de que se consolide como obra emblemática sin sustento técnico, debilitando la credibilidad institucional. Además, la selección de la zona urbana —en lugar de regiones con mayor justificación técnica— evidencia una posible distorsión en la priorización pública.

Económico: Alto riesgo de asignación ineficiente de recursos públicos. La ausencia de un modelo financiero robusto —que contemple costos de operación, mantenimiento y subsidios— puede derivar en una carga presupuestal permanente. La falta de retorno social y económico replicaría patrones ya observados en proyectos fallidos del estado, comprometiendo recursos que podrían destinarse a zonas con mayor impacto estructural.

Social: Existe el riesgo de generar expectativas que no serán satisfechas en términos de cobertura, eficiencia y accesibilidad. En contraste, regiones como la Sierra Norte o la Mixteca, con mayores brechas de conectividad, podrían quedar nuevamente relegadas, profundizando desigualdades territoriales y sociales.

Tecnológico: Su efectividad depende de condiciones específicas de demanda, integración y geografía. En ausencia de un sistema multimodal articulado, el Cablebús en la zona urbana corre el riesgo de convertirse en infraestructura aislada con bajo impacto sistémico.

Ambiental: Si bien se presenta como alternativa sustentable, su impacto debe evaluarse integralmente. La intervención en el paisaje urbano, la huella de construcción y el consumo energético deben contrastarse con beneficios reales. En zonas rurales o de difícil acceso, su balance ambiental podría ser más favorable que en contextos urbanos donde ya existen alternativas.

Legal: Es indispensable garantizar transparencia en los procesos de licitación, adjudicación y evaluación de impacto. La opacidad incrementa el riesgo de responsabilidades administrativas, sanciones y litigios. Asimismo, la ausencia de estudios técnicos sólidos podría derivar en cuestionamientos legales sobre la pertinencia del proyecto.

@evrossainz

 

Opinion para Interiores: 

Anteriores

Eduardo Vázquez Rossainz

Es médico cirujano y doctor en Administración Pública. Durante más de veinte años ha formado parte de instancias de seguridad en los tres órdenes de gobierno. Es profesor en la UDLAP donde imparte la materia de Seguridad Nacional en un Contexto Global; y es autor del documento de análisis Agenda Nacional de Peligros y Riesgos México 2026.