La tardía difusión de un comunicado por parte de la Fiscalía General de la República para justificar que no pudo cumplir con su deber de garantizar la cadena de custodia del lugar donde fue sorprendido y eventualmente “abatido” el líder del CJNG, por falta de seguridad y por no disponer de una orden de cateo, es la prueba fehaciente de que la coordinación con el Gabinete de Seguridad falló en el operativo más importante del sexenio.

De paso derribó el discurso y el mito de que existe plena confianza entre las instancias encargadas de la prevención y combate al delito por parte del gobierno federal, ya que la Secretaría de la Defensa Nacional no avisó ni a la instancia encargada de asegurar la escena del crimen, como lo mandata la ley.

Asimismo evidenció que el operativo de “alta complejidad táctica” obedeció al trabajo de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos más que al cumplimiento de un mandamiento judicial, como lo intentó justificar la presidenta de la República cuando en la conferencia mañanera del pasado 12 marzo se le cuestionó si ella había dado la orden de detener al líder del Cartel Jalisco Nueva Generación, evidenciando de paso el temor de que la vinculen con una decisión de ese calado, que sin duda implica un riesgo para su seguridad, pero ni el Gabinete de Seguridad ni el secretario de la Defensa Nacional se mandan solos, ella es la Comandanta Suprema y el cargo de Jefe de Estado y de gobierno implica asumir todas las responsabilidades, no solo cortar listones y regalar dinero a través de los programas sociales.

De acuerdo con lo difundido por la FGR, que en estricto sentido es la única que tiene fe ministerial para solicitar al Juez una orden de cateo, la operación realizada en la cabaña y demás espacios donde se ocultaba el líder del grupo delictivo no contó con la legalidad que una acción de esta naturaleza requería, por lo que todo lo que pudo haber sido asegurado en dichos inmuebles, incluidas las “narconóminas” o algún presunto responsable de un delito, quedó inhabilitado para servir como prueba en el proceso penal, que en teoría ya había iniciado con los dictámenes periciales practicados al cuerpo del jefe del CJNG.

Asimismo pone en entredicho la legalidad con la que actuó la Secretaría de la Defensa Nacional para detener al líder histórico del CJNG y haberlo privado de la vida junto con sus escoltas en un lugar para el cual no contaba con orden de cateo.

De haber actuado en flagrancia, debería haber algún reporte sobre la presencia de gente armada en el inmueble donde se dio el primer enfrentamiento y tras los hechos debió haber sido asegurado y no tendría que solicitar al Juez una orden de cateo para ingresar, bastaba recurrir a la figura de flagrancia continuada.

Tan confuso está el comunicado del 16 de marzo del 2026 que no refiere los horarios y lugar del  fallecimiento del líder y fundador del CJNG, el cual según el acta de defunción difundida perdió la vida a las 10:30 horas del 22 de febrero pero en Tapalpa, Jalisco y no a bordo de la aeronave que los trasladaba a la Ciudad de México, mientras que a sus dos escoltas que lo resguardaban en la zona boscosa después de haber abandonado la cabaña, el Ministerio Público de la Federación dio fe de que fueron detenidos hasta las 16:05 horas en poder de un lanzagranadas y un fusil tipo Barret, es decir casi seis horas después de que su patrón había sido herido de muerte y haber fallecido.

Lo anterior evidencia de que el “mátalos en caliente” de la “guerra de Calderón” está más vigente que nunca en la actual administración, ya que la legalidad del operativo de Tapalpa, pasó a un segundo plano; lo importante era detenerlo y ante cualquier viso de resistencia “abatirlo”.

Ahora resulta que los culpables de que toda la evidencia pierda valor probatorio son las personas (por no decirles periodistas) que irresponsablemente acudieron a la cabaña  donde tuvo lugar el operativo, a pesar de que no existían las condiciones de seguridad que requería el Ministerio Público para realizar su trabajo, el cual a pesar de disponer de 653 mil elementos con funciones de seguridad pública, entre policías federales, estatales y municipales, así de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Fuerza Aérea Mexicana y Armada de México, no fue capaz de ordenar que cientos o miles de ellos resguardaran o cuidaran la escena del crimen junto con los peritos.

En síntesis, a las fisuras en el Gabinete de Seguridad abordadas hace dos semanas en este mismo espacio, habrá que agregar las fallas en la coordinación del mismo con la FGR.