Reflexionar acerca de los cambios indispensables en el sistema político electoral requiere tomar en cuenta varios antecedentes: el primer elemento a considerar es que en el cambio de IFE a INE sucedieron cambios encausados por los partidos dominantes en ese momento.

Se rectifica el número de consejeros que deben integrar el Consejo General (CG) máxima autoridad del mismo, pasa de 9 a 11 integrantes. En la iniciativa de reforma político electoral se plantea evitar que los integrantes del CG y los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se elijan por cuotas de los partidos; en su lugar se propone que los elijan los ciudadanos mexicanos, de entre las propuestas que los tres Poderes de la Unión sugieran, 20 integrantes por cada poder, lo que significaría una lista de 60 propuestas para cada órgano.

Es plausible lo que se propone en la iniciativa. También se plantea que de esas propuestas así integradas se someta a una elección del voto de todos los ciudadanos del país. Solo hago una sugerencia: que, en lugar de la votación general de todos los ciudadanos, para ahorrar tiempo y recursos, se realizara en la Cámara de Diputados una elección de cada órgano, para incorporar el número de los integrantes del órgano INEC y TEPJF utilizando el método de insaculación, el resultado sería equivalente al otro, no habría cuotas y quedarían nombrados los integrantes de esos órganos que serían idóneos para el cargo.

En la reforma electoral del 2014 se crean los Organismos Públicos Locales, OPLES, y se dejan las juntas locales ejecutivas y las distritales ejecutivas del INE para atender las elecciones federales en los distintos estados de la República. No se consideró la posibilidad real de que con uno solo de los órganos se podían atender las elecciones federales y locales (estatales y municipales). Con ello se duplicaron las estructuras electorales que quedaron integradas al INE, a pesar de que funcionando formalmente como OPLES en realidad se conservaron los institutos estatales electorales de cada estado (IEE), a pesar de que esos organismos se constituían con los integrantes de los consejos locales nombrados por el CG del INE.

Tal situación significa que el cambio que se propone se traduce en una medida de eficiencia, resolver la duplicación de instancias constituyendo organismos que unifiquen a los OPLES con las juntas locales del INE, y esos nuevos órganos tendrían la tarea de organizar las elecciones federales en los estados y las locales correspondientes a cada entidad.

En ellos se haría descansar un significativo avance en la eficiencia y como resultado un ahorro muy considerable, al hacerse todo con una sola estructura. En caso de optar por solo mantener los órganos que integran al INE, entonces, para conservar el federalismo se tendría que admitir lo que hoy contiene la norma en cuanto que los consejeros integrantes de las juntas locales ejecutivas y las juntas distritales ejecutivas fueran nombrados por el CG del INE, pero que los presidentes de esos órganos fueran designados de entre los integrantes de la junta ejecutiva por los Congresos de la entidad federativa correspondiente utilizando el método de insaculación.

El resultado deberá ser avalado por el pleno de la Cámara de Diputados correspondiente. Aquí menciono para ilustrar la pertinencia de mi sugerencia la imponente estructura del INE con la mención adicional de que esos órganos tienen un carácter permanente, todo el año.

Estructura del INE (que puede ser básicamente la del Instituto de Elecciones y Consultas- INEC- con los cambios que sugiero más adelante).

Respecto a los distritos locales, en relación a los federales, se realizaría por la autoridad electoral una redistritación para que en los distritos federales se pudiera realizar al mismo tiempo la elección de los diputados federales, locales y de las autoridades municipales.

En cuanto a la situación del financiamiento de los partidos políticos es razonable tomar en cuenta que en el momento que se realiza la reforma del 2007, la que se orientó a evitar que las empresas propietarias de los medios mantuvieran el saqueo de las arcas públicas, por la vía de proporcionar de manera monopólica los medios para difundir las campañas políticas de los candidatos, se calculaba absorbían el 80% de los recursos de los partidos que recibían como prerrogativas.

En la reforma se decidió otorgar de manera gratuita los espacios de los medios comunicación reservados para uso del estado, para difundir las campañas, asunto que fue positivo, permitió una mayor equidad entre los distintos partidos; pero de manera sospechosa, sucedió que las prerrogativas en dinero no se ajustaron de acuerdo a la nueva situación.

Se debió ajustar las prerrogativas en efectivo a la situación de que sus necesidades publicitarias se cubrían gratuitamente. Por ello, es muy justificable pensar en que la reforma electoral proyectada en 2022 debería significar una reducción de los recursos económicos destinados al sostenimiento de los partidos políticos, ello sería simplemente no permitir que el erario público sea mermado por los partidos de manera injustificada. A ello debemos sumar como razón adicional el periodo de premura que estamos viviendo en México y en el mundo.

Realmente la propuesta respectiva, contenida en el proyecto presentado por AMLO, en ese momento presidente de la República, significará simplemente corregir el abuso que los partidos dominantes en el 2007 cometieron en contra del erario.

La situación del país dicta que debe abordarse la problemática en las mejores condiciones de operación de nuestras instituciones. Es innegable que para poner orden el país se tiene que realizar cambios que modifiquen la situación que se generó con el secuestro del Estado por parte de las fuerzas que integran los grupos de interés neoliberales, las que lograron conformar un marco jurídico que les garantizó la impunidad en su saqueo y en sus ilegales alianzas para permitir el saqueo de las arcas nacionales.

Se blindaron para evitar que sus actos ilícitos consistentes en tolerancia a los actos delictivos de la delincuencia organizada, tales como venta de protección, la recepción de sobornos y hasta la situación de asociación delictuosa con las redes del crimen organizado; procuraron que, aunque se conocieran pudieran seguir impunes.

Desmantelar todo eso es difícil, por lo que aún conservan los grupos del antiguo régimen en el poder que tienen algunas de nuestras instituciones. En ese contexto se encuentra la situación de que al tomar decisiones para cambiar la dinámica de saqueo y de atraco, los beneficiarios de esos actos delictivos se escudan sobre todo en áreas que dominan, algunos espacios del Poder Judicial, en ese rango queda la violación de los consejeros del INE, en lo que corresponde con sus salarios se ampararon y se les concedió el amparo.

Cuando se legisló para evitar la continuación del saqueo de nuestro sector energético, sector que México siempre lo ha considerado estratégico, pues también un juez les concede amparos para que no se apliquen las reformas a ese sector, en lo que corresponde con los hidrocarburos y en lo que corresponde con el sector eléctrico. En ambos casos amparados, en arreglos que ellos hicieron a la Constitución, violentando el espíritu de la propia Carta Magna. Así que la 4T tiene que ir a fondo para evitar que sigan los del anterior régimen obstaculizando el cambio que beneficia a todos los mexicanos y evitar que sigan saqueando a nuestro país, por parte de los grandes oligarcas y sus acólitos los gobernantes de corte neoliberal.

Para poner orden en el país el expresidente Andrés Manuel López Obrador, propuso como un asunto necesario preparar tres reformas: la del sector energético, en lo que corresponde a la Guardia Nacional y la reforma electoral.

En este artículo me referiré de manera particular a la reforma electoral, así que retomaré lo que al respecto expresó el expresidente sobre la reforma electoral “para que de verdad haya independencia, que quienes coordinen los procesos electorales sea gente de inobjetable honestidad, rectos, auténticos demócratas. No es posible que se destinen 20 mil millones de pesos a las elecciones para partidos y para el INE y el tribunal, no está el país para eso, son las elecciones más caras del mundo”.

Otra cuestión, ¿para qué tantos diputados?, ¿por qué no nada más se quedan los de mayoría?, ¿por qué no se quitan los 200 plurinominales? Pero eso no sólo en la Cámara de Diputados, también en la de senadores. Vamos a reformar la ley, la Constitución para que haya democracia plena.

Para garantizar la independencia en el INEC y en el TEPJF se debe corregir lo que origina su sesgo hacia los intereses de los neoliberales, debemos recordar que fueron los partidos los que nombraron a los consejeros, por cuotas se dividieron la decisión para definirlo y fueron los que designó el PRIAN, simplemente se repartieron los nombramientos por cuotas y así está el INE y el Tribunal Electoral.

Se debe garantizar que no estén controlados por el Ejecutivo por el Presidente, pero tampoco por los grupos de intereses creados. Eso solo se puede lograr si se impulsa una modificación en la forma de nombrar a los integrantes de los órganos máximos de dirección tanto del INE como del TEPJF. Es prudente disminuir al mismo tiempo el número de sus integrantes, en el caso del primero pasaría de 11 integrantes a 7 y en el tribunal también realizar un ajuste hacia la baja.

Respecto a la forma de elegirlos sería muy pertinente que fuesen nombrados por una votación de la ciudadanía, de entre los sugeridos por los tres Poderes de la Unión, o bien que fuesen elegidos por la Cámara de Diputados de entre los que fuesen sugeridos por los tres Poderes de la Unión utilizando el método de insaculación. En cuanto a la optimización de la composición de los órganos electorales locales y municipales sugiero que sean nombrados por el INE y que de entre los nombrados el congreso de la entidad federativa correspondiente nombre a los que fungirán como presidente del órgano local ejecutivo.

Mi sugerencia respecto a lo que tiene que ver con la composición de la cámara de diputados y senadores se sintetiza en mantener los 300 distritos y eliminar a los diputados de plurinominales y mantener los diputados representantes de los distintos agrupamientos ideológico políticos creando la categoría de diputados de partido. En los términos que más adelante describo en este artículo.

Respecto a lo que pretende modificar nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, titular del poder ejecutivo de la nación, con la reforma electoral, considero y es pertinente describir cómo se encuentra actualmente la composición del Poder Legislativo Federal y desde allí comprender el significado de las modificaciones propuestas en el proyecto de reforma constitucional, el Poder Legislativo federal tiene una estructura conocida y sustentada en lo que hoy marca la constitución, como consecuencia hoy tenemos una Cámara de Diputados con 500 legisladores, trescientos diputados elegidos por el principio de mayoría relativa y 200 plurinominales y una Cámara de Senadores constituida por 128 senadores.

En principio, el expresidente López Obrador tiene razón: son demasiados los miembros que tiene nuestro Poder Legislativo. La cámara de diputados en México se integra por 500 diputados y un Senado con 128 senadores, nuestra población es de 126 millones de habitantes. En países de América con un sistema presidencialista y con una notoria mayor población, su Poder Legislativo tiene proporcionalmente un menor número de legisladores; tal es el caso de Estados Unidos que cuenta con una Cámara de Representantes que sería el equivalente de la Cámara de Diputados de nuestro país, con 435 diputados, a pesar de que tiene una población de 331 millones, y en el senado sus integrantes son 100 senadores.

Otro ejemplo es el de Brasil que tiene una cámara de diputados 513 diputados, a pesar de que tiene 212 millones de habitantes. El órgano de representación cuenta con 81 senadores. Es evidente que con base en esa consideración sería muy prudente un ajuste, ahora que se piensa en modificar la composición de nuestro Poder Legislativo

Es muy pertinente hacer notar que se debe conservar la forma en que se eligen los diputados de mayoría relativa y conservar el criterio de que es pertinente mantener la idea de la representación de los mexicanos en el Poder Legislativo, ello se relaciona estrechamente con nuestro régimen republicano federalista, los trescientos diputados de mayoría relativa representan política e ideológicamente a los ciudadanos mexicanos que viven en todo el territorio nacional; pero también es pertinente conservar la presencia en ese órgano de las distintas corrientes de opinión que se organizan a lo largo y ancho de nuestro país, aglutinados en los partidos políticos.

Así que, mi sugerencia, es modificar la denominación del sistema de representación proporcional, que no pasa por el escrutinio de los ciudadanos mexicanos y que solamente obedece a mecanismos de definición de los partidos políticos. Insisto en que mi sugerencia es que se mantenga la denominación de diputados de elección de mayoría relativa y que se introduzca en la Constitución la categoría de diputados y senadores de partido, en donde se reglamentaría que se asignaría a los partidos que participen en el proceso electoral para elegir a los integrantes del poder legislativo.

En el caso de los partidos que alcancen el 3% o más de la votación nacional efectiva, se les deberá asignar tres diputados por partido y cuando se realice elecciones para el senado, (manteniendo la disposición de un senador para primera minoría en cada entidad federativa), un senador por partido con los mismos requisitos mencionados. Con lo que sí se aplicará mi sugerencia, al resultado de las pasadas elecciones: la elección del 2018 tendríamos un senado de 103 senadores y una cámara de diputados de aproximadamente 321 diputados.

Así, de este modo, para empezar, no existiría la posibilidad de que se diera el problema de la sobre representación en las cámaras de diputados y de senadores, para ningún partido. Los criterios para ajustar los órganos de legislativos de las entidades federativas y las instancias de gobierno municipales se tendrían que ajustar respecto a los diputados locales y a los regidores de representación proporcional o plurinominales, ello representaría mayor eficiencia en el funcionamiento y un sensible ahorro de recursos económicos.

Con lo que he sugerido se tendría un Congreso de la Unión, cámara de diputados y de senadores, que absorberían menos recursos en sueldos y salarios, además las instalaciones tendrían mayor holgura y los gastos de carácter administrativo y funcional serían más bajos, con eso la nación se ahorraría más 250 millones de pesos anuales. Sería muy importante considerar que el funcionamiento de nuestro Poder Legislativo se daría en mejores condiciones, además de que tendríamos órganos legislativos cuyos componentes serían principalmente los elegidos democráticamente por los mexicanos de todo el país, en sus 300 distritos, y en las entidades federativas para el caso del senado.

Con la aplicación de la sugerencia se tendría que los diputados elegidos serían en el caso del 2021, 321 los elegidos y representarían el 93.45%, el resto lo constituirían los diputados de partido, 6.54 %; algo similar sucedería, en el 2024, cuando se elijan Senadores, con la composición del Senado de la República, si se hubiera aplicado mi sugerencia. Lo importante es que con ello tendríamos la representación de los ciudadanos mexicanos y la presencia en los debates deliberaciones y decisiones la representación política de los mexicanos, y al mismo tiempo la presencia de los distintos enfoques acerca de los proyectos de país, según los partidos políticos.

En lo que corresponde con las normas para deliberar y tomar las decisiones, la mayoría simple se vincularía a que la mayoría simple se definiría por el 50% más uno de los diputados presentes en la sesión que sería en el caso que tomamos como ejemplo, de 162 diputados entre los cuales predominarían los de elección por el sistema de mayoría relativa, al mismo tiempo que aseguramos en las deliberaciones la presencia de los distintos enfoques político e ideológicos existentes en nuestro país.

En el caso de la mayoría calificada se presentarían las mismas características en la deliberación y en la toma de decisiones, para el caso del Senado nuestro ejemplo supondría que los senadores hubiesen sido elegidos con lo sugerido, y bajo esa circunstancia tendríamos un senado con 96 senadores elegidos de acuerdo al principio de mayoría relativa, y los senadores de partido uno por cada partido lo que significaría tener 7 senadores adicionales que sumados a los de mayoría relativa, apuntaría a tener un Senado con 103 senadores.

La mayoría simple se constituiría con 53 senadores y por la composición del Senado se tendría un predominio de los senadores elegidos por los ciudadanos, lo mismo se presentaría para el caso de la mayoría calificada, en las decisiones y deliberaciones estaría presente la voluntad de los mexicanos expresadas en las urnas y en las distintas formas de enfocar los proyectos de país.

Así que la transformación de nuestro Poder Legislativo podría transitar por un rumbo como el que estoy perfilando en mi sugerencia, que se sintetiza en cambiar lo que hoy contiene la Constitución, respecto a los diputados y senadores plurinominales, por la categoría de diputados y senadores de partido. Adicionalmente tendríamos la ventaja de lograr en nuestro Poder Legislativo una situación de mayor armonía entre lo que los mexicanos deciden mayoritariamente para su representación y los mecanismos para deliberar y decidir sobre las cuestiones normativas, como para tomar decisiones que están comprendidas entre las facultades reservadas a nuestro congreso de la unión.

Con lo antes planteado lograríamos un Poder Legislativo más ágil y, por tanto, con un potencial de eficiencia y eficacia notoriamente mayor. Espero que mi reflexión tenga eco, por lo que he resaltado, y se proceda a elaborar la correspondiente iniciativa o se considere en un posible acuerdo parlamentario para realizar la reforma constitucional político- electoral.   

Es normal que los aliados en la coalición Seguimos Haciendo Historia (SHH) pretendan obligar a Morena a modificar lo relacionado con la reglamentación que tiende a evitar el nepotismo, así como la que se orienta la disminución de recursos para los partidos en forma de prerrogativas y más aún que se pronuncien por  la modificación de la propuesta de cancelar la categoría de diputados pluri nominales, ellos se nutren de esas figuras legales y eso  explica que se orienten a votar en contra de la propuesta de reforma constitucional enviada por el ejecutivo. Lo esencial de la propuesta de Morena rescata lo planteado por el Ejecutivo de la nación en febrero del 2024.

En mi opinión lo razonable sería que Morena y sus aliados sostengan esas propuestas y si se insiste, por los aliados de Morena, votar en contra de la propuesta de reforma electoral, de ser necesario, se debería proceder a disolver la coalición SHH para que las cosas vuelvan al nivel político adecuado, aunque ello represente la posibilidad de postergar la reforma mencionada para realizarse después de la elección de los diputados en el 2027.