El gobierno federal parece tener problemas de diván con el crecimiento económico. Entendido en su formulación clásica de incremento de la productividad de bienes y servicios y su deriva en mejora de la vida económica de familias y personas, a través del empleo bien remunerado, con prestaciones sociales. El empleo dignifica la condición humana y humaniza a las personas. Los ciudadanos se empoderan y ejercen sus derechos con plena autonomía.

La autonomía de las personas, vía el empleo, parece ser contrario a las políticas de Morena, que no acepta otras que no sea la política social de transferencias, que constriñe a los individuos al papel de súbditos de su majestad el Estado Distribuidor. Pareciera pues que la autonomía política de las personas es motivo de zozobra y temor en Morena, no obstante (esto hay que ponderarlo también) que fue en el sexenio anterior cuando el salario mínimo se incrementó al doble; el acto mágico que sacó de la pobreza a 5.1 millones personas. No la política social. La política social sirve para ganar elecciones.

En mayo de 2020, el presidente López Obrador informó en la mañanera que presentaría un índice alternativo para medir el crecimiento económico de México (en oposición al PIB, la fórmula internacional para medir la riqueza). "Va a medir crecimiento, sí, pero también bienestar, también grados de desigualdad social (...) y otro ingrediente en este nuevo paradigma… (será) la felicidad del pueblo".

Algo nuevo, dijo, porque no se puede seguir midiendo (el crecimiento) de la misma manera (que en el pasado). "Nada justifica seguir con la misma política económica y continuar manteniendo el término de crecimiento a secas como parámetro básico de medición del desarrollo nacional. Por eso decimos sí al crecimiento, pero con democracia y bienestar; sí al progreso, pero con justicia porque progreso sin justicia es retroceso. En la nueva política económica al crecimiento debe añadirse el bienestar en la más amplia extensión de la palabra". La promesa de campaña fue que cerraría el sexenio con un crecimiento del 6 %.

En efecto, en el sexenio pasado el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) fue el más bajo desde el gobierno de Miguel de la Madrid (1982-1988). Somos más pobres. De acuerdo con los especialistas, en la administración de AMLO el crecimiento promedio fue de apenas 0.81 % (nada). Un retroceso de cuatro décadas. Luego entonces se puede concluir que las decisiones del expresidente López Obrador en materia económica carecieron de solidez técnica y evidencia informada y visión de futuro. Hace catorce años, Jaime Ros, un economista de la Universidad de Notre Dame, postuló tres medidas para remontar el estancamiento:

1. Elevar la inversión pública en infraestructura, en varios puntos porcentuales del PIB, con financiamiento de una reforma fiscal redistributiva;
2. Adoptar una política de tipo de cambio real, estable y competitivo, esencial para el desarrollo; y
3. Sustituir las políticas macroeconómicas pro cíclicas por política contracíclicas que garanticen un nivel alto y estable de utilización de la capacidad productiva.

Fausto Hernández Trillo, de la Universidad de Ohio, encuentra como principal rémora para el crecimiento del sistema capitalista un sistema legal y judicial muy lento e ineficiente, que no salvaguarda la piedra de toque del propio capitalismo: la propiedad. Contradicción de fondo (Nexos, diciembre, 2011, No. 408). Con López Obrador y la presidente Claudia Sheinbaum se hace todo lo contrario de lo indicado por los expertos. Y así le va al país.

El lunes 1 de junio, la mayoría de los periódicos nacionales informaron que la inversión pública nacional cayó 29.1% real anual, en el periodo de enero a mayo del presente año. Los expertos aclaran que se trata de la mayor contracción registrada desde el año de 1995, cuando el país era gobernado por Ernesto Zedillo y buscaba salir de la crisis financiera de aquel periodo que azotó al país. El expresidente es una de las figuras más vilipendiadas por el gobierno de Morena, y paradójicamente es muy parecido en su desempeño.

Menos inversión pública es equiparable a menos desarrollo, y menos progreso para la población ubicada en los últimos deciles, que la ha afectado por las malas o erradas decisiones del gobierno, no de ahora, desde que México es país soberano. Se ensancha la brecha en acceso a igualdad de oportunidades, y se condena a las nuevas generaciones a reducir sus opciones de vida. El apotegma publicitario de “Primero los pobres”, en este contexto resulta ser una falacia. La reducción en inversión pública es un patrón de los gobiernos del partido Morena, cuyo fin no se entiende de manera razonada. Los periódicos tomaron el dato de un comunicado de la SHCP.

¿Por qué es importante la inversión pública (IP)? La IP, en lenguaje raso, tiene que ver con la construcción de carreteras, caminos, escuelas, hospitales, meter agua potable en el hogar, llevar alumbrado público. Son los bienes y servicios en infraestructura que promueve el gobierno como ejes sustantivos del bienestar social, el desarrollo económico y con ellos, mejorar la vida de las personas. Hay un vínculo muy estrecho entre servicios públicos de calidad y la creación de desarrollo humano en las personas (IDH). La inversión pública estimula la privada, sin carreteras y seguridad nadie invierte fuera de las capitales. La Ley General de Desarrollo Social, considera la infraestructura social básica, sobre todo en los ayuntamientos rurales e indígenas, como acciones de combate a la pobreza. Son los recursos del Ramo 33 que la Secretaría de Hacienda dispersa a los municipios que acusan los porcentajes más altos de pobreza y rezago social. Para este ejercicio fiscal, el Congreso determinó que el 10% de esos recursos se entregan directamente a los pueblos indios y sean ellos quienes planifiquen sus acciones y las ejecuten. Se trata de dinero etiquetado, pero, muchas veces, los ayuntamientos se valen de ellos para pagar cuotas de campaña y hacer proselitismo para lo que se pueda ofrecer en adelante. Puebla no tiene habilitada la página con el Índice de Desarrollo Humano al 2024, pero se encuentra entre las últimas seis entidades, con Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz. Para incrementarlo, hay que invertir en infraestructura de calidad.

Desde la academia y la sociedad civil, la IP se considera detonante del crecimiento. Sin inversión no hay avance. Cuando un privado invierte en capital fijo de forma productiva genera un mayor número de empleos, es más eficiente y competitivo, y puede invertir en investigación y desarrollo para mejorar la calidad de sus productos.

Cuando el gobierno invierte en infraestructura y obra pública genera mejores condiciones para reducir los costos de transporte, producción y logística (México cómo vamos, 2025). Apenas hace falta repetir que la inversión pública es vital para el desarrollo sostenible, para reducir las desigualdades, para promover el crecimiento económico inclusivo tanto a nivel nacional como regionalmente.

Chayo News

Sin más afán que el de ayudar, porque de un buen desempeño gubernamental depende el bienestar y seguridad de todos, me parece que el gobierno del Estado precisa con urgencia de un coordinador técnico de gabinete; que sepa de administración pública; que conozca la importancia de los diagnósticos; que sepa leer las gráficas; que sin temor escuche el clamor de la gente; que sepa de evaluaciones técnicas de políticas públicas; que conozca de metas y de su importancia para alcanzar los objetivos; de la importancia de su cumplimiento en los tiempos previstos; de la importancia de monitorear los avances y retrocesos; que las metas sean elevadas a grado de imperativo; y que, ¡por Dios!, no esté pensando en la próxima elección, sino en el bienestar de la población. Los técnicos son técnicos y los políticos, políticos, punto.

Una nota en e-consulta informa que el gobierno del estado abrió una convocatoria para contratar los servicios de un despacho que realice una revisión externa al Plan Estatal de Desarrollo 2025-2030, no obstante que ya se aprobó y publicó, y es un documento en vigor. El PED no es cualquier ocurrencia, es el eje rector de toda administración y faro que impide la dispersión. Todas las acciones que se tomen deben estar apegadas a sus ejes y objetivos. Así lo establecen las diversas legislaciones aplicables y el artículo 26 de la CPEUM, la Ley de Planeación y la Ley de Planeación para Desarrollo del Estado de Puebla. En los lineamientos se insiste la organización de una planeación democrática del desarrollo nacional, estatal y regional, que ser competitivo, dinámico, con equidad, que contribuya a la democratización política, social y cultural.

Independientemente de que se revisen sus metas y objetivos, me parece que lo importante tiene que ver con la participación efectiva de la gente. Mi sospecha, y experiencia es que no se consulta realmente a la población. Las reuniones regionales son controladas por los delegados de las dependencias estatales. Generalmente son las burocracias locales, y sus intereses, los que se hacen escuchar.

No recuerdo, por ejemplo, haberme topado con un buzón digital para los interesados en hacer llegar sus propuestas. Y si lo hubo, fue de difusión restringida. Es muy deseable que se corrijan los eventuales errores de origen en el PED y se preste mayor atención al sentir de la gente. Por lo demás, es digno de reconocimiento que se voltee a ver ese documento y no quede en el puro requisito administrativo.

@ocielmora