Si eres cibernauta quien gusta del “vecindario digital”, usas las redes sociales para comunicarte, criticar, denunciar abusos y subir historias, o bien eres político opositor o periodista, debes saber que la libertad de expresión se ha criminalizado en Puebla por la 4T.

La “Ley Censura” con el delito de “ciberasedio”, aprobada en el Congreso local y entró en vigor el viernes 13 de junio, tiene un padre: Andrés Manuel López Obrador.

Fue él quien emprendió la embestida desde Palacio Nacional contra periodistas, críticos del régimen, madres buscadoras o ciudadanos disidentes.

Los vástagos de esas medidas autoritarias de censura y persecución han sido personajes como el senador Gerardo Fernández Noroña, quien humilló y denigró a un ciudadano para que le pidiera perdón en la alta tribuna de los “sabios”. Fue el primer mensaje inequívoco.

Le siguieron el gobernador el marinista priista de Morena, Alejandro Armenta Mier, quien envió a través de testaferros, primero, una iniciativa de ley para regular a la prensa, para castigar el presunto “daño moral”.

La segunda cargada contra la libertad de expresión fue la camuflada “ley censura” con la enmienda al artículo 480 del código penal para tipificar el “ciberasedio” como delito que se paga con cárcel.

En paralelo, en el estado de Campeche, la hija putativa de López Obrador, la expriista morenista Layda Sansores, ordenó a un juez capturar y vincular a proceso a un periodista a quien acusó de publicar textos de “odio” en contra de ella y su gobierno:

“Una jueza de control en Campeche ordenó vincular a proceso al periodista Jorge Luis González Valdez, exdirector del diario Tribuna. El motivo: presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores”.

La decisión incluye:  – cierre total de la plataforma digital del diario Tribuna – prohibición a González Valdez de ejercer el periodismo – vinculación a proceso también para Isidro Yerbes, representante de la empresa editora del medio – pago de 2 millones de pesos por daño moral al director de Comunicación Social estatal, Walther Patrón Bacab Organizaciones”.

Para los gobernadores, como lo fue para AMLO, la libertad de expresión es una “peligrosidad social”, como lo fue la homofobia durante la dictadura en España de Francisco Franco.

En el régimen de la 4T la libertad de expresión en la comunicación virtual y las expresiones en redes sociales que los critiquen y denuncien por sus atropellos, son un “peligro social” y por lo tanto sus detractores son criminalizados con prisión y multa.

En Puebla esto apenas empieza. Está por aprobarse una legislación para “regular” el uso de las motocicletas, con la misma forma de estigmatizar y criminalizar a los motoristas, colocándoles la matrícula en los cascos, como sinónimo de “motosicarios” a bordo.

Estigmatizar con un número rotulado en el casco, so pretexto de lucha contra la delincuencia, recuerda los registros del Tercer Reich contra la población judía en campos de exterminio, y el símbolo de la estrella pintado en las puertas de casas y negocios. 

La ley del “Rey” feudal es inapelable e incontrovertible

Con ley o si ley, torciéndola, con la complicidad de jueces del Tribunal Superior de Justicia, el mandatario estatal impone su ley, utilizado a las fuerzas armadas para encarcelar y procesar a alcaldes opositores.

Con el Poder Legislativo como oficialía de partes, abyectos los diputados (Morena, PVEM, PT, Panal y FxM), liderados por Laura Artemisa García, no solo revocan mandatos populares y desaparecen cabildos, sino que avalan reformas anticonstitucionales.

Lo mismo ocurre con las amenazas a desarrolladores inmobiliarios, para obligarlos a la donación de bienes inmuebles, solo por el deseo y capricho del “Rey”.

El autoritarismo del régimen de la 4T para gobernar empieza a dar señales claras para perfilar a una dictadura encubierta, con la aplicación en los hechos de la ley avilacamachista por el delito de la disolución social.

En marchan plan de delaciones contra opositores al “Rey” y a la 4T

Al igual que en naciones del Caribe, centro y Sudamérica con gobiernos dictatoriales, en Puebla el partido-estado puso en marcha un programa de delaciones con recompensas para identificar a los “enemigos de Armenta” y a los que “hablen mal del gobierno” de la 4T.

Ordenó Morena-Gobierno identificar los domicilios de los enemigos de la 4T, con nombres, apellidos, fotografías y videos, que entregan a los coordinadores seccionales distritales de Morena.

Han dado la orden, además, a través de las organizaciones corporativas como las del comercio informal, de obligar a los afiliados a colocar en los puestos callejeros lonas, franjas y sombrillas de color guinda, que identifica el color partidista del oficialismo, como suástica.

Una de las principales agrupaciones que lo aplica a pie puntillas es la de comerciantes informales “Doroteo Arango”, dueños de la vía pública en calles y avenidas, en cruceros, a las salidas de escuelas, hospitales y centros comerciales.

Los casos más graves en la ciudad capital es el uso de las oficinas municipales para perseguir a los ciudadanos que osaron manifestarse contra la instalación de los parquímetros 4T o del Bienestar (de los concesionarios).

Con foto y video en celulares, presuntos empleados municipales se han dedicado a extorsionar con revisiones a los establecimientos de propietarios que salieron a la calle a manifestarse contra los parquímetros. Con la amenaza de clausurar los negocios, con cualquier pretexto, extorsionan a los propietarios con el pago de cuotas para permitirles seguir funcionando.

Los de Puebla y del resto del país, son tiempos difíciles para la libertad, el derecho a disentir y hacer públicas -a través de medios digitales- las críticas y cuestionamientos a los gobernantes. Lo que nos faltaba.

El botón de muestra del poder absoluto de gobiernos autoritarios

Lo que el gobierno estatal de la 4T no logró con la iniciativa de reforma para regular a la prensa poblana para castigar el “delito de daño moral”, lo metió encubierto en el paquete de penalizaciones por los llamados ciberdelitos, aprobada fast track por el oficialismo.

El primer intento fue a través de una iniciativa de reforma para regular la libertad de expresión, de prensa y el derecho a la información propuesto por el diputado y presidente del Consejo Estatal de Morena, Andrés Iván Villegas Mendoza.

La propuesta legislativa sigue en análisis en comisiones, con el respaldo de portales de noticias y páginas afines a Morena y al gobierno de la 4T, apoyados por paleros del gremio periodístico que recibe subsidio gubernamental.

Pero la prisa por el oficialismo para imponer la censura en el ciberespacio la lideró José Luis García Parra, diputado con licencia y jefe del gabinete estatal, al presentar la iniciativa de reforma para tipificar los ciberdelitos, donde incluyó el llamado Ciberasedio.

El “alfil” del gobernador, a la guerra de desgaste por meritocracia al 2027

El funcionario estatal, exasesor de Alejandro Armenta cuando éste fungió como presidente de la Mesa Directiva del Senado y sobrino del exgobernador Mario Marín Torres, pese al escándalo por los excesos en lujos y dispendios, convertido en un político con amplios poderes en el gobierno del estado, ha sido protagonista debido a su tren de vida.

Uno de esos casos, objeto de interés por los periodistas de espectáculos y los especializados en temas “del corazón”, debido a su relación con la actriz y cantante Belinda, contratada por el gobierno de Puebla como imagen promocional del estado y en la producción de una película animada.

El caso más elocuente del jefe de gabinete es calzar zapatillas de super lujo con valor de 25 mil pesos.

Hubo fotografías y video del funcionario público abrazado con Belinda a bordo de un jet privado que aterrizó en el Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” de Huejotzingo, documentado por TV Azteca, así como fotografía del vuelo publicada en redes sociales.

Entrevistado por reporteros locales respecto a las versiones de la presunta relación sentimental con la actriz y cantante, el jefe del gabinete fue categórico al defender su derecho a la vida privada.

Justamente por esta y otras razones relacionadas con el volumen de críticas y cuestionamientos en las redes sociales y portales digitales, el gobierno estatal impone un bozal cibernético.

No permitirán con la penalización a la libertad de expresión virtual, se divulgue o cuestiones en medios digitales el comportamiento privado de funcionarios públicos y las críticas a las decisiones de gobierno.

De Tigre, tigrillo; la escuela del marinismo en el gobierno

Tipifican como delito con multa y cárcel si el gobierno considera “ciberasedio” al insistir cualquier ciudadano la opacidad en la obra pública, las licitaciones, el gasto del presupuesto como en la Feria de Puebla y criticar los lujos y excesos de funcionarios.

Fue García Parra quien presentó la “ley censura” para tipificar como delito el ciberasedio, porque ha vivido en carne propia la exhibición en medios digitales, en redes sociales y medios convencionales.

Quizá ya sea demasiado tarde para García Parra, respecto al involucramiento de su vida privada con su responsabilidad pública, en el caso específico de la madrileña Belinda Peregrín Schüll, ha tomado otra decisión.

Fuentes relacionadas al jet set y al mundo del espectáculo advierten que la actriz y cantante española -para mala suerte de García Parra- había optado por el nieto de Bailleres. Se trata del joven adinerado, nieto del dueño de El Palacio de Hierro, grupo Peñoles y AFORE Profuturo. Seguramente a García Parra le alcanza para un Audi R8 y toda una "flotilla" de autos de lujo, pero solo para eso.

Ciberasedio, arma de poder de funcionarios, políticos, diputados, jueces y alcaldes

En contraste, el jefe del gabinete se ha convertido en un “Dios” para los funcionarios públicos del estado, los municipales, legisladores e integrantes del Poder Judicial.

Con esa reforma al código penal, más de uno, periodistas, analistas o ciudadanos en común, serán objeto de denuncias penales, y las prisiones serán insuficientes.

A los políticos y funcionarios públicos no se les podrá “insular, injuriar, ofender, agraviar o vejar -si ellos lo consideran así- a través de medios digitales.

Salieron más cabrestos que bonitos los marinistas de Morena de la 4T porque superan con esta reforma al otro “Rey”, al senador Gerardo Fernández Noroña.

En Puebla, los gobernantes morenistas, a diferencia de Noroña, meterán a la cárcel a todo aquel que se atreva a señalar trivialidades en los desfiles de moda en el Congreso local o los desplantes de diputadas “influencer”.

Denunciarían ante el MP cualquier insinuación en su contra por actos de corrupción o nepotismo de políticos, funcionarios públicos, jueces, magistrados, mandos policiales, regidores, presidentes municipales, etcétera. Una atrocidad cuatrotera, por aldeana.

La “ley censura” del gobierno de la 4T en Puebla recoge el espíritu de otro poblano priista, Manuel Ávila Camacho, que en 1941 promulgó el delito de “disolución social”, que se castigó con prisión.    

Artículo 145 bis. —Comete el delito de disolución social, el (…) que en forma hablada o escrita, o por medio de símbolos o cualquiera otra forma, realice propaganda política entre extranjeros o entre nacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción, de cualquier gobierno extranjero, que afecten el reposo público o la soberanía del Estado Mexicano.

Se afecta el reposo público, cuando los actos de disolución social definidos en el párrafo anterior tiendan a producir rebelión, tumulto, sedición o escándalos.

Para efectos prácticos, a diferencia del uso de la tecnología en las comunicaciones, la “Ley Censura” del gobierno de Morena 4T en Puebla recoge el espíritu avilacamachista del delito de “disolución social”, y en el Siglo XXI la 4T coloca a los cibernautas como un “peligro social”.

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Face: Pablo Ruiz Meza
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