En mi investigación de contratos de bienes y servicios que los gobiernos municipales y el gobierno del Estado realizó de los años 2014 al 2024, encontré un sinnúmero de deficiencias, que sin duda deriva de actos de corrupción e impunidad que prevaleció por al menos una década, desde la llegada del morenovallismo en el 2011.

En la investigación encontré que el Gobierno del Estado (morenovallista) y los gobiernos municipales de la época (2011-2018) destinaron varios miles de millones a empresas fantasma, EDOS, EFOS o empresas con domicilio simulado que no se encuentran incluidas en las anteriores.

Tras ese hallazgo procedí a la denuncia ante el SAT de aquellos hallazgos, el resultado fue satisfactorio en una época y en un gobierno; sin embargo, gran cantidad de esas denuncias aún siguen en investigación, cuando en los hechos, algunas de las empresas denunciadas ya no existen y fueron liquidadas legalmente.

En cuanto a la opacidad con la que operan los gobiernos municipales, en principio realicé denuncias desde el 2021 ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de datos Personales del Estado de Puebla (ITAIPUE); los resultados no fueron en nada satisfactorios, aun cuando dichas quejas fueron por el incumplimiento de las obligaciones de publicación de la información que debe ser pública en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), las resoluciones fueron adversas a mi interés de conocer la verdad y en especial el contenido de los contratos suscritos.

Así que en el año de 2024 de poco más de 600 denuncias que el ITAIPUE recibió, más de 500 fueron mías, en donde procedí a recopilar la información de la totalidad de contratos suscritos por los gobiernos municipales y dependencias del gobierno del Estado. De la investigación realizada a dichas bases de datos, en principio del 2018 al 2024 denuncié a la totalidad de los municipios, aquellos que fueron denunciados antes del 2023, en su mayoría para el año 2024 no figuran entre la lista de incumplidos, razón por la cual ahora espero la información adicional que deben publicar 210 de los 217 municipios poblanos.

Algo extraño ocurrió en el ITAIPUE, tras la toma de protesta del actual gobernador Alejandro Armenta. Las denuncias presentadas ahora sin son fundadas, de tal suerte que ya están cumpliendo con la normatividad vigente en materia de transparencia. Paradójicamente un municipio pequeño en cuanto a población comparado con las ciudades cabeceras del Estado, dio puntual cumplimiento durante el procedimiento de queja, lo que me hace pensar y confirma la hipótesis de que no existen limitaciones para municipios de bajo presupuesto cumplir con la publicación de sus obligaciones.

Ahora, tras vencerse el plazo de cumplimiento de publicación del cuarto trimestre del 2024, espero no realizar más denuncias de incumplimiento, puesto que es de suponerse que se trata de gobiernos que inician su administración y no tienen temor de ser observados, en cuanto a sus contratos suscritos, sean a empresas establecidas o creadas para los efectos ampliamente conocidos.

Al respecto de los datos encontrados, ya les contaré en entregas posteriores de los resultados y contenidos de dichas publicaciones. Por lo pronto, dejo constancia, de que es necesaria la acción popular para mejorar la transparencia de los actos públicos y erradicar la opacidad en Puebla.

¿O no lo cree usted?