“El estudio de las leyes económicas y del
devenir histórico nos han ocultado,
más que revelarnos,
los auténticos mecanismos
del poder político.”
Fernando Savater

Las reformas constitucionales que se están planteando por la Presidencia de la República a la voz de “apruébese”, deberían de ponerse en la mesa de discusiones, si es que estas cuentan con un soporte jurídico o simplemente económico y de paso político, pues en estos tiempos en donde lo que debe de prevalecer es el derecho sobre las políticas públicas y no las políticas públicas sobre el derecho que, debe de ser así, porque es lo que corresponde actualmente bajo las experiencias que se han presentado en el mundo occidental, con tantas guerras, genocidios y politicidios, que no hay otra alternativa que asumir que en los Estados es el derecho el que debe de prevalecer sobre la política y no viceversa, por eso es que, hay que analizar si algunas de esas reformas constitucionales, que es inminente su aprobación, cuentan con más razones económicos que jurídicas.

Si partimos de la reforma constitucional al Poder Judicial, todas esas modificaciones tienen como objeto disminuir salarios y prestaciones a los jueces, magistrados, ministros y de paso, al personal del Poder Judicial. Lo cierto es que, efectivamente bajo la idea de que si se les paga adecuadamente se tendrá un mejor rendimiento, esto dio como consecuencia que se implementaran salarios estrepitosos para la realidad mexicana, por lo cual, una de las razones por las que se pretende sustituir a todos los ministros, magistrados y jueces es con el afán de disminuir salarios dentro del Poder Judicial.

Es obvio que siempre se ha asumido por todos los gobiernos que, los gastos en el Poder Judicial son sumamente altos y que pareciera que no tiene muchos frutos esa serie de erogaciones por parte del Estado, es decir, se tiene ante el Poder Judicial un gasto corriente excesivo.

En la misma situación se encuentra la reforma respecto a desaparecer a los organismo autónomos, que si bien realizan funciones muy particulares de la administración pública que es vigilar ciertos sectores económicos para controlar a la iniciativa privada o dotar de calidad los productos y servicios que se encuentran en el comercio, a lo que se denomina como “Estado rector”, lo cierto es que sucede lo mismo, son organismos que se les premió con salarios excesivos, y que no tienen la capacidad ni la infraestructura para cumplir cabalmente con sus funciones, pues lo cierto es que, deberían de ser más activos en sus funciones y estos organismos por falta de recursos económicos, porque todo se lo gastan en sueldos, y resulta que no cumplen su cometido.

La otra reforma constitucional versa sobre la disminución de los juicios penales y fiscales en su duración, en donde se pretende que los juicios penales sean de tiempo de duración un año y los  juicios fiscales de seis meses y es con el afán de que no sea un gasto excesivo para el gobierno, y una carga desde luego, el mantener juicios por años en los tribunales que no se resuelven, pero que siguen dando vueltas, por ello es que disminuir los plazos es con el afán de evitar mayores gastos al Estado y, si la administración de justicia deja de ser efectiva, apostando a la rapidez, eso es lo de menos.

La otra reforma constitucional que recientemente se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados que corresponde a que, los delitos fiscales como defraudación fiscal, contrabando, y operaciones inexistentes, sean delitos que requieren de la prisión preventiva oficiosa, no es otra cosa más que derecho simbólico, es decir, que estando en la Constitución y solamente por ello, el efecto será que la ciudadanía pague más contribuciones, por la simple amenaza.

No hay otra razón más que todas estas reformas giran alrededor de razones económicas y no jurídicas, no obstante que, si estamos en un Estado de derecho las cosas deberían de suceder anteponiendo el derecho y sobre él las políticas económicas, pero no al revés.

Lo más lamentable es que, la repercusión será inversa a lo presupuestado, pues lejos de que se asuma que será una respuesta correcta que permita el ahorro y la eficiencia económica, sucederá lo contrario, de entrada hacer negocios en México será un riesgo muy alto, que no muchos lograran afrontar y que sea una forma de buscar otras naciones en dónde invertir.

Lo preocupante es el poco empresariado mexicano que queda; se cierran empresas sin que nadie y nada se haga al respecto, todo por el capricho de no poner en la mesa de discusiones una reforma tributaria que catapulte a las empresas mexicanas, las que son propias. Para muestra, un botón. En Puebla no hay una sola empresa de inversión 100 por ciento poblana que cotice en la Bolsa Mexicana de Valores, siendo que Puebla es una de las entidades de mayor dinamismo económico y que se ha quedado muy corta. En resumen, hoy la economía del Estado se puso nuevamente por arriba del derecho.

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