Nos enfrentamos a una disputa sin precedentes por el derecho humano al agua. Me refiero a una disputa porque frente a la visión humanista del derecho al agua, se encuentra la visión empresarial que ve al servicio del agua como un bien que es posible enajenar de manera discrecional. Partamos del hecho de que la escasez de agua vulnera nuestra esfera jurídica, nos impide acceder a un medio ambiente sano, desarrollarnos en nuestros diferentes ámbitos personales, e incluso, esta escasez nos podría afectar al punto de imposibilitar el vivir.

Ahora bien, si este es nuestro derecho ¿de quién es la obligación de abastecer agua y saneamiento? En estricto sentido esa obligación es de carácter estatal y según la Constitución de la República es una competencia municipal.

Sin embargo, la dinámica criminal del neoliberalismo nos condenó a empresas monopólicas a través de concesiones leoninas en perjuicio del erario. De hecho, en una investigación “Los millonarios del agua, una aproximación al acaparamiento del agua en México”, de Wilfrido Gómez Arias y Andrea Moctezuma afirman que hay 6 mil 247 usuarios con concesiones para extraer, según datos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), cada uno de ellos, con alrededor de un millón de metros cúbicos, lo cual representa 61.4 por ciento de las aguas concesionadas en todo el país. Entonces si hay agua, pero la mayor parte está concesionada, y es utilizada por refresqueras, cerveceras, mineras, automotrices, industria de la construcción, etcétera.

No es un problema individual, es decir, no basta con cuidar el agua, evitar goteras, duchas rápidas, o como invita el alcalde de Bogotá, Colombia a “bañarse en pareja”. En México si hay agua, pero está acaparada, sobreexplotada y la distribución para consumo humano se encuentra ante una aberrante especulación. El problema entonces es de fondo y urge hacer un análisis integral de la situación hídrica de México, el país se seca, y la Ley de Aguas vigente es obsoleta.

En la Cámara de Diputados hemos impulsado esta discusión en parlamento abierto y en trabajo de comisiones, sin embargo, es un gran pendiente la aprobación de una nueva Ley General de Aguas que se plantee en serio una reforma estructural en el sistema de distribución de agua, sobre todo para proteger el agua como un derecho, y eliminar la visión mercantilista que ha propiciado el acaparamiento.

El panorama es desolador. Del 100 por ciento del agua en México, el 60 está concesionado para la gran industria, más del 30 por ciento se utiliza para siembra y producción agropecuaria; y menos del 16 por ciento es para abastecimiento de agua potable para uso urbano, es decir, el agua que llega a nuestras casas, servicio que para colmo en Puebla está privatizado (robo legal del agua) y que para satisfacer la demanda de agua han surgido cientos de pozos ilegales que trafican agua, un verdadero cártel del agua.

Este tema ha sido utilizado en el debate político coyuntural de las elecciones. Claudia Sheinabaum y Alejandro Armenta se han propuesto hacer una revisión a profundidad de las concesiones de agua, y replantear el modelo de abasto de agua potable para las y los ciudadanos.

@ACarvajal06

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