Este lunes se consumará en la Cámara de Diputados el atraco sexenal a los recursos económicos individuales de miles de trabajadores mexicanos.

Se trata de los ahorros que ciudadanos aportaron durante su vida laboral en el sector formal, para gozar de una jubilación, por lo menos para aquellos que, cumplidos los setenta años, “abandonaron” sus cuentas en las afores.

Se habla extraoficialmente de unos 40 mil millones de pesos de las cuentas individuales de los trabajadores de más de setenta años, que serán confiscados para integrar el Fondo de Pensiones Bienestar, una zanahoria electoral.

Como parte del discurso electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador, se propuso, en plena contienda presidencial y legislativa en las respectivas cámaras, favorecer el monto de las pensiones por jubilación.

En un primer anuncio el objetivo era que se jubilarán con el 100 por ciento de su sueldo, al momento del retiro; con el objetivo de que obtuviera una jubilación digna, el Estado les aportaría el complemento, para un tope de más de 16 mil pesos, para aquellos con menores ingresos.

Los recursos financieros para tal objetivo los obtendría, había dicho el presidente, del monto del recorte a los gastos de la Suprema Corte de Justicia; de los ingresos por recuperación del programa “Regresar al pueblo lo robado”, de las ganancias de la línea Aérea Mexicana y del Tren Maya, etcétera; todos juntos, dinero insuficiente.

Pero no faltó uno de esos genios neoliberales que asesoran al presidente en la Secretaría de Hacienda, que le vendió la brillante idea de echar mano de los recursos financieros de las cuentas individuales de ahorro para la jubilación en las afores, pero no de los 45 millones de trabajadores en activo.

Encontraron los asesores económicos de López Obrador una “mina de oro” en las cuentas individuales abandonadas de las afores, y de aquellos que cumplidos los setenta años no habían tramitado su retiro de jubilación por vejez, una bolsa de 40 mil millones de pesos, o más.

Para un titular del Ejecutivo federal como López Obrador que nunca supo lo que es tener un empleo formal y aportar religiosamente las cuotas como trabajador para tener acceso a una jubilación digna, se le hizo muy fácil expropiar para el Estado, dinero que es de cada mexicano.

De acuerdo a lo adelantado por López Obrador, al aprobarse este lunes las reformas en la Cámara de Diputados para crear el Fondo de Pensiones Bienestar, sería en mayo cuando aplique este programa de pensiones Bienestar, con recursos de mexicanos que sí saben lo que es trabajar.

Un mes antes de las elecciones del 2 de junio, en la peor maniobra electorera, el gobierno de la 4T utilizará los recursos financieros confiscados para cumplir uno de sus caprichos con la mira puesta en los resultados en las urnas en las elecciones presidenciales y legislativas.

Con “sombrero ajeno”, como lo explicará uno de los periodistas financieros, el gobierno de López Obrador integrará en el Fondo de Pensiones Bienestar para otorgar “jubilaciones dignas” para aquellos trabajadores que tiene ese derecho del retiro, pero con bajos sueldos.

Con dinero de los trabajadores que aportaron a sus afores y han cumplido setenta años, y de recursos de otras cuentas inactivas, porque sus titulares fallecieron o emigraron al país del norte a mejorar su calidad de vida, etcétera, el gobierno despojará a las familias beneficiarias de estos titulares de las cuentas individuales, para que AMLO le saque raja política electoral.

Si López Obrador tuviera sensibilidad social debería buscar y encontrar a los familiares de aquellos aforados que abandonaron sus cuentas, para darles ese dinero que les pertenece, porque de otra manera los despoja de esos recursos, para beneficiarse políticamente.

Si el presidente quisiera actuar con justicia social para nivelar las jubilaciones con el último salario de los trabajadores, por qué no echó manos de las utilidades de bancos, a través de un impuesto, pues en 2023 rebasaron los 273 mil millones de pesos por las altas comisiones a usuarios.

Contra los trabajadores ancianos de las afores, los de setenta años, o los que fallecieron y no pueden defenderse, todo el peso de la 4T en la Cámara de Diputados, pero en el mismo legislativo frenó una reforma para hacer pagar a los banqueros más impuestos por utilidades que salen del país.

La banca registró utilidades récord, por 273,314 millones de pesos y préstamos que ascienden a 6.8 billones de pesos; la banca mexicana registró en 2023 un crecimiento histórico.

El gobierno de la 4T tiene frente a las cuentas individuales de los trabajadores en las afores, la misma sed de lucro de grandes empresas nacionales y trasnacionales que apalancaron sus inversiones de expansión y capital con recursos de las afores, bajo el amparo de la opacidad financiera para regresar migajas de las “utilidades” a los trabajadores aforados.

De misma medida de la sed de las grandes empresas de la “oligarquía” para jinetear los fondos de las afores, es la misma sed de poder político expropiatorio y de despojo de los fondos de los trabajadores de las afores que ya no pueden defenderse del atraco, ni ellos ni sus familias.  

Que hoy el gobierno de la 4T divulgue y presuma el respaldo de los sindicatos a la constitución del Fondo de Pensiones Bienestar, es obra del servilismo del mismo sindicalismo charro del viejo PRI que ahora está al servicio de Morena en las campañas, y del gobierno corporativo de AMLO.

En el cierre del sexenio, y en pleno proceso sucesorio, los trabajadores enfrentan la peor embestida a los recursos de sus familias para que el presidente salude con sombrero ajeno, porque nunca experimentó él una jornada laboral, salarios bajos, cuotas sindicales ni maltrato patronal.

@pabl_ruiz
Face: Pablo Ruiz Meza
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