La noticia sobre el asesinato del candidato de Morena a la presidencia municipal de Acatzingo no debería sorprender a todos, ya que seguramente hubo alguien que no detectó a tiempo las amenazas y estas terminaron convirtiéndose en riesgos, los cuáles al no ser aceptados, eliminados, reducidos o transferidos, conforme a lo establecido en un análisis de riesgo profesional y oportuno, se tradujeron en una tragedia que pudo haberse evitado.

A estas alturas de poco sirve saber quién fue el responsable de no haber hecho tal evaluación, si es que la hubo; si fue la propia autoridad municipal o la estatal conforme a los lineamientos generados por el gobierno federal a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y el Instituto Nacional Electoral, que indicaban que correspondía a las autoridades estatales hacerse cargo de la seguridad de los candidatos locales, previa solicitud a la Secretaría de Seguridad Pública estatal vía el Instituto Electoral del Estado.

Al menos así lo plasmé en este mismo espacio el pasado 7 de febrero con un título al que hoy solo le agregué la palabra “finalmente” y cambié el tiempo de conjugación del verbo para que quedara como “no alcanzó” en lugar de “no alcanza”.

Fuera de estas pequeñas diferencias semánticas el contenido de dicha colaboración sigue siendo válido. Insisto en que la seguridad personal o protección ejecutiva, como quieran llamarle, que no sea presencial y permanente no garantiza la protección total de la persona a quien se le asigna.

Está probado que los rondines y teléfonos de contacto para llamadas en casos de emergencia solo son útiles para quienes no corren riesgo alguno (lo cual es determinado por un análisis de fondo), además de que la seguridad de las personas y con mayor razón de los candidatos cuesta dinero y cuesta mucho, independientemente de quien lo ponga, si es la autoridad federal o estatal, el partido político que postula al candidato o al propio candidato a título personal.

No estoy seguro si el ejercicio de clasificar los municipios o regiones del estado de Puebla en las categorías propuestas por el gobierno federal, en sus niveles “Bajo”, “Medio” y “Alto”, se haya realizado y conforme a sus resultados se haya asignado protección para los candidatos, pero en el caso de Acatzingo queda claro que no. El solo hecho de contar con antecedentes como municipio con alta incidencia de robo de combustible y presencia de “mercados ilícitos” dada su histórica actividad comercial que data de hace más de cincuenta años con sus martes de plaza, sería suficiente para asignarle seguridad al hoy malogrado candidato. A lo anterior habría que agregar sus antecedentes de comerciante de vehículos usados, actividad considerada hasta hace poco como de alto riesgo por el origen y uso de las unidades vehiculares previas y posteriores a su paso por el lote. En Puebla existen antecedentes de violencia homicida en contra de dueños de lotes, era cuestión de revisar, ponderar y asentar en el documento.

Si alguien no hizo su trabajo debería dar la cara y enfrentar las consecuencias que ello implica, de otra forma el riesgo que corren algunos candidatos de municipios ubicados en regiones álgidas sigue latente.

Considero que en materia de protección ejecutiva no hay que inventar el agua tibia o el hilo negro, tampoco se deben escatimar recursos, no se trata de un gasto sino de una inversión. En este rubro y como coloquialmente se dice, lo que vale dinero es barato si está la vida de por medio.

Si a las autoridades estatales y eventualmente municipales no les alcanza el presupuesto, deben tener el valor de decirlo y no engañar a los candidatos que con un eventual rondín o un teléfono de contacto es suficiente para garantizar su seguridad. Tal vez podría ser suficiente, pero debemos entender que en materia de seguridad siempre estará presente la Ley de Murphy, que dice que si existe alguna posibilidad de que algo falle, fallará, por lo que no se debe dejar todo a la suerte nada y al azar tampoco; siempre será necesario realizar un análisis de riesgo y acatar lo que resulte, ya que si se esconde algo aparecerá en el momento que menos se espere.

Insisto en que en el sector de la seguridad privada, en particular la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada (AMESP), Consejo Nacional para el Desarrollo Profesional de Escoltas y Choferes Ejecutivos (CONAPECE) y del Consejo Nacional de la Industrial de la Balística (CNB) existe personal evaluado, capacitado y equipo suficiente para cubrir las necesidades de capital humano, así como vehículos blindados y artículos de blindaje corporal y de blindaje arquitectónico que pueden ayudar a una mejor y más eficiente protección ejecutiva; es cuestión de decidirse.

Recordemos que en materia de violencia y delincuencia las cosas han empeorado antes que mejorado, como nos lo prometieron en 2019 en el Plan Nacional de Desarrollo, que dice que al final de esta administración los homicidios dolosos se habrán reducido en un 50 por ciento (pasarían de 36 mil 685 a 18 mil 342 al año) y que la delincuencia organizada estará reducida y en retirada. Sobra decir que hasta el 25 de marzo de este año, la cifra de asesinatos relacionados al proceso electoral es de 45, de las cuales al menos 24 eran candidatos a algún puesto de elección popular; el común denominador en la mayoría de los casos fue una combinación de armas cortas, hombres con el rostro cubierto y motocicletas para llegar y salir rápidamente de la escena del crimen. Nuevamente patrones y tendencias.

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