A tan sólo unas semanas de la publicación de los “Sedena Leaks”, los descubrimientos acerca de los movimientos de la Secretaría de Defensa Nacional y sus funcionarios siguen poniendo en tela de juicio la veracidad y confiabilidad de sus acciones.

Desde los regalos hechos por el general Luis Crescencio Sandoval González a otros funcionarios, pasando por los movimientos detallados de las operaciones del Ejército, hasta el espionaje a periodistas y activistas; la información hackeada muestra un escenario alarmante de corrupción que rodea al gobierno mexicano.

La corrupción estructuctural e impunidad son algunos de los problemas principales que México enfrenta día a día, los cuales tienen repercusiones dentro de la impartición de justicia, desigualdad y especialmente en la violación de los derechos humanos.

De acuerdo con los datos del Índice de Riesgos de Corrupción 2022 realizado por el Centro de Investigación en Política Pública, una de cada tres licitaciones públicas no cumplieron con todos los documentos necesarios, es decir, no tiene el fundamento suficiente para ser justificadas.

Aunado a ello, la transparencia ha sido un problema. Un ejemplo de ello fue el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), donde, de las compras hechas, el 98% no se encuentran disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA). Agregando a lo anterior, instituciones federales destinaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas nuevas y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.

Lo anterior es sólo un ejemplo de la fuga de recursos que ocurre en distintas dependencias de gobierno, las cuales reducen los fondos que deberían ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía.

En el ámbito de derechos humanos, el alto índice de impunidad permite que las violaciones puedan ser perpetradas sin ningún tipo de castigo o repercusión directa, el ejemplo más claro y reciente es el espionaje a periodistas, activistas y colectivos.

De acuerdo con la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) en conjunto con Citizen Lab, el gobierno federal actual sigue utilizando el software espía Pegasus para vigilar a distintas personas como periodistas y activistas.

Uno de los casos confirmados fue el de Raymundo Ramos, quien fue hackeado al menos tres veces por el software Pegasus entre agosto y septiembre de 2020, quien se encontraba investigando ejecuciones extrajudiciales perpetradas por el Ejército.

Esto contrasta con el discurso del Presidente que en su momento aseguró que su administración no utiliza ni utilizará dichas herramientas. De la misma forma, los datos de corrupción en este sexenio se contraponen a la “política” de austeridad y anticorrupción que el Presidente y su administración presumen seguir.

Con el reciente hackeo a la Secretaría de Defensa, el gobierno actual ha quedado vulnerable debido a la evidencia contundente sobre lo que ocurre dentro de una de las secretarías más importantes del país.

Junto con las acciones que muestran un abuso desmedido de poder y procesos ilegales dentro de los procesos del Estado que violan los derechos humanos, se presenta un escenario donde es importante para la ciudadanía mirar con aún más escrutinio a las autoridades y cuestionarlas tanto en las legislaciones como en la implementación de estas.

Una ciudadanía que no dé importancia a la gravedad de la corrupción en el país, está condenada a seguir siendo víctima del abuso de poder de las personas en altos mandos en el gobierno.