El día 5 de marzo será un día recordado particularmente en Puebla. Miles de estudiantes se manifestaron al interior del estado y en calles céntricas de la capital poblana exigiendo justicia. El reclamo toral fue el homicidio de tres estudiantes y un chofer. 

En el espíritu de la manifestación pacífica y respetuosa que se llevó acabo, estaba presente el reclamo social de seguridad. El hartazgo social se acumuló y la base es el respeto al derecho de seguridad pública.

Los universitarios han sido protagonistas nuevamente en la historia y el hecho del día 5 de marzo puede ser un parteaguas para más protestas y movilizaciones. Tanto el Estado como la sociedad deben ser conscientes y actuar con plena madurez cívica, por un lado, el gobierno debe entender que no es una corriente personal o partidista, sino consecuencia de resultados paupérrimos en materia de seguridad de atrás y hoy. La sociedad tiene la obligación de actuar como hasta ahora lo está haciendo, con altura organizativa y pacífica, porque eso distingue a las manifestaciones auténticas en pleno siglo XXI.

Los servidores públicos de cualquier orden deben acordarse del verdadero poder que reside en la sociedad, en el pueblo; ellos finalmente están obligados a servir contribuyendo con bienes, servicios y derechos, por tanto, no se puede minimizar, ignorar ni muchos menos reprimir en ninguna forma la marcha estudiantil. De actuar con estas prácticas, la tendencia sería un caos social y una lucha férrea entre gobernantes y gobernados.

La gente está cansada, hoy más que nunca está harta, y cuidado con el pueblo enojado. Los poblanos son aguerridos, amén de que, en este territorio mexicano, existen miles de ciudadanos de otras ciudades del país. El estado de Puebla alberga a más de 6 millones de habitantes y cuenta con miles de estudiantes de otros estados de la república.

A propósito, el frente universitario local ha podido llevar un efecto espejo en Veracruz y en la ciudad de México, después es muy probable que se replique en otros estados. No olvidemos que Puebla ha sido cuna de varios frentes o movimientos sociales y políticos que han alcanzado niveles nacionales y sobreviven tras los años.

Es complejo terminar con una serie de delitos en un plazo inmediato o mediano. La delincuencia en el estricto y puro sentido nunca se enterrará, su esencia vivirá por siglos, sin embargo, si es posible disminuirla en grandes rasgos. En virtud de las manifestaciones, desde luego que ayudan para presionar al gobierno. Los reclamos cívicos son poderes ejercidos legítimamente.

En contraste, las autoridades que conforman los tres poderes del estado local y federal deben estar atentos. Cada uno en su debida competencia y profesión.

En la administración pública, el gobernador Miguel Barbosa Huerta hizo bien al presentarse en el destino de la marcha y dialogar. Aunque la comunicación será constante y hoy no se agotará. Porque si bien es cierto que la manifestación fue motivada en gran parte por la muerte de tres estudiantes, el alma de la protesta va más allá con temas múltiples de inseguridad.

En el campo legislativo, el coordinador del grupo parlamentario priista, Javier Casique Zárate, también tuvo a bien presentar un exhorto ante el pleno para crear una agencia del Ministerio Público especializada en Atención a la Comunidad Universitaria, misma que se concentrará en delitos de naturaleza estudiantil.

Habrá que atestiguar más hechos que involucren a los servidores públicos y en particular que vayan dando respuesta y aislar a Puebla del segundo estado del país con más delitos.