Se han cumplido cinco años de la desaparición de 43 estudiantes de la normal ubicada en Ayotzinapa, Guerrero, y sigue sin saberse el paradero de 42 de ellos. Hasta donde se sabe, son más de 40 mil desaparecidos en México ante el fracaso estrepitoso de las instituciones del estado mexicano para evitarlo. Pero la desaparición de los 43 se convirtió en el símbolo de un estado incapaz de encontrar a los normalistas y romper el pacto de silencio de quienes los desaparecieron.

En El leviatán roto: el avance del estado de fallido en México, publicado por Arteletra, defiendo que “estado fallido” es un estado cooptado por grupos fácticos que defienden intereses desde ilegales hasta ilegítimos, que el estado fallido en México es el narco-estado, el que protege y se hace cómplice de algún o algunos de los cárteles que se disputan el territorio del país, cuando el papel más importante del estado es tener control territorial para imponer y gestionar bien público. El estado fallido es cuando las instituciones de procuración de justicia fabrican culpables, defienden líneas de investigación que buscan salvar la implicación de aparatos del estado en delincuencia organizada.

Pasó ya un lustro desde que se conociera la desaparición de los 43 y sólo tenemos las siguientes certezas: Ayotzinapa significó el punto de inflexión en el gobierno de Peña Nieto hacia su descomposición y colapso; tenemos la certeza de la cohabitación de policías municipales y los cárteles Guerreros Unidos y Los Rojos en los que se sirven mutuamente, como un ejemplo de ese dato escalofriante de que aproximadamente el 80% de los municipios en México están tomados el algún grado por el crimen organizado. También estamos ciertos que el C4, esa especie de panóptico de las ciudades en donde se supone que los garantes de la seguridad observan, previene o recaban datos, aquélla noche en Iguala falló deliberadamente para que la desaparición se hiciera sin cámaras ni evidencias posibles. Sabemos también que el Ejército, la policía federal, la policía estatal y las policías municipales saben una parte de la verdad, pero también sabemos que han guardado el silencio típico de los últimos años.

Ayotzinapa reúne en muchos sentidos la tragedia neoliberal de haber convertido a todo el país en mercancía, incluidas las personas, de entre ellas, destacadamente mujeres y niños. Simboliza la retirada del estado de los territorios locales para dejárselos íntegros a la disputa criminal. Manifiesta la mediocridad de las instituciones antes llamadas procuradurías y ahora fiscalías para investigar profesionalmente delitos, sostener protocolos forenses, hacer de la ciencia una aliada en la investigación de delitos de alto impacto. Mientras el gobierno anterior desviaba miles de millones de pesos en un saqueo institucional premeditado y planeado, miles de personas sufrieron las incapacidades del estado para procurar seguridad y justicia.

El estado fallido en México ha sido entonces una banda de ladrones que se hicieron con las instituciones del estado el sexenio anterior, que las utilizaron para convertir al dinero público en financiamiento de campañas y en privilegios particulares de toda índole. A la par, esa banda de ladrones dejó a la población a merced del crimen organizado, desde los que actúan como ejércitos ilegales hasta los incrustados en los propios gobiernos. ¡Sálvese el que pueda!, podría haber sido el grito del gobierno anterior, sabedor que no todos podrían ir a la cárcel pues no cabrían en ellas.

El gobierno de López Obrador creó la comisión especial para el caso Ayotzinapa y fue un buen principio. Sin embargo, el caso se ha complicado aún más con las salidas de la cárcel de varios implicados en la investigación de Murillo Karam y su “verdad histórica” y el papel cuestionable de los jueces y el poder judicial en medio del estado fallido. El verdadero reto del gobierno actual es romper el pacto de silencio de los perpetradores de la desaparición de los 43, que se han mantenido firmes en la complicidad y en los incentivos para el silencio. El nuevo gobierno tiene en sus manos la posibilidad de recuperar gradualmente el estado para los mexicanos o seguir en la línea de dejar a los mexicanos a merced del estado fallido.

• Politólogo, Director del Departamento de Ciencias Sociales de la Ibero Puebla.