Con una declaración contra de la instalación de una hidroeléctrica en el municipio de  Tlacotepec, el candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa Huerta, es el único aspirante a la gubernatura de Puebla que se ha pronunciado contra los proyectos de muerte en la entidad.

Lamento decir que en las campañas nacionales y sobre todo, estatales, los aspirantes han omitido hablar del tema ecológico, las mineras, el fracking, los impactos ambientales, los conflictos sociales, el despojo, el robo a la nación y el festín de mineras extranjeras en territorio mexicano.

Hace algunas semanas, activistas denunciaron que la instalación de mineras a cielo abierto, el fracking y las hidroeléctricas en Puebla, estaban contaminando ríos y ocasionando el desplazamiento de poblaciones enteras.

Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA) y de la Asamblea de Afectados por las mineras, precisó que Puebla permitió el funcionamiento de mil mineras y otorgó 26 permisos de mineras a cielo abierto, con la consecuente contaminación de aguas, daños acuíferos subterráneos, impactos en flora y fauna, conflictos sociales y la generación de grandes cráteres que afectan negativamente el turismo en la zona, además de la expulsión de habitantes.

¿Pero saben cómo ha sido posible que las mineras de origen extranjero se apropien a placer del territorio nacional? Pues para empezar la Ley Minera vigente que data de 1992, y posee vicios de inconstitucionalidad que provocan violaciones a los derechos fundamentales de la población.

La regulación jurídica de la minería en México permite una inversión extranjera del 100 por ciento, lo que lleva a pensar que el Estado no ejerce rectoría económica sobre esas actividades y que lo planteado en el artículo 28 de la Constitución no se cumple, toda vez que la minería es una actividad prioritaria y sus frutos no benefician a los mexicanos.

Las empresas mineras extranjeras y las empresas nacionales pagan al erario cantidades simbólicas y no en función de los minerales extraídos. Pagan por las hectáreas de tierra concesionadas —más de la cuarta parte del territorio nacional está concesionada a empresas mineras-.  Siendo Puebla una de las entidades más afectadas. Y ni el Estado ni la nación reciben ingresos por los minerales extraídos, esto significa que estamos viviendo un despojo brutal de riqueza y a cambio sólo tenemos graves daños ambientales.

También se está pasando por alto el artículo 27 constitucional, en cuyas líneas dice que el Estado debe "regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento de la población rural y urbana".

La mayoría de los principios constitucionales no se cumplen por omisión o corrupción y complicidad.

Las únicas voces que han salido a defender la tierra, son organizaciones sociales, quienes han denunciado que las facilidades otorgadas por el gobierno de Enrique Peña Nieto propiciaron que las mineras paguen al país concesiones por montos que no superan los 100 mil pesos.

Recientemente, organización Poder, publicó e-consulta, denunció que la minera canadiense Almaden Minerals, responsable del proyecto Ixtaca, en el municipio de Ixtacamaxtitlán para la extracción de metales preciosos, oculta información como el consumo anual de agua, los efectos nocivos de la extracción para las comunidades indígenas, así como el repudio de la comunidad.

La Sierra Norte de Puebla es, literalmente, un tiradero de desechos. La Sierra Noroccidental aloja gasoductos que provienen de Tuxpan y Poza Rica, y en el proyecto del acueducto Tecolutla al Estado de México, en la Sierra Nororiental hay minería a cielo abierto, hidroeléctricas y fracking.

Pérez Muñoz abundó que actualmente hay más de 9 mil pozos en exploración en la zona de Papantla, ubicado en los límites con Puebla y que pretenden abrirse mil 444 pozos de fracking en la Sierra norte lo que impactará a 32 municipios.

La fuerza de los movimientos de resistencia

El doctor Víctor Toledo, uno de fundadores a nivel mundial de la nueva corriente de la Ecología Política e incansable promotor de la defensa de la tierra, ha denunciado en múltiples foros el enorme ecocidio nacional.

En su libro El ecocidio en México: la batalla final es por la vida (Grijalbo, 2015), alerta sobre destrucción del medio ambiente, sus relaciones con los problemas sociales, las maneras en que las comunidades resisten y, especialmente, las modalidades que toma el poder ciudadano para enfrentarla.

En sus análisis Toledo detectó nueve frentes de batallas: 1) extracción minera; 2) extracción de petróleo, gas, carbón y uranio; 3) proyectos hidro y termoeléctricos; 4) parques eólicos; 5) proyectos megaturísticos; 6) urbanización desbocada; 7) cultivos transgénicos (maíz, soya y algodón); 8) contaminación por residuos tóxicos industriales y urbanos, y 9) destrucción de bosques, selvas, matorrales y otras formas de vegetación. Cada uno impacta y afecta la reproducción de la vida humana y no humana de diferente forma y con diferente intensidad, y al mismo tiempo desencadena reacciones de conjuntos sociales que se ven impulsados a organizarse para emprender defensas y resistencias diversas.

Toledo documentó, que entre 2011 y 2014, el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) recibió más de 200 denuncias ambientales por unas 500 organizaciones provenientes de 433 municipios, que incluyeron pruebas sobre el asesinato de 50 defensores de la naturaleza o el ambiente.

De acuerdo con el reporte final del TPP, el país vive ya una etapa de colapso ambiental con dos emergencias ambientales diarias (o cerca de 700 por año). Sólo la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reportó 206 explosiones industriales y 514 sitios contaminados entre 2008 y 2012.

Este difícil panorama ha puesto al desnudo, añade Toledo, el papel ecocida del Estado mexicano, cuyas instancias públicas o son los agentes directos de la destrucción, como es el caso de los proyectos hidro y termoeléctricos de la Comisión Federal de Electricidad, o bien son sus inductores (las concesiones mineras y la extracción de petróleo y gas mediante la técnica del fracking), o actúan como aliados o cómplices de las empresas y corporativos.

Pero para el investigador hay un halo de esperanza y es la tremenda fuerza social que van sumando las resistencias. “Estamos justo en el momento en que damos un paso hacia adelante, es decir, la creación de una organización madura que aglutine a estos cientos para sentar al gobierno y a las empresas a escuchar la voluntad de comunidades, municipios y regiones enteras”.

Las luchas ambientales han adquirido una gran fuerza y aunque hay trágicas historias de represión, que abordaremos en otra colaboración, están formando un gran bloque de resistencia que ha triunfado para detener o postergar magnos proyectos de muerte.