Como consecuencia del efecto Tláhuac y para fortuna de México y fortuna de 130.7 millones de mexicanos, la carrera política de Miguel Ángel Mancera Espinosa, no irá más allá del 3 de diciembre de 2018, fecha en que, también, afortunadamente concluye su mandato de jefe de gobierno de la Ciudad de México.

Ya no podrá hacer víctimas de sus omisiones, errores y ocurrencias a los habitantes de una de las ciudades más pobladas del mundo.

De todos quienes ─habiendo hecho de la política su modus vivendi altamente productivo─ suponen estar predestinados a ocupar la presidencia de la república durante el período 2018-2024, Miguel Ángel Mancera es el aspirante más obsesivo, desde luego, enseguida de Andrés Manuel López Obrador, pero el de menores posibilidades de obtenerla.

Su único mérito, su única cualidad, o mejor dicho, su cuestionable plataforma de lanzamiento, es la jefatura de gobierno de la capital del país. Ninguna otra cosa más.

La inacción y el soslayo que ha asumido Mancera, durante su ejercicio gubernamental,  ante los grandes y graves problemas que enfrenta la Ciudad de México, lo han hecho un precandidato presidencial sin futuro.

Para desgracia de él y de su carrera política, el operativo militar efectuado en Tláhuac, el 20 de julio, por elementos de la Marina Armada, exhibió públicamente su irresponsabilidad y la falta de pulcritud con que gobierna la capital del país.

Mientras que, alejado 1303 kilómetros del territorio que se comprometió a gobernar, se reponía de la fatiga ─y tal vez del susto─ que le ocasionó treparse a un caballo para entrar cabalgando a la ciudad de Hidalgo del Parral, Chihuahua para conmemorar el 94º aniversario del asesinato de Francisco Villa, ocurrido el 20 de julio de 1923, varios centenares de habitantes de la delegación Tláhuac veían, azorados y temerosos, como brigadas de halcones incendiaban tres autobuses de pasajeros y un camión de carga ─al estilo Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán─, para bloquear calles, con ayuda de numerosos moto taxistas, con la finalidad de obstaculizar la incursión de un destacamento de la Marina Armada de México que, en esos momentos, se enfrentaba y abatía a Felipe de Jesús El Ojos Pérez Luna, jefe de uno de los cárteles más violentos que desde hace muchos años están asentados en la capital del país  y a siete de sus secuaces.

Desmontado de su corcel y, seguramente, después de gritar emocionado ¡Viva Pancho Villa, cabrones!, Mancera  escenificó otro capítulo foráneo de su ya larga campaña preelectoral, al entregar ─a título de donativo─  al alcalde de Hidalgo del Parral, cinco patrullas. Un par de días antes, el dadibaboso y presunto precandidato perredista, hizo otro “donativo” de seis patrullas al municipio de Ciudad Juárez.

Anteriormente, el mes de mayo, Mancera donó igual cantidad de patrullas al puerto de Acapulco. En julio envió 300 policías de la secretaría de Seguridad Pública capitalina y 80 vehículos policiacos, al mismo centro turístico con la finalidad, según él, de “inhibir” (¿?) el robo de automóviles y autopartes en ese lugar.

Por supuesto que en la CDMX no sobran los policías ni los vehículos policiacos que Mancera repartió, de su motu proprio, en Acapulco, Ciudad Juárez e Hidalgo del Parral. Todos esos elementos ─policías y patrullas─ hacen muchísima falta en la capital del país. Sobre todo, de cuatro años a la fecha, en que los hechos delictivos se han incrementado  por la manifiesta incapacidad del gobierno de Mancera para abatirlos.

Ahora mismo, el cuestionado delegado de Tláhuac, Rigoberto Salgado, se quejó que a la demarcación que gobierna, Miguel Ángel Mancera, le retiró 300 policías. Situación que ha repercutido en el agravamiento de la delincuencia en esa jurisdicción.

Incuestionablemente, Miguel Ángel Mancera, por el hecho de ser jefe del gobierno capitalino, está obligado a conocer la magnitud y características de la delincuencia en el ámbito territorial que gobierna y particularmente en las zonas donde opera. Sobre todo porque antes de ocupar este cargo público, fue procurador de justicia.

Hasta antes de la incursión de la Marina Armada de México en Tláhuac, Mancera siempre negó la existencia de los cárteles que operan en la capital del país.

No es necesario ser sabueso, ni émulo de Sherlock Holmes, para tener la certeza que en la Ciudad de México, desde tiempo inmemorial, operan bandas organizadas de narcotraficantes. Basta saber que los narcóticos, siendo una mercancía, igual que los zapatos, pantalones, jitomates, bebidas alcohólicas y carbonatadas, así como las bicicletas, motocicletas y automóviles, tienen mayor demanda en las ciudades más pobladas del mundo. No sólo de México.

La CDMX, por su ubicación geográfica, sus vías de comunicación y sus nueve millones de habitantes, sin considerar a las personas avecindadas en la zona conurbada, constituye un mercado altamente atractivo para la distribución, comercialización y consumo de narcóticos. Estas operaciones no se pueden llevar a cabo de manera individual, sino a través de los cárteles cuya existencia ha pasado desapercibida para Mancera, primero como procurador de justicia en el gobierno de Marcelo Ebrard y después, en el propio.

El único que no tenía conocimiento de esta situación, o fingía no tenerlo, es el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera Espinosa. Ambas cosas son de suma gravedad, tratándose del servidor público de mayor importancia y jerarquía de la ciudad. Nada más por este detalle, no insignificante, Mancera carece de autoridad y calidad moral para aspirar a la precandidatura presidencial. Y menos, aún, a ocupar la presidencia de la república.

Con inacción, Mancera permitió que las bandas de narcotraficantes, entre ellas, el cártel de Tláhuac, comercializaran su mercancía, a plena luz del día y hasta con la protección y disimulo policíaco, en discotecas, bares, escuelas públicas y privadas, jardines, parques y hasta en la vía pública.

Otra omisión del gobierno de Miguel Mancera que hizo crisis con la incursión de  un destacamento de elementos de la secretaría de la Marina en Tláhuac, fue la falta de control y autorización, por parte de la secretaría de Movilidad del gobierno capitalino para el funcionamiento, de los mototaxis que al margen de la ley, proporcionan servicio de transporte de pasajeros.

Aprovechando esta disfuncional coyuntura ocasionada por el gobierno de la Ciudad de México, el jefe del cártel de Tláhuac, Felipe de Jesús El Ojos Pérez Luna, armó una extensa red de mototaxis, cuyos operadores le servían como halcones (personas que le informaban sobre movimientos anormales en sus zonas de dominio) y como eficaces distribuidores de narcóticos, difíciles de identificar.

De esto jamás estuvo enterado el inviable aspirante a sustituir a Enrique Peña Nieto en la presidencia de la república.