Seguramente, amable lector usted recuerda muy bien a personajes de la política mexicana como: Andrés Granier Melo (Tabasco), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Humberto Moreira (Coahuila), Fidel Herrera (Veracruz), Arturo Montiel (Edo. de México) y los más recientes Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), César Duarte (Chihuahua) y el exmandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina.

Tan “finas y distinguidas personas” han sido gobernadores de sus estados y tienen una característica en común, se les ha señalado por ejercer gobiernos plagados de corrupción, peculado, desvió de recursos públicos, tráfico de influencias, uso indebido de funciones, con denuncias interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), además de un sin fin de anomalías cometidas durante sus administraciones.

Todos estos ejemplos representan una muestra palpable de la impunidad reinante en nuestro país, tenemos un sinnúmero (300) de juicios políticos abiertos y ningún inculpado sancionado; las autoridades en turno, sin importar que provengan de otros partidos políticos, nos prometen, en las campañas, que van a pedir todo el peso de la ley en contra de ellos, para al final encontrarnos con que pasan y pasan los días, las semanas, meses, años y las promesas de actuar contra los corruptos inexplicablemente quedan en el olvido, es decir, los acuerdos políticos y negociación de las cuentas públicas entre los ex funcionarios y los nuevos gobernantes, se han convertido en una constante ante la incredulidad de los ciudadanos que les dieron su voto, pensando que ahora sí las cosas iban a ser distintas.

Los pocos casos registrados de juicio político que han terminado en una sanción a los funcionarios implicados son: en 1982 al exdirector de Pemex, Jorge Díaz Serrano, a un señor de apellidos Soto Maimenes, en Chihuahua, a Tomás Marentes, en Yucatán, a Bartlett Bautista, el papá del ahora senador Manuel Bartlett Díaz, en Tabasco, y a Gómez Maganda, en Guerrero.

Sin embargo, el partido que llevó a poder a esta estirpe de políticos, el Partido Revolucionario Institucional, ahora en el discurso de su nuevo Presidente, ha declarado su intención de quererse ganar la confianza de la ciudadanía y  romper con prácticas ilegales que, dicho sea de paso, provienen de su partido, creando un órgano anticorrupción al interior de su organismo político para fiscalizar a sus gobernantes y, de ser necesario, pedir su destitución ante las autoridades competentes.

Así, dicho Instituto político inicio los procesos de expulsión contra los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, de Veracruz, Javier Duarte, y de Quintana Roo, Roberto Borge, así como del exmandatario de Nuevo León, Rodrigo Medina, informó el presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles.

Aunado a lo anterior, el 17 de agosto pasado, Enrique Ochoa Reza, presidente del tricolor, aseguró que sería antes del término de las gestiones en Chihuahua, Veracruz y Quintana Roo que se tendría una resolución sobre los procesos que se les siguen a los mandatarios, que curiosamente han sido defenestrados después de los pésimos resultados del proceso electoral en sus estados el pasado cinco de junio, como si la dirigencia nacional del PRI no hubiera estado enterada desde mucho antes de los delitos cometidos por dichos gobernadores, ahora calificados como indeseables y cuya cabeza piensan entregar a los grupos ciudadanos, para demostrar que el combate a la corrupción va en serio.

Pero conociendo históricamente el comportamiento del PRI, realmente, ¿cree usted en esa filantrópica acción?, suena más a una desesperada intentona para recuperar adeptos ante la ciudadanía, y a una estrategia de blindaje para dar protección a dichos personajes, cuyas fortunas quedarán intactas y terminarán siendo sancionados con una inhabilitación para ocupar cargos públicos, recurrible legalmente y que les permita continuar ocupando nuevos cargos a futuro. 

Como los dirigentes del PRI saben que lo más seguro es que perderán la Presidencia en 2018, buscan, desde ahora, que a futuro ya no puedan sujetar a juicio a los gobernadores por los mismos delitos, en las siguientes administraciones, lo que se ha convertido en una práctica recurrente del partido.

Es decir, realizar el supuesto juicio político para que con el dominio del poder público que ostentan, logren exonerar a los inculpados y presumir ante la ciudadanía, de haberse convertido en el primer instituto político en innovar estas prácticas de anticorrupción, como si hoy los ciudadanos, no estuviéramos cansados de tanto cinismo y abuso de poder.

[El autor es Director general del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla, A. C.]