Cuando se inicia la discusión sobre los problemas que enfrenta nuestro País se prioriza la economía, la inseguridad y la mala distribución de la riqueza, después de iniciar el análisis se encuentra un primer indicio: todas las variables tienen un estrecha relación, lo que significa que No se puede pretender resolver aisladamente alguna de las variables, se tendrá que diseñar una estrategia que incluya el conjunto de la problemática respetando una definida forma de priorización correspondiente con el establecimiento de la importancia coyuntural de las distintas expresiones de la problemática nacional.

Bajo lo planteado; en mi opinión, el orden primario sería la economía, la inseguridad y luego lo que se relaciona con la distribución del ingreso y de la riqueza. Las demás variables se moverían con los cambios que se requieren hacer en el marco legal y con las acciones necesarias para aplicar los programas generados a partir de las consideraciones programáticas.

Los intentos por encausar la dinámica del país se complican por la forma en que ésta organizado el estado, su conformación institucional corresponde con el México del siglo pasado, con un sistema político caracterizado por la existencia de un sistema de partidos con uno dominante y el resto como partidos testimoniales. No tenían la menor posibilidad  de acceder al poder. No existía el camino de la pluralidad y de la alternancia, para esa situación fueron diseñadas las instituciones del estado. En los últimos años del siglo XX y principios del XXI México accede a un sistema plural de partidos y por tanto a la pluralidad y la alternancia. Para poder gobernar se erige como imperativo hacer cambios en las instituciones, el rumbo es diverso aunque me inclino por un diseño que democratice el ejercicio del poder ejecutivo de la nación, en todos sus niveles. Instaurar en ellos la acción de la gestión colegiada, para que respetando la división de poderes se estructuren colegiados que incluyan a los titulares de los órganos ejecutivos de la nación  que asuman funciones para todo el país en la toma de decisiones,  previa deliberación colegiada, así como asumir las función de estructurar y nombrar a los integrantes de los órganos autónomos de vigilancia y supervisión del buen funcionamiento de las acciones de los integrantes del poder ejecutivo correspondiente. De este modo tendremos la seguridad de contar con instancias capaces de pedir cuentas a los que nos gobiernan.

 Lo planteado implica modificaciones en la legislación del país; en la constitución general, en las constituciones de las entidades federativas y en sus respectivas leyes reglamentarias. Lo anterior implica que los que hoy nos gobiernan acepten que con la dinámica actual los problemas del país no se resuelven y, que además, tienden a agravarse.

Lo imperativo es que los dueños del poder político y económico entiendan que todo debe cambiar, y principalmente ellos deben admitir que el país ya no aguanta más las formas de funcionamiento característicos de una clase dominante inconsciente e insensible, pletórica de privilegios y omisa de sus obligaciones para procurar la solución de los problemas del país, no hay vuelta de hoja se requiere de modificaciones profundas.

Al mantener las formas propias del régimen político anterior, propio de la situación de sistema de partido casi único en una realidad de acceso al poder plural incluyente y con situaciones evidentes de alternancia política nos orilla a vivir situaciones de crisis permanente  en las instituciones de procuración de justicia y de supervisión y vigilancia de los procesos de ejercicio de gobierno y de elección periódica de los titulares de las distintas instancias de gobierno. En tal situación se puede ubicar lo que viene sucediendo con la preparación del proceso electoral, el INE tiene dificultades para comportarse de acuerdo con la ley por su intensa dependencia de los poderes constituidos, en tal caso también se puede ubicar lo sucedido con la forma en que se ha venido procesando lo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas, el problema aquí es que las autoridades que deben responsabilizarse de la investigación son subordinadas de los que, o de las instancias que aparecen como indiciados. En fin tenemos que lograr estructurar instituciones que presenten los requisitos indispensables para cumplir con sus funciones sustantivas.  

Otro  ejemplo de lo inadecuado de la estructura de nuestras instituciones es lo que el Presidente EPN ha propuesto para enfrentar los agudos signos de la corrupción, entre sus medidas se establece el combate a la corrupción. El tema está a discusión en el Congreso, pero antes de eso se presentó el escándalo de las casas blancas, se pretende salirle al paso con las instancias institucionales características del anterior sistema político y se nombra a un titular de la secretaría de la función pública, casi a punto de ser aniquilada y se le encomienda a su titular que investigue y actúe en consecuencia en los casos de acciones ilícitas. Quién puede creer que eso se oriente a resolver los actos ilícitos, de corrupción. No existe el poder para investigar y sancionar a los presuntos responsables de las supuestas irregularidades, aún más, al que se le encomienda la tarea es nombrado por el ejecutivo que supuestamente va a ser investigado, se le encomienda la tarea a un subordinado increíble ¿verdad? De tal modo que, aunque el resultado correspondiera a un proceso recto legal y legítimo estaría ausente de credibilidad.

La propuesta de instaurar un colegiado de ejecutivos, la asamblea del poder Ejecutivo de la nación, el poder nacional supremo tendría la facultad de nombrar al fiscal anticorrupción que si tendría el poder de juzgar a cualquiera de los titulares del poder ejecutivo y, entonces sí, sus investigaciones serían creíbles y sus resoluciones tendrían la confianza de los ciudadanos y lo de menos sería si las resoluciones son de absolución o de condena.

 El camino que defino en mi propuesta es sinuoso y largo, pero, en mi opinión es el único que permitiría rescatar paulatinamente la credibilidad, por lo pronto antes de ir a los cambios de fondo se podría optar porque el fiscal anticorrupción sea nombrado por el congreso de la unión. Así sus acciones tendrían mayor respaldo y contaría con mayor credibilidad, eso de seguro que redundaría en sentar bases para discutir y resolver los problemas del país y, además, posibilitaría sentar bases firmes para su solución.