Dejaré para una próxima carta el tema sancionatorio previsto en la “nueva” Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (http://goo.gl/TXbgcO) que cobró, en la cabeza del ex Director General de la Escuela Secundaria Técnica número 5, la venganza que exigieran madres y padres de familia por una presunta actitud omisa, para tornar a temas vinculados con el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y las protestas que en contra de su operación –por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público- se suscitaron masivamente en entidades como Guerrero, de la que alertáramos la semana pasada, Sinaloa, Oaxaca y Chiapas. Entre ellas destaca la postura que expresara “El Pino” -Salvador Martínez della Rocca- responsable del despacho educativo en la vecina entidad Gracia quien señalara que  “La Secretaría de Hacienda está "masacrando" a Guerrero al negarse a pagar el salario de 12 mil trabajadores de apoyo a la educación y maestros,”, de acuerdo a la nota publicada por el periódico Reforma el pasado 6 de febrero (Sonia del Valle http://goo.gl/2uHVkd), que le estarían echando mas leña al fuego; agregaría, que si a pesar de los abusos cometidos por personal adscrito a la nómina, al que no podrían depurar en dos meses encabezaría una marcha para protestar, que exige el pago por razones estrictamente políticas, por cuestiones de gobernabilidad que no argumente expresamente y demanda el mismo trato que el que se ha dado a Oaxaca.

El asunto merece repasar lo que anteriormente ya hemos platicado Gracia. Que la recentralización permitiría que la federación respondiese a reclamos que realizan diversos actores sociales, entre ellos algunas asociaciones civiles como Mexicanos Primero A.C., partidos políticos entre los que destacarían el de la Revolución Democrática (PRD), el Revolucionario Institucional (PRI) y el de Acción Nacional (PAN), y transparentase el gasto educativo de origen federal, tendría ciertos vistos de veracidad sino fuese por que con anterioridad la administración de Carlos Salinas de Gortari habría transferido a las entidades, por cuestiones entre las que sobresalen la políticas en contra de Carlos Jongüitud Barrios, la educación federal, prometiendo recursos crecientes para enfrentar el gasto educativo originado, entre otras causas, por el doble proceso de negociación salarial, al reservar la negociación del incremento anual al concepto 07 a las autoridades educativas federales y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y trasladar la relacionada con prestaciones para que fuese “acordada” entre las secciones generales del SNTE y las autoridades educativas locales, segunda negociación que por cuestiones de estrategia sindical, se sumaba a la negociación salarial de los  trabajadores de la educación de origen estatal, situación que extendía artificialmente, prestaciones locales a los trabajadores de la educación transferidos, que eran cubiertas en todas las entidades, con recursos federales aportados a través del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), “solapado” por la normatividad aplicable al caso.

Pero la normatividad Gracia, no sólo permitía que se pagasen prestaciones artificiales pactadas “al alza” entre Sindicato y gobiernos estatales al amparo del Acuerdo Nacional Para la Modernización de la Educación Básica –primero y con el agregado de Normal después (anexos técnicos), sino que además, siempre y cuando se cubriese primero el gasto educativo de origen federalizado, el FAEB permitía, si hubiese excedentes que se cubriera la nómina local, de ahí la “luchita” que hacían las autoridades educativas locales por obtener economías.

Ese sería, presuntamente, el caso de Guerrero, agravado por la disparidad que de la información existiría entre los responsables de Hacienda, de Educación Pública federal y local. Abundando Gracia, las nóminas autorizadas por los diferentes entes gubernamentales no coincidían ni aún en tratándose de las dos “secretarias” de la federación que intervenían en el proceso. Guerrero, como señala El Pino, sustentado en estudios realizados por diferentes actores, siempre ha reclamado la existencia de “Guiones Deficitarios” con cargo a la federación por más de 5 mil millones de pesos, recursos no transferidos históricamente por Hacienda al gobierno de Guerrero, que dieron origen también entre otras, al reclamo local de más de 10 mil plazas creadas, pero no reconocidas oficialmente por Hacienda, aunque si pagadas con recursos FAEB, creadas en las administraciones de René Juárez Cisneros, primera de Angel Heladio Aguirre y las atribuidas a la administración de Ceferino Torreblanca, que obedecían al crecimiento natural de la matrícula en escuelas de origen federalizado. Plazas que de no existir la federalización de 1992, habrían tenido que generarse por el propio sistema federal que cubría en ese año, el 100 por ciento de la oferta educativa en la entidad de referencia, salvo por las plazas de subsidio, creadas originariamente en los años setenta por el programa “Educación para Todos” del Consejo Nacional para el Fomento Educativo (CONAFE).

Mención por separado merecen los abusos achacados a personal que ¿labora? y que cobra como docente sin trabajar -catalogado por tirios y troyanos como aviador-, entre los que se encuentran los comisionados sindicales con y/o sin oficio de comisión al amparo del SNTE lo mismo que de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), los comisionados a labores diferentes a los que fueron contratados, los que se cobijan en “programas educativos” justificados sólo en papel, los que con pretexto de usos y costumbres se bajan de la montaña al cumplir con 5 años de trabajo y que por no existir un centro de trabajo urbano, sólo firman un rol de asistencia o pasan lista en las oficina de Recursos Humanos y que se movilizan “para la defensa de los derechos laborales adquiridos”, pero que como señala El Pino, serían asuntos que “no pueden resolver en dos meses” y creo Gracia que ni en lo que resta de la administración interina.