Después del descontento demostrado en las marchas multitudinarias de ayer, salta a la vista la necesidad de cambiar la manera en la que se está manejando este país, y no sólo me refiero al intento social justificado de trascender el miedo y la indignación, sino ante la necesidad de un espacio público en el que se establezcan puentes, en un diálogo que le de cauce  al despertar de las conciencias que se ha generado.

Coincido con Pedro Flores Crespo, quien escribe que: “Ayotzinapa nos motive a reflexionar, a debatir públicamente, a actuar de manera responsable y argumentar teniendo en cuenta el dolor de los otros; más que incitar a peleas, quemas o sacrificios reivindicatorios”.

Es necesario debatir sobre el papel que desempeña el Estado, aunque muchas autoridades repitan que todo lo que pasa  es responsabilidad de todos. Tampoco se pretende declarar su extinción y como lo afirma Israel Arroyo, hay que reflexionar y aceptar que  ha cambiado la forma en que ahora se ejerce el monopolio de la violencia, la manera en que deben de garantizarce el derecho y los derechos humanos de una determinada comunidad política  relacionados con otros actores de la política, con los ciudadanos y la sociedad civil.  

En el libro que se acaba de presentar “Estado, Derechos Humanos y Violencia”, se encuentra que el término Estado ha sido manoseado por los políticos y que  todo intento de cambiar la forma de gobierno, la configuración del Estado o el régimen de gobierno representa una transformación de gran calado, que no debe de confundirse nunca con mutaciones pequeñas o de dimensiones de política que no tocan los fundamentos básicos del Estado. Se explica que el régimen presidencialista tiene cerca de siglo y medio de existir en nuestro país, y que esa urgencia de cambio no es una ocurrencia de académicos desenfrenados. La realidad muestra que  tal vez sea  necesario pasar a uno de tipo híbrido donde exista un balance adecuado de poder.

Hasta este momento en México, las reformas políticas no han transformado ese régimen, porque han servido para  revitalizar  y fortalecer el presidencialismo mexicano.

Hay varias propuestas ante esta necesidad de un acuerdo político social urgente, importante me parece la del Instituto de Estudios para la Transición Democrática  quienes proponen que:

1. En el centro de las políticas  y del debate, los derechos humanos de los mexicanos.
2. No dejar  a las víctimas de los familiares de todos los desaparecidos  en un  estado de indefensión como hasta ahora.
3. Revisar y replantear el papel que le toca a los gobiernos municipales dentro del federalismo.
4. El replanteamiento de la justicia a través de todos los niveles del  poder judicial.
5. Tomar el bono demográfico como una oportunidad para generar opciones innovadoras e incluyentes para todos los jóvenes, en especial quienes están en situación de pobreza y desigualdad.
6.  Una reingeniería de la estructura de rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, del poder judicial y del actuar político.
7. La pluralidad y la diversidad de México es una riqueza, pero también un reto. Ante ella  no tenemos un poder público capaz de enfrentar la actual crisis. Saltan a la vista los excesos del presidencialismo con sus trampas institucionales asociadas.

Ante la realidad lacerante de nuestro país, sigue existiendo un discurso repetitivo y dominante que cree saber cuáles son las fórmulas y las reformas necesarias para encaminarnos a la prosperidad, pero tenemos que admitir que ya es necesario “limpiar la casa”, nunca como ahora.