Los sinsabores que produjera la mala organización de los “splits” preparatorios del VIII medio maratón de la Ciudad de México, entregado a una empresa privada por Horacio de la Vega, titular del Instituto del Deporte de la capital del país, quedaron atrás Gracia. El Distrito Federal vivía, días previos al Maratón de la Ciudad de México un ambiente de fiesta, agüitado el sábado 30 de agosto por el cierre de la avenida Juárez sin previo aviso. Bien me comentas, la entrega de los “kits” con los que correrían la justa “verde” (mi ambiente es correr). Mejor la señalización en color verde, colocada de manera correcta, visible para quienes siguieran de cerca esta competencia internacional ganada nuevamente por un peruano que extravío el camino y estuvo a un tris de perder la justa. Impresionante que el mesero del restaurante Nuevo León, ubicado en la calle de ese nombre en la Condesa conociera detalles del Maratón, que te sugiriera comer ligero pero sustancioso para evitar conflictos en el trayecto de una carrera que recorriste en cuatro horas y veinte minutos. Extraordinaria la comunicación de Radio Red (790), medio que en días previos, difundiera constantemente la ruta del evento, señalara cortes de circulación y proporcionara vías alternas que permitieron, a quienes no participaron de esta festividad, realizar con normalidad sus actividades.
Vociferan Gracia, denuncian, exigen y contrario a lo que manifiestan, se quedan en el discurso y no presentan alternativas que permitan “originar un cambio en la operación gubernamental” (http://www.mexicoevalua.org/prensa Transparencia, responsabilidad, eficiencia y calidad) como lo expresan en su página web, interpretan cifras, especulan, aunque señalen contar sólo con el 16 por ciento de la información resultante del “Censo de escuelas, maestros y alumnos de educación básica” realizado por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática (INEGI) por encargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pero centran sus críticas en la nómina magisterial; utilizan nombres de “notables” para justificar una campaña de linchamiento mediático en la que arremeten contra todos los docentes, a los que responsabilizan de ser copartícipes, de lo que llaman “robo del siglo”, hurto del que señalan “no sé encontraron los responsables y mucho menos cuáles son las sanciones que se han vertido contra los funcionarios que han permitido proporcionar información incorrecta a la autoridad federal” (http://www.sinembargo.mx/27-08-2014/1099008).
Trato de imaginar, aún y cuando me encuentro lejos de aspirar a serlo, escenarios que enfrentaría si estuviera en lo zapatos de algún jefe de departamento, director de área y/o director general, o tal vez, en él de algún jefe del despacho educativo de alguna entidad que ocupase de improviso, por alguna cuestión ajena, una responsabilidad que me enfrentara a una situación semejante a la denunciada por quien se presenta así mismo como investigador asociado de México Evalúa y profesor investigador de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey (“Censo Educativo. Radiografía del dispendio presupuestal, del Centro de Análisis de Políticas Públicas México Evalúa”).
¿Que haría?, ¿abonaría tal vez por dedicar mis esfuerzos a diseño de políticas educativas que respondiesen realmente a la mejora de la calidad con la que se imparte la educación en la entidad? o, tal vez, si la alternativa fuese otra ¿enfrentaría vicios, desvíos presupuestales y toda suerte de inconvenientes derivados de casi 100 años de corporativismo sindical prohijado por los gobiernos emanados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional y sus aliados en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)?, o ¿si cobijado por un manto mesiánico, derivado de intereses fácticos de grupos empresariales, iniciara una campaña quijotesca y cumpliera con ordenamientos como los establecidos en el en el “Reglamento de las condiciones generales de trabajo del personal de la Secretaría de Educación Pública” (1946) que señala que aún cuando los trabajadores tienen derecho a “gozar” de licencias para el desempeño de comisiones, entre otras (fracción III, artículo 24), las sindicales serían en todo caso “Sin goce de sueldo” (artículo 51), y de un plumazo acabara con las comisiones sindicales y los dirigentes gremiales “institucionales”, como sucediera recientemente en Tabasco, argumentado la defensa de los derechos adquiridos (media superior) acudieran al uso de la fuerza para preservar sus prerrogativas, tomaran las instalaciones de la dependencia y ante la presión, como sucede con actores de otras entidades, que ejercieran en gobernación federal y en oficinas de la Secretaría de Educación Pública, se me indicara, que aunque la normatividad de la Reforma Educativa se encontrase vigente, aguantara tantito a los “comisionados sindicales”, que “al fin y al cabo eso ya se va acabar con la centralización de la nómina”, y se me ordenase contratar a quienes propuestos por los negociadores magisteriales, se encontrasen en una “lista” al margen del examen de ingresos al servicio profesional docente?
¿Le daría gusto a una derecha trasnochada que responde a intereses empresariales cubierto con un manto defensor de los derechos de los niños por sobre la gobernabilidad de la entidad?, ¿aplicaría la norma y me enfrentaría con quienes defienden con justicia sus derechos -que no los abusos- y con un manto académico y esgrimiría una espada flamígera en contra de quienes, trabajadores, mandos medios e intermedios, no tienen la culpa histórica del funcionamiento de un estado corporativo como el mexicano, ni de sus vicios ni de sus componendas? Decirte que no lo sé, sería mentira, pero sin duda alguna me inclinaría por una negociación que buscara acabar con abusos y mejorara las condiciones de trabajo de quienes, personal docente, realizan una labor fundamental para el desarrollo de la niñez de nuestro país.
