“Esta universidad no pondrá ningún obstáculo que limite el acceso de las masas a la cultura, no habrá más monopolio de la sabiduría por parte de un grupo de señoritos en detrimento de los demás, pero tampoco permitirá que esa sabiduría se complazca en la soledad y desdeñosa vuelva la espalda a la vida. Al investigador más puro y sobresaliente salido de esta universidad debe llegar también el ruido de las fábricas, para que ese investigador sepa que es también, junto con nosotros, un obrero que está edificando México.”

Julio Glockner.

Durante los periodos de represión política más difíciles del Estado de Puebla, cuando los Derechos Humanos han sido violados, en momentos de controversia sobre el destino político, económico y social de nuestro Estado, la Universidad Autónoma de Puebla ha participado como un espacio de reflexión, critica, análisis y alternativas ante los retos que se presentan. Por ello se ganó la estimación entre las clases populares. La larga historia de nuestra Universidad desde que fue Colegio del Estado hasta la Reforma Universitaria ha sido claro ejemplo de compromiso y responsabilidad con la sociedad poblana.  Sin embargo, desde las políticas neoliberales implementadas en los años 90’s la universidad pública, máxima casa de estudio, se ha distanciado drásticamente de la ciudadanía, así lo demuestra una metamorfosis en la población estudiantil donde se sustituye el pensamiento social por el empresarial ( “Jóvenes Emprendedores”) a través de controles institucionales muchos más inseguros que dejan en incertidumbre y miedo, lo que Noam Chomsky denomina “ modelo de negocios”, es decir, crear suficiente inseguridad académica y laboral en la permanencia de ser estudiante, maestro o empleado no académico de tal forma que se instaure en la personalidad de los sujetos la incertidumbre de sus acciones, el temor de perder  los sujeta a la pasividad, en consecuencia no exige ni cuestiona. Esta política de inseguridad mantiene el control sistemático. La inseguridad como principio de la seguridad de quienes detentan el poder político de la institución.

Así queda demostrado en los últimos meses en que la Universidad ha guardado silencio sobre los Mega Proyectos de Muerte, La privatización del Agua, Los Presos Políticos etc. El argumento simulador es la imparcialidad, la objetividad desde el ámbito positivista de la ciencia, y la dichosa frase de “no politizar”.

El pasado mes de marzo la Asamblea Ciudadana del Agua solicito por escrito a la BUAP  su opinión científica y humanística debido a su compromiso con la ciudadanía, respecto a la privatización del agua. Sin embargo, poca importancia tuvo para las autoridades universitarias.

 Después del desaire  institucional solo hubo una respuesta con fecha 20 de Marzo, en una austera hoja, copia, tamaño carta sin membrete, ni firma, en letra cursiva a mano se lee:

 “En relación al tema de “los Asambleístas del Agua” (…)  los nombres de académicos que han trabajado proyectos en especifico, en ciencias del estado, siendo:

Maestro. Ernesto Manga Ramírez (Datos)  Facultad de Biología. Maestro. Fernando Hernández Aldama (Datos) Instituto de Ciencias.

Al final se aprecian solo las iniciales: “AIP”

Solo esa copia triste fue la respuesta. Ante tal situación me di a la tarea de elaborar una justificación del porque la universidad tendría que dar una recomendación y valoración científica de los problemas estatales. No un pronunciamiento político pero si académico, científico e institucional por su deber social. Como se plasma en la Ley de la BUAP, artículo 1°  “La atención a la problemática estatal tendrá prioridad en los objetivos de la Universidad y la Institución contribuirá por sí o en coordinación con otras entidades de los sectores público, social y privado al desarrollo nacional”.  Fijando claramente como parte de su objeto sustantivo su compromiso con el Estado de Puebla. Ya que como lo señala el Artículo 7° de la misma Ley “El estado proveerá de recursos a la Universidad con suficiencia y oportunidad para el desempeño de sus actividades conforme la partida presupuestal que apruebe anualmente el Congreso. La Universidad tiene la obligación de aplicar sus recursos en la consecución de su objeto; administrándolos con prioridad, transparencia, eficiencia y eficacia”.

De ahí que brindar una crítica o recomendación a las acciones del Gobierno Estatal sea necesaria  y obligatoria  por su responsabilidad y servicio a la sociedad, el Estatuto Orgánico de la BUAP en su Título Primero Del Objeto y Fines de la Universidad  en su Artículo 4°  señala “La finalidad de la Universidad será estar íntegramente al servicio de la Nación, de acuerdo con su sentido ético y de servicio social, superando cualquier interés individual”.

Inmediatamente en el artículo 5° se lee “La Universidad, con base en los resultados de su que hacer académico, por si misma o en coordinación con otras entidades de los sectores público, social, privado contribuirá al desarrollo del pueblo mexicano, al análisis y solución de sus problemas y al fortalecimiento de su autodeterminación científica y tecnología. Asimismo, realizará investigación orientada a la protección y adecuado aprovechamiento de los recursos naturales y a la conservación del equilibrio ecológico del país y coadyuvará al estudio y preservación de la cultura universal y nacional”.

Sin embargo, aun cuando la legislación lo señala puntualmente, nuestras autoridades universitarias no han dicho nada sobre los Proyectos de Muerte que ponen en peligro el equilibrio ecológico, empero se han realizado foros en la Escuela de Biología organizados por el colectivo Bioma o  los eventos desarrollados en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDCS)  organizados por estudiantes de Con-CienciaPolítica y la Maestría en Ciencias Políticas. Por ejemplo, en el último  Foro en Defensa de los Bosques y el Agua en la FDCS  participó el líder campesino Abraham Cordero Calderón, ahora preso político, y el Dr. Ricardo Pérez Avilés  especialista en sociología ambiental y opositor científico de los Proyectos de Muerte, quien es catedrático de la FDCS, él ha sido hostigado y perseguido por sus investigaciones y posturas académicas. Aunque el Dr. Pérez Avilés solo cumpla con el que hacer académico y por ello es consecuencia; con la función sustantiva de la Universidad, nuestra Máxima Casa de estudios no ha dicho nada, cuando es un claro atentado contra ella, ya que perseguir y hostigar al connotado investigador es perseguir y hostigar a la Universidad, por lo tanto; violentar la Autonomía Universitaria. 

Entonces concluimos que la autonomía tiene un claro tinte político y es precisamente poder generar el cuestionamiento, la crítica, la investigación y el conocimiento extra oficial al gobierno, sin ello ¿para qué tener autonomía?, ¿para qué autoadministrarnos y autogobernarnos? Si bien la autonomía no es independencia, se entiende históricamente por su origen como un recurso indispensable para poder ejercer la educación como practica de libertad y de servicio  a la sociedad.

¿Hasta cuándo los universitarios y la institución reivindicaran este valor?

Si la universidad diera una mínima opinión sobre los Proyectos de Muerte o la Privatización del Agua el discurso oficial lleno de argumentos técnicos entraría en discusión, propiciaría debate, pluralidad y un ambiente en que la sociedad empoderara su participación.

Por la Autonomía Universitaria

Por el respeto a los derecho humanos

Por el medio ambiente

Por el respeto a los usos y costumbres

Por la paz

Por la democracia

Por la vida

¡Por los presos  políticos y su pronta libertad!

 

Joshue Uriel Figueroa Blázquez