Como todos sabemos, dentro del proceso de Reformas Estructurales que se dieron en nuestro país en el 2013, la Político-Electoral fue una de las que causó más expectativas por lo amplitud y ambición de los objetivos que se planteaba. Tuvo un carácter protagónico dentro de las discusiones que se dieron en ambas Cámaras, ya que la posición del PAN y del PRD le dieron un cariz de “moneda de cambio”, ante la urgente necesidad, por parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto, de impulsarlos temas torales: el energético y el hacendario.

La presión a la que se sometió al Pacto por México fue directamente proporcional a los acuerdos logrados que se fueron transformando en leyes. No hay que olvidar que fueron precisamente las modificaciones a los marcos constitucionales en materia política y electoral los argumentos convincentes que funcionaron como catalizadores para consolidar la firma del Pacto en los albores de este sexenio.

Resulta claro, después de la revisión histórica, que las modificaciones a los marcos normativos de las campañas, se dan posteriormentea situaciones coyunturales y la mayoría han adoptado el carácter de “parches” que no responden necesariamente a las mejores decisiones políticas. Las actitudes de los partidos convirtieron a las instituciones electorales en rehenes de los estados de ánimo y pasiones de los principales actores políticos. Esto puede apreciarse en el hecho de que la principal figura del sistema democrático mexicano, el Instituto Federal Electoral–que iba en un franco proceso de consolidación, desde los comicios del 2006 y con mayor celeridad después del proceso electoral del 2012,sufrió un grave deterioro de la confianza ciudadana, resultado de los ataques efectuados por quienes no ganaron en ambos comicios.Lo anteriorcausó que el IFE entrara en un proceso de descomposición, a tal punto que se cuestionó su naturaleza, funciones y eficacia. Como resultado, los consejeros ciudadanos fueron dejados a su suerte, siendo removidos anticipadamente, dejando vacantes algunos puestos, como un preludio de la muerte institucional que se avecinaba.

Por otra parte, la transición de régimen y las negociaciones de los temas estructurales requirieron que los operadores políticos del Presidente Peña Nieto impulsaran los cambios de fondo a que se había comprometido el nuevo gobierno, fortaleciendo la congruencia política del Presidente. Estas señales fueron entendidas por los dirigentes partidistas de oposición como que había llegado el momento para ir a fondo y presionar para conseguir cambios definitivos, más allá de la coyuntura. El escenario de las elecciones locales del 2013, colocó en la mesa los elementos necesarios para un nuevo planteamiento, que la organización de las eleccionesestatales se hiciera de forma centralizada, ante las aseveraciones de que las manos de los gobernadores se encontraban dentro de los institutos electorales de los estados, lo que alteraba la equidad y transparencia de los comicios locales.

Más allá de estos argumentos, la realidad fue que junto al paquete negociado y acordado por las fuerzas políticas en la pasada Legislatura, se levantó el acta de defunción de un IFE, víctima de su propio éxito. De garante de la transparencia en los comicios, pasó a ser el pararrayo de las frustraciones de los partidos políticos, que buscan reconstruir el sistema político electoral de los mexicanos desde sus cimientos.

Como corolario de este proceso de muerte y vida institucional, este jueves nace en la Cámara de Diputados, el acordado Instituto Nacional de Elecciones (INE), que deberá tener el gran compromiso de ser el medio por el que el ciudadano recupere la confianza en el proceso electoral. Sobre todo, el INE debe aspirar a ser la arena político institucional en donde los grandes temas relativos a la democracia nacional se diriman. Como todo recién nacido, tiene grandes retos, aspiraciones, oportunidades, pero también dudas y expectativas que sólo el tiempo podrá ir develando.

Aún quedan grandes preguntas que debemos reflexionar: ¿En qué medida el INE podrá dar la certeza y objetividad en los comicios estatales que tanto reclaman el PAN y el PRD? ¿Nace el INE con el lastre de que los nuevos consejeros sean nombrados por cuotas partidistas, o bien son el resultado de un proceso que garantizaría la transparencia y la imparcialidad? ¿Podrá el INE recomponer la institucionalidad electoral en México y no sólo ser una mera transición de siglas y nombres? Esas son las nuevas incógnitas –entre muchas otras- que genera hoy el nuevo Instituto Nacional de Elecciones.