Después del anuncio del Presidente de la República en días pasados de destinar 55 mil millones de pesos para el combate a la delincuencia organizada y a los cárteles que ocupan Michoacán, así como el reconocer públicamente el apoyo del Gobierno federal a las actividades que en diversas poblaciones llevan a cabo los autodenominados “grupos de autodefensa”, vemos un giro importante a la estrategia de seguridad aplicada en los últimos meses y cuyos resultados hasta el momento no reportan una disminución en el índice de delitos y muertos que se registran en Estados como Guerrero, Morelos, Veracruz y del norte del país como Tamaulipas y Sinaloa.

Las cifras reales difícilmente se darán a conocer y de la actividad del Ejército y la Marina, si bien es cierto se ha mantenido, tampoco conocemos la cifra exacta de elementos que siguen asignados a labores de inteligencia y combate de estos grupos delictivos.

Las sumas que erogan el Gobierno federal y de los Estados para “garantizar” la seguridad de la población son enormes, pero desafortunadamente los resultados esperados no llegan, lo que nos hace presumir que muchos de estos recursos están quedando en manos de funcionarios, de mandos intermedios o actores políticos que informan que los usan para dicho fin, pero los están destinando a otras actividades o haciendo un “guardadito” para sus campañas políticas.

Los costos de la guerra al narcotráfico iniciada en forma frontal desde el segundo día del Gobierno de Felipe Calderón, hasta esta fecha, no se han dado a conocer oficialmente, ya que tampoco a nivel del Congreso de la Unión y de los órganos encargados de la fiscalización, se han hecho públicos los  casos de funcionarios que hayan sido detenidos o acusados de malversación de estos fondos.

La aplicación de estos recursos y su adecuado uso deberían ser uno de los aspectos más vigilados y auditados para conocimiento de la población; sin embargo, ello no ocurre, como en el tema de los fondos de desastres naturales, que en su momento se anuncian en forma espectacular y después ya nadie se ocupa de investigar si efectivamente llegaron para apoyar a la población afectada.

Casos como los de los huracanes Ingrid y Manuel, hasta el día de hoy, no han sido debidamente atendidos y los afectados siguen esperando que la ayuda algún día llegue a sus manos.

Valdría la pena preguntarnos realmente: ¿Cuánto ha costado a cada mexicano la guerra al narcotráfico y a la delincuencia organizada? ¿Cuántas obras o programas sociales y de empleo o apoyo al campo mexicano se hubieran podido implementar con estos recursos? Pero no sólo debe preocuparnos el dinero que se ha destinado a esta estrategia de seguridad, sino además los costos colaterales que se han traducido en el número de víctimas y familias desplazadas, así como el precio de mantener en las cárceles a presuntos culpables y sentenciados que día a día deben recibir alimentación y servicios para purgar sus condenas. La suma es incalculable y los resultados deficientes.

Los daños al interior han sido terribles, pero también al exterior la imagen de México como un país inseguro y violento se sigue extendiendo y ello trae como consecuencia una disminución del turismo y que los inversionistas desconfíen en traer sus capitales porque no tienen garantizada su seguridad y la de sus empleados, a lo que se suma un Sistema de Procuración y Administración de Justicia corrupto y que se encuentra mal calificado a nivel internacional.

Considero que una de las fallas de todas estas estrategias, ha sido el no involucrar a los universitarios en tareas de prevención del delito, asesoría en áreas como la legal, psicológica, de oportunidades entre la población, para que los afectados y la sociedad vuelvan a creer en que aún es posible rescatar al país de la inseguridad, no sólo con armamento militar, sino con las armas que da la educación y el conocimiento en pro de una sociedad mejor.