Recientemente, en una plática que sostuve  con el jurista Miguel Carbonell, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, me comentó sobre un trabajo que está elaborando y que denomina “Derecho a la verdad”, que hace consistir en que los ciudadanos reciban la información real de lo que hacen los gobernantes y autoridades de los tres niveles de gobierno.

No únicamente lo que se conoce como la “información oficial”, que si de algo adolece es precisamente de contener la verdad de los hechos, misma que en general desde un escritorio gubernamental se redacta para salir al paso de un problema, fijar una postura de las autoridades o bien para presentar los informes de gobierno que se convierten en un carnaval de cifras y logros que en teoría deben ser revisados y aprobados por los órganos legislativos, ya sean los Congresos de los estados en el caso de los Gobernadores o del Congreso de la Unión en el caso de Presidente de la República.

Aunque todos los ciudadanos sabemos que nunca son reprobados o se rectifican ya que la mayoría de las veces se aprueban en lo general, previo acuerdo de los grupos parlamentarios y de acuerdo a las prebendas que se negocian en otras oficinas.

La idea que subyace es cumplir con la obligación que establece la Constitución General de la República y las Constituciones Estatales de rendir un informe anual de la situación que guardan las administraciones al término de un año de actividades.

No quisiera afirmar en forma contundente que los informes contienen sólo mentiras, porque para ello se necesitaría que un grupo de expertos y especialistas en diferentes áreas, analizaran y revisaran contra indicadores reales, si las cifras que se presentan son verídicas o bien han sido manipuladas para justificar que los funcionarios están cumpliendo cabalmente con sus obligaciones.

La escritora Denise Dresser, en su libro “País de mentiras”, señala la pésima costumbre que existe entre nuestros gobernantes de falsear la información o manipularla para mantenerse en el poder y para granjearse la simpatía ciudadana, con los terribles efectos que ello ha acarreado a nuestro país desde la época de los gobiernos priistas y que se reprodujo en los dos sexenios del panismo de 2000 a 2012.

Esta práctica de rendir los informes de gobierno, ahora se ha extendido a los diputados federales y estatales, quienes también aprovechan, como los gobernadores, estos ejercicios para mantenerse en el ánimo del electorado y presumir logros y obras que ya nadie sabe quién realmente las gestionó o de dónde salieron los recursos para su ejecución, es decir, todos son responsables de los logros y avances, pero nadie de los desatinos y de las corruptelas de las que nos enteramos los ciudadanos gracias a las redes sociales.

A la mayoría de los mexicanos poco les interesa la feria de cifras que se manejan en los informes, ya que a los mismos encargados de revisarlos poco hacen por exigir que la información corresponda a la verdad de los hechos, de ahí que jamás escucharemos de un Presidente, Gobernador o Diputado que señale lo que falta por hacer o aquello que no cumplieron a pesar de haber firmado sus compromisos en su campaña electoral nte Notario Público.

Después de todos estos argumentos, podemos concluir que en México se viola cotidianamente el derecho humano de los ciudadanos a la verdad, a nadie le preocupa, nadie lo exige y nadie denuncia su constante violación, por ello a nadie le extraña que problemas tan graves como el aumento de la pobreza, la delincuencia y la inseguridad sigan creciendo en los hechos, aunque las cifras oficiales indiquen lo contrario.

No hay sanciones por mentir, ni por manipular la información, por lo que tampoco a pesar de que se logren desmentir los informes, éstos persisten, ya que rectificar tiene un costo político más alto que sostener lo indefendible,