El Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial –CEMABE-; que se inició el 26 de septiembre y que debió haber concluido el pasado 29 de noviembre, se ha visto obstruido apenas por algunos incidentes a pesar de la profusa información en los medios y en las redes sociales para que fuera rechazado.

 EL Censo ahora tendrá una prorroga hasta el 15 de diciembre. En las imprecisiones se dice, que debieron censarse 273 mil centros escolares en todo el país; de los cuales, en poco más de 30 mil centros escolares, -el 11.5 por ciento- negó total o parcialmente la información solicitada para el censo.

Si la información preliminar proporcionada por los funcionarios en cuestión es real y confiable; entonces estamos ante una realidad compleja, tanto para la institución encuestadora; como para la institución que pagó “poco más de 500 millones de pesos”, para un trabajo que parecía imposible ante la reacción del magisterio en sus distintas manifestaciones políticas e ideológicas.

Si los números son reales, entonces ¿Es de ese tamaño la fuerza del magisterio que está en contra de las reformas a los artículos 3º y 73º y las posteriores leyes reglamentarias? Esto puede ser aparente, no puede ser de entrada una conclusión que pueda aceptar la Secretaría de Educación Pública, si no quiere equivocarse en lo que sigue una vez que concluya el proceso del censo y de las encuestas a estudiantes y padres de familia.

 Llama nuestra atención la información preliminar de los censistas en sentido que de las 273 mil escuelas susceptibles a ser censadas; 10 mil centros de trabajo no se localizaron o no estuvieron en las direcciones domiciliadas por la SEP; lo que  representa un 4 por ciento del total de centros escolares que debieron censarse. Lo sorprendente es que fueron las dependencias de la SEP en las entidades federativas las que proporcionaron las direcciones domiciliadas. La primera explicación que debemos exigir es que nos digan qué pasó con más de 10 mil escuelas fantasma o inexistentes y que tampoco fueron censadas o encuestadas. Las escuelas no localizadas, no solo son edificios, también son plantillas de trabajadores, estadísticas escolares y presupuestos que deben explicar los funcionarios de manera puntual.

La prolongación de la fecha de la aplicación de las encuestas y el censo hasta el 15 de diciembre; se debe a que hasta ahora, los estados de Chiapas, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Oaxaca, no ha sido posible censar a los trabajadores.

¿En dónde están los profesores y trabajadores de Educación Básica? El INEGI dice que participaron 13, 510 censistas en todo el país; los cuales, recorrieron 63 mil 667 localidades para censar a 273 mil centros de trabajo. El censo tiene una cobertura equivale al 88.5 por ciento del total de centros que debieron haberse censado y que contempla entre otros edificios a escuelas, oficinas de supervisión, ámbitos de apoyo a la educación especial, centros de maestros, bibliotecas, oficinas administrativas, entre otras dependencias del Sistema Educativo Nacional. Dicen los números del censo que fueron censados 1.9 millones de personas, entre escuelas públicas y privadas y a 23.4 millones de estudiantes de educación básica y especial.

Aunque el plazo para entregar la información de los resultados del censo está previsto entre los meses de marzo-abril de 2014; ya se han empezado a filtrar algunos datos; por ejemplo, en el estado de Puebla, existen más del 50 por ciento de profesores que ejercen la docencia sin contar con título profesional, por lo que a todos los profesores que no tengan título profesional, les darán un plazo no mayor a los seis meses para que se regularicen en su historial académico. Ya se detectaron también maestros y trabajadores con documentos falsos. ¿Qué harán ahora los funcionarios y líderes sindicales?

Se comenta en los pasillos de la SEP poblana que hay cientos de escuelas con más alumnos que profesores y otras con sobre población de estudiantes y con plantillas de docentes muy escasa o inferior para atender la demanda estudiantil. El censo; suponemos, vendrá a corregir estas desproporciones que retratan hasta qué grado la -SEP y el SNTE -, corrompieron a la escuela pública y sus procesos administrativos.

Lo que sigue, después del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial; -creo yo-, corresponde una profunda reestructuración de los sistemas educativos estatales para depurar los a los cientos y miles de profesores que trabajan en docencia sin tener un título profesional o no reúnen los requisitos de perfil profesional.

 Viene también, una reestructuración de los maestros en cada una de las escuelas para corregir la sobrepoblación de maestros en las zonas urbanas, en detrimento de las zonas rurales, vendrá una reestructuración de las cargas de trabajo ahí donde sean necesarios los servicios o la renuncia a las plazas.

Más del 50 por ciento de los maestros trabajan sin un título profesional en estados como el de Puebla, pero seguramente que la proporción será mayor en otras entidades como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, o Chiapas, lo que hace evidente la corrupción de los sindicatos y las administraciones locales. Tanto el Censo como las encuestas, por las preguntas planteadas, se van a encontrar con el desarraigo laboral de maestros y trabajadores; pero también de los estudiantes, que asisten a escuelas muy lejanas de sus lugares de origen y de vivienda.

El problema es de dimensiones colosales y solo debemos esperar transparencia en el manejo de la información y las medidas que se deban implementar para cerrar las llaves del despilfarro burocrático y sindical; de todos los sindicatos, movimientos sindicales, de “los charros y de los democráticos”; de izquierda y de derecha. ¿El SNTE podrá reaccionar en defensa de sus privilegios y de su base de sustentación social? Al tiempo, al tiempo. (15-12-2013).   

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