Los Presidentes Municipales de nuestro estado, al leer en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de los Estados, deben sentirse muy orgullosos.

Seguramente se sienten aliviados al enterarse de que el gobierno estatal puede asumir algunas funciones o servicio público si el municipio se encuentra imposibilitado para ejercerlas o prestarlos. Como por ejemplo, la privatización del agua, la entrega a empresas del alumbrado público o de la seguridad. Sin embargo, cuando el convenio no está elaborado con el consenso de ambas partes sino que resulta una imposición acompañada de la amenaza de la discusión de la cuenta pública por el Congreso del Estado, intuyo que se sienten apabullados.

Peor aun si las máximas autoridades políticas les mandan mensajes contradictorios. Cuánta confusión. ¿A quién hacerle caso, a la Presidencia de la República o a su gobernador?

Veamos:

El subsecretario de planeación de la Sedesol, Juan Carlos Lastiri, alentó a los  alcaldes electos a invertir de manera focalizada y estratégica lo que serán los recursos de desarrollo social etiquetados para abatir los indicadores de pobreza, ya que la calidad de vida es un derecho. Asimismo les anunció que los municipios que reduzcan sus indicadores de marginación y pobreza,  obtendrán mayores recursos con los recientes cambios a la fórmula de distribución de gasto social para los municipios. Además de ello, el funcionario federal les pidió invertir bien los recursos públicos, con un gasto social que ayude a sus comunidades a salir del rezago y generar justicia social. También les recomendó hacer una planeación articulada, esto es, no tomar decisiones sin orientar los recursos.

 Por su parte, Rafael Moreno Valle los conminó a seguir la fórmula de recorte de la nómina(despedir personal),ocupar los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que permiten transformar el gasto corriente en  gasto de inversión, como el  Centro Integral de Servicios del gobierno del estado que dentro de 25 años de pagar una renta pasará a ser propiedad del Estado.

De igual manera les aconsejó contratar asesores profesionales para presentar sus proyectos ejecutivos. Y les recomendó gestionar créditos con Banobras para poder solicitar adelantos del Ramo 33 y en consecuencia realizar obras. Pero si esto no bastara, también les sugirió buscar entre sus comunidades alguna indígena para sacar provecho a programas como el PIBAL. En fin, les habló largamente del programa peso sobre peso (que por cierto ideó Mariano Piña Olaya).

”La mejor forma de llegar a ocupar un cargo, si realmente quieren que la gente sienta un cambio, es que lleguen haciendo grandes obras, iniciando muchos proyectos”, les dijo enfático.

Otra de las “sugerencias” de Moreno Valle a los alcaldes, fue que donen los “activos no estratégicos”, como terrenos, a empresas que les construyan alguna obra en el municipio.

Al escuchar la última sugerencia hubo alcaldes que recordaron las quejas de ejidatarios del municipio poblano de Esperanza, quienes desde hace cuatro años entregaron en renta sus tierras a la empresa Impulsora Latinoamericana de Energía Renovable y todavía están en espera de que les cumplan las promesas que les hicieron: pagarles 10 mil pesos anuales por el arrendamiento de cada predio donde instalaron 15 torres para la medición del aire. Esto último además de otorgarles tractores y fertilizantes y acondicionar el camino de acceso al espacio donde se desarrollaría el proyecto, parque que sería construido por el Grupo Mabesa en asociación con la empresa española Iberdrola con una inversión, dijeron, de 120 millones de dólares para una primera etapa. ¡Uy!, deben haber soltado los alcaldes al enterarse de que ese tipo de negocios no son redituables para los habitantes de sus municipios.

Al conocer estas dos visiones para impulsar el desarrollo del municipio, una de combate a la pobreza y justicia social, y la otra de competitividad y obras deslumbrantes, los futuros alcaldes podrían ´preguntarse: ¿a quién le hacemos caso, a Peña Nieto o a Moreno Valle?

De ahí la confusión enunciada en el título de esta columna.

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