El tema legislativo que ocupa todos los medios de comunicación es la Reforma Energética. Es un concepto que se encuentra totalmente ideologizado y que se está utilizando como chantaje al presidente Peña Nieto, tanto por el PAN como por el PRD.

 El significado de esta reforma va desde la privatización y el entreguismo de los recursos energéticos del país. Se ha utilizado la bandera de que cualquier cambio en la legislación y desde luego en la Constitución sería una pérdida de soberanía.

Hasta lo sostenido por diversos miembros y organismos de los sectores privado, académico y gubernamental que aseguran que reformar el sector energético no es privatizarlo; que abrir las industrias petrolera y eléctrica a la competencia es una necesidad de modernización que favorecerá el desarrollo nacional. Defienden la inversión privada, sin que Pemex, ni el Estado Mexicano pierdan el control del petróleo y de la energía eléctrica.

Los intereses están en la mesa. Los representantes que discutirán y votarán la iniciativa tienen posturas distintas y es necesario que éstas se realicen con seriedad y honestidad. Cada concepto de la reforma deberá estudiarse exhaustivamente con el auxilio de los especialistas en el tema con la intención de obtener lo mejor para el país apoyándose en los resultados y experiencia de cada uno de los países que abrieron el petróleo a la iniciativa privada.

Lo lamentable sería que se utilizara la Reforma como una bandera electoral, diciendo que no importa el destino de Pemex; que eso sólo se resolverá cuando se llegue a la Presidencia, y que es un tema que sólo compete a un personaje político, como escribió Ricardo Alemán en El Universal, refiriéndose a lo manifestado por Andrés Manuel López Obrador.    

Para Manuel Bartlett la reforma energética anunciada por Enrique Peña Nieto, plantea con toda claridad la intromisión de inversión extranjera en México y en particular de acuerdo con el director general de Pemex y varias informaciones oficiales, se trata de la incorporación de las grandes empresas trasnacionales extranjeras como British Petroleum, Exxon y otras a la explotación del petróleo en México.

Principios constitucionales en materia de petróleo

Las determinaciones del Constituyente de 1917 plasmadas en los artículos 27 y 28 de la Constitución indican que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la Nación. Asimismo que corresponde a ésta el dominio directo del petróleo y de todos los carburos de hidrógenos sólidos, líquidos o gaseosos. Este dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y que en la explotación, el uso o el aprovechamiento de los mismos no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán las que en su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos en los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva.

Para llegar  a establecer estos conceptos en la Constitución, México tuvo que enfrentar una lucha intensa frente a las potencias petroleras especialmente la norteamericana. Le costó la vida a Francisco I. Madero el haberse atrevido establecer los primeros impuestos por la explotación del petróleo. El embajador norteamericano en connivencia con el traidor Victoriano Huerta, implementaron su ejecución. También asesinaron a Venustiano Carranza por haber aprobado el artículo 27 de la Constitución que reivindicaba la propiedad de la Nación sobre el subsuelo. El crimen lo realizó Manuel Peláez, comandante en jefe de las guardias blancas de las compañías petroleras. Y también trataron de invadir a nuestro país para asesinar a Plutarco Elías Calles a fin de evitar la promulgación de la Ley del Petróleo, solo que el contraespionaje mexicano lo impidió. Esto culminó con la Expropiación petrolera de 1938 de Lázaro Cárdenas. El conocimiento de nuestra historia es lo que ha hecho que en las encuestas realizadas se vea que la mayoría de los mexicanos está en contra de la privatización del petróleo, ante el temor de que las compañías petroleras norteamericanas vuelvan a apoderarse de nuestro patrimonio.

Cuando se conozca la iniciativa presentada por el gobierno federal se deberá estudiar si es o no privatizadora y actuar en consecuencia. Pero la postura de algunos líderes de la izquierda que de antemano se niegan a cualquier discusión y amenazan con sacar a las calles al México bronco valiéndose de dogmas y consignas, no nos llevaría a  ningún final feliz.

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