Pese a los avances legislativos y al discurso sobre perspectiva de género, las fiscalías y los órganos judiciales en México continúan aplicando criterios que dificultan la acreditación del feminicidio, lo que termina en impunidad y procesos prolongados para las familias.

Este es el caso de Araceli Vázquez Barranco, asesinada el 13 de noviembre de 2013 al interior de su domicilio en el municipio de Acajete por su expareja, quien tras el término de la relación la acosaba de manera constante.

El caso Araceli y sus procesos para acceder a la justicia

De acuerdo con el relato de su familia, aunque en un primer momento el caso fue investigado y sentenciado como feminicidio, después se le reclasificó como homicidio agravado.

En 2024, el responsable fue detenido y un juez lo consideró culpable de feminicidio, sin embargo, un Tribunal de Apelación en Puebla reclasificó nuevamente el caso a homicidio, reduciendo la pena a 27 años y seis meses.

Con acompañamiento de la Clínica Jurídica Minerva Calderón de la Ibero Puebla, la familia promovió un amparo directo, el cual derivó en una nueva revisión del expediente, lo que implicó volver a abrir diligencias.

El caso incluso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la revisión fue desechada sin entrar al fondo de los argumentos relacionados con derechos humanos.

Este proceso obligo a la familia a revivir los hechos ocurridos hace más de una década, pues Amanda Barranco, madre de Araceli, relató que tuvo que regresar a declarar junto con su hijo sobre lo sucedido, además de someterse a evaluaciones psicológicas que consideró revictimizantes

Critican interpretación judicial del feminicidio

Durante conferencia de prensa el académico Simón Hernández León explicó que el caso muestra cómo incluso cuando existen leyes robustas y protocolos especializados, persisten problemas en la manera en que jueces y magistrados interpretan las razones de género.

Detalló que dentro del proceso judicial uno de los principales debates surgió alrededor de qué debía entenderse por acoso y cuántos actos eran suficientes para acreditar violencia de género.

Impunidad parte de la violencia feminicida

Por su parte, Fernanda Santos, responsable de acceso a la justicia y violaciones graves de la Clínica Jurídica Minerva Calderón, explicó que uno de los principales riesgos de la nueva Ley General de Feminicidio es que elimine de la definición de violencia feminicida el componente de impunidad.

La propuesta presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea definir la violencia feminicida como la forma extrema de violencia contra mujeres que puede culminar en su muerte, sin embargo, deja fuera el papel que juega la omisión institucional y la falta de justicia.

“El feminicidio no se agota el día de los hechos. En el caso del feminicidio de Araceli el 13 de noviembre de 2013, el feminicidio no solo sucedió ese 13 de noviembre, sino que se actualiza y pasa día a día, en tanto no se garantice que ya no habrá impunidad”, sostuvo la especialista.

Indicó que, aunque la homologación del delito podría representar un avance, existe preocupación porque la iniciativa aún no contempla modificaciones integrales, ni garantiza presupuesto, capacitación especializada o mecanismos de aplicación.

También cuestionó que la legislación actual siga reproduciendo estereotipos sobre cómo debe comportarse una víctima de violencia psicológica para que su caso sea reconocido.

Alertan que las reformas no bastan sin cambios institucionales

Durante la conferencia, especialistas insistieron en que cualquier reforma en materia de feminicidio debe construirse escuchando a familias, víctimas indirectas, organizaciones civiles y academia, pues son quienes enfrentan diariamente las deficiencias del sistema.

También advirtieron que no basta con crear nuevas leyes si las autoridades continúan actuando sin perspectiva de género o sin considerar contextos de vulnerabilidad e interseccionalidad.

En Puebla continúen existiendo casos donde las muertes violentas de mujeres son descartadas anticipadamente como feminicidios, pese a los estándares nacionales e internacionales que establecen que toda muerte violenta de mujer debe investigarse inicialmente bajo esa hipótesis. (MCJ)