La Comisión de Asuntos Municipales del Congreso de Puebla aprobó una iniciativa que obligaría a ayuntamientos, concejos municipales, juntas auxiliares y órganos ciudadanos a contar con intérpretes o traductores de lenguas indígenas, presentada por la diputada Modesta Delgado Juárez.

La reforma propone modificar el artículo 44 de la Ley Orgánica Municipal para garantizar que la población indígena y afromexicana pueda comunicarse de manera efectiva con las autoridades municipales en su propia lengua.

Lenguas indígenas en Puebla y el derecho a la comunicación institucional

Puebla cuenta con más de 1.2 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, lo que representa el 19.2 por ciento de la población estatal, según datos del INEGI.

El estado ocupa el cuarto lugar nacional en población indígena.

Pese a esa cifra, la carencia de servicios de traducción en los municipios genera discriminación institucional y limita la participación ciudadana de comunidades enteras que no hablan español como primera lengua.

Reforma municipal y los marcos legales que respaldan a las comunidades indígenas

La iniciativa se sustenta en diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales. El artículo 2 de la Constitución Mexicana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a acceder a la justicia mediante intérpretes en sus lenguas originarias.

A nivel internacional, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece en su artículo 28 que los gobiernos deben garantizar servicios de traducción e interpretación en procedimientos administrativos y legales.

La Declaración de la ONU sobre derechos de pueblos indígenas refuerza este principio en sus artículos 12 y 13.

A nivel nacional, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas señala en sus artículos 9 y 10 que los hablantes de lenguas originarias tienen derecho a comunicarse en sus idiomas en ámbitos públicos y a recibir servicios de traducción gratuitos en instancias gubernamentales.

En Puebla, tanto la Constitución Política estatal como la Ley de Derechos de Cultura y Desarrollo de Comunidades Indígenas ya reconocen la obligación de las autoridades de preservar las lenguas de los pueblos originarios, aunque sin establecer mecanismos concretos de traducción en oficinas municipales.

La iniciativa de la diputada Modesta Delgado Juárez busca cerrar esa brecha legal.

De aprobarse en el pleno del Congreso de Puebla, los municipios deberán implementar servicios de interpretación en las comunidades donde residan hablantes de lenguas originarias, sin costo para los ciudadanos. (LV)