Por los delitos de robo y abuso de autoridad, se inició un proceso penal contra cinco exservidores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, en agravio de Fernando Juárez Morales, luego de que autoridades federales concedieran un amparo que derivó en la reposición del procedimiento judicial.

La audiencia de formulación de imputación se llevará a cabo el 19 de mayo. El proceso avanzó después de que el Juzgado de Oralidad Penal de la Región Judicial Centro dejó sin efecto resoluciones emitidas en septiembre de 2025 y ordenó reponer el procedimiento para citar a audiencia inicial a cinco exfuncionarios señalados por su probable participación en los hechos.

De acuerdo con el acuerdo judicial emitido el 22 de abril de 2026 por la jueza de control Laura Tlatelpa Ramos, en cumplimiento del juicio de amparo 1161/2025-1-D, se instruyó una nueva determinación tras acreditarse irregularidades en actuaciones previas relacionadas con el caso y con hechos ocurridos en 2013.

La resolución establece que José Martín Nicolás Flores Figueroa, José Alfredo Reyes Tecuatl, José Díaz Espinoza, José Benigno García Ferrer y Lilia Meneses Romero deberán comparecer el 19 de mayo de 2026, a las 12:00 horas, en el Centro de Justicia Penal de Puebla, ubicado en la colonia Ex Hacienda Castillotla, para la audiencia de formulación de imputación por su posible intervención en los delitos de robo y abuso de autoridad.

La orden judicial deriva de una solicitud presentada por la agente del Ministerio Público Susana A. Osorio Acosta, adscrita a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la FGE Puebla, después de que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal declaró firme la sentencia de amparo emitida el 23 de marzo de este año.

La mañana de este jueves, Fernando Juárez Morales acudió a la Fiscalía de Asuntos Internos, ubicada en la colonia La Paz, para aportar y desahogar nuevas pruebas en contra los cinco exfuncionarios, quienes participaron en un operativo realizado el 6 de agosto de 2013 en la colonia Humboldt, en la ciudad de Puebla, mismos que se encontraban adscritos en ese momento a la Agencia Séptima de Robo de Vehículo.

En entrevista con este medio, Fernando Juárez señaló que tanto determinaciones del Ministerio Público como resoluciones judiciales previas fueron consideradas ilegales en distintas instancias, situación que lo llevó a promover el juicio de amparo que finalmente derivó en la reposición del proceso penal.

Asimismo, indicó que el acuerdo judicial establece que, en caso de que los imputados no comparezcan a la audiencia, podrán ser sujetos a orden de comparecencia o aprehensión.

Como parte del procedimiento, también se ordenó garantizar a los señalados acceso previo a la carpeta de investigación, además de notificar a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas para la designación de asesoría jurídica para la parte denunciante.

Fernando Juárez Morales solicitó que las próximas audiencias se desarrollen de manera pública y con presencia de medios de comunicación, al considerar que la difusión del caso puede contribuir a transparentar el proceso judicial que, afirmó, ha enfrentado durante más de una década. (MCJ)