Un hombre de la tercera edad, originario de la junta auxiliar de Tzitzicazapa, en el municipio de Tlaola, denunció haber sido víctima de agresión física y robo dentro de su propio domicilio.

En los hechos señala como presuntas responsables a sus hijas, quienes además habrían agredido a su hermano con discapacidad visual.

De acuerdo con el testimonio del afectado, los hechos ocurrieron en diciembre pasado, cuando al regresar a su vivienda encontró a sus hijas en el lugar.

En ese momento, asegura, fue golpeado en repetidas ocasiones hasta caer al suelo, donde continuó siendo agredido.

Al intentar intervenir, su hermano, quien padece ceguera, también habría sido atacado violentamente y resultó con lesiones en la cabeza, quedando tendido en el lugar.

El denunciante indicó que, además de las agresiones físicas, las señaladas ingresaron al inmueble y sustrajeron diversos documentos personales y patrimoniales, entre ellos escrituras, contratos de compraventa, facturas vehiculares y papeles relacionados con una concesión de transporte público.

Tras lo ocurrido, el adulto mayor presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado, lo que derivó en la apertura de una carpeta de investigación.

Posteriormente, el caso fue canalizado a mecanismos alternativos de solución, donde se estableció un acuerdo para la devolución de los documentos; sin embargo, el compromiso no fue cumplido.

El afectado señaló que, al dar seguimiento a su caso, autoridades ministeriales le informaron que el asunto ya había sido resuelto, sin brindarle opciones para continuar con el proceso legal.

Ante esta situación, el pasado 16 de abril acudió a una jornada de atención ciudadana organizada por la Fiscalía estatal, donde, tras varias horas de espera, una funcionaria le indicó que no podía intervenir en el caso y le sugirió buscar una conciliación familiar.

El hombre manifestó su inconformidad ante lo que considera una falta de atención y de justicia, por lo que decidió recurrir a instancias superiores, entre ellas la titular de la Fiscalía General del Estado y el Gobierno de Puebla, para solicitar su intervención directa.

Asimismo, informó que el caso fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos con el objetivo de recibir acompañamiento institucional y lograr que los hechos sean esclarecidos. (KR)