La inconformidad social crece en el municipio de Teteles de Ávila Castillo luego de que habitantes acusaran al gobierno del presidente municipal Saúl Márquez de imponer un nuevo reglamento de agua potable que contempla el cobro de medidores, posibles aumentos de tarifas y nuevas obligaciones para los usuarios, medidas que —aseguran— fueron aprobadas sin una consulta real a la población.

Vecinos calificaron la decisión como arbitraria y recaudatoria, al considerar que el ayuntamiento pretende trasladar a la ciudadanía los costos de modernización del sistema hidráulico, mientras el servicio continúa presentando irregularidades e intermitencias en diversas zonas del municipio.

La polémica comenzó cuando en redes sociales empezó a circular un documento que el gobierno municipal presentó como el nuevo reglamento de agua potable.

Habitantes denunciaron que el texto presenta inconsistencias jurídicas, ambigüedades y vacíos legales, por lo que incluso lo han calificado como un "reglamento apócrifo" elaborado sin el rigor técnico ni legal que exige un tema tan sensible para la población.

Entre los inconformes, el malestar ha comenzado a expresarse abiertamente.

"Ahora el documento que andan enviando lo presentan como reglamento, pero para nosotros es una arbitrariedad; al rato nos van a querer cobrar hasta por respirar", expresó uno de los habitantes molestos por las nuevas disposiciones.

De acuerdo con los denunciantes, el documento habría sido elaborado por personal sin especialización en infraestructura hidráulica, lo que ha incrementado la desconfianza entre los usuarios del servicio.

Uno de los puntos que más ha generado inconformidad es la disposición que obliga a los usuarios a instalar medidores para acceder al servicio de agua potable.

Según el documento difundido, los ciudadanos deberán pagar el medidor y su instalación, pero el equipo pasará a ser propiedad del ayuntamiento, situación que ha provocado fuertes críticas entre la población.

La normativa tampoco establece con claridad el costo oficial de los dispositivos ni los criterios para su adquisición, lo que ha generado sospechas entre los usuarios.

Vecinos estiman que el precio de estos aparatos puede oscilar entre 800 y 2 mil 500 pesos, dependiendo de la marca y el proveedor, gasto que consideran elevado para muchas familias.

A la polémica se suma que el reglamento de agua potable también contempla la posibilidad de incrementar las tarifas del servicio bajo el concepto de "actualización de cuotas".

Sin embargo, el documento no especifica montos ni mecanismos claros para calcular los incrementos, lo que ha generado incertidumbre entre los habitantes.

Otro punto que ha provocado molestia es la forma en que presuntamente se avaló el reglamento. De acuerdo con testimonios ciudadanos, el 8 de diciembre pasado el alcalde convocó a una reunión para discutir el tema; sin embargo, la asistencia no superó las 70 personas, entre quienes —según señalaron los vecinos— se encontraban trabajadores del propio ayuntamiento.

Pese a ello, el documento fue sometido a votación y aprobado por ese reducido grupo, decisión que impactaría a más de 2 mil 500 usuarios del sistema de agua potable y a cerca de 6 mil habitantes del municipio.

En esa misma reunión se anunció la creación de una nueva dirección de agua potable, cuyo titular sería Víctor Martagón, ingeniero agrónomo designado por el alcalde.

La decisión también ha sido cuestionada por algunos sectores de la población, quienes consideran que el cargo debería estar en manos de especialistas en ingeniería civil o hidráulica, dada la complejidad técnica del sistema.

En redes sociales, el presidente municipal informó además que estudiantes universitarios participarán en los trabajos de georreferenciación y diagnóstico de la red hidráulica del municipio.

Para algunos habitantes inconformes, esta medida refleja falta de inversión y planeación técnica, ya que consideran que estas labores deberían ser realizadas por especialistas o dependencias con experiencia en el manejo de infraestructura hidráulica.

El conflicto se agrava porque, aseguran los vecinos, el suministro de agua potable continúa siendo irregular incluso en la cabecera municipal.

En comunidades como Texcalaco, denunciaron que el servicio es intermitente, por lo que consideran injustificado hablar de aumentos o nuevas obligaciones cuando el abasto no está garantizado.

Algunos ciudadanos también señalaron que existe temor a represalias por denunciar públicamente las irregularidades relacionadas con el reglamento.

"Y no, señorita… mejor no damos nuestro nombre porque al rato nos van a identificar y nos van a querer cobrar más por denunciar", expresó uno de los habitantes que pidió mantener el anonimato.

Ante este panorama, vecinos advirtieron que la inconformidad social va en aumento en Teteles de Ávila Castillo y exigieron al gobierno municipal transparencia en el manejo del sistema de agua potable, claridad en las tarifas y una verdadera consulta ciudadana antes de aplicar cualquier medida que afecte directamente la economía de las familias. (KR)