La manifestación en la Casa de Justicia de Teziutlán convocada por Alejandro Méndez esta tarde, con el objetivo de mostrar respaldo a su favor, no logró la respuesta esperada, ya que únicamente acudieron allegados y familiares.

En contraste, la mayoría de la comunidad de Xoloco reiteró su rechazo al señalado por el presunto desvío de aproximadamente cuatro millones de pesos destinados al sistema de agua potable.

Habitantes del barrio indicaron que la movilización no representó el sentir colectivo, pues quienes participaron mantienen una relación cercana con Méndez.

Señalaron que la postura general de la comunidad es responsabilizarlo, junto con el entonces tesorero del comité de agua, por el manejo irregular de los recursos aportados por los usuarios.

Durante la audiencia realizada este martes, por segunda ocasión consecutiva no se concretó un acuerdo reparatorio, lo que incrementó la inconformidad social, al considerar que no existe voluntad de resarcir el daño económico ni de aclarar plenamente el destino del dinero.

Ante la presencia de simpatizantes del imputado, acudió el delegado de Gobernación, José Manuel Bello Mora, quien dialogó con los asistentes para evitar confrontaciones y permitir el desarrollo del proceso judicial conforme a la ley.

Cabe recordar que Alejandro Méndez fue detenido previamente en Xoloco y permaneció cinco días en el Centro de Reinserción Social.

Actualmente continúa su proceso en libertad bajo medidas cautelares, situación que su defensa ha negado públicamente, aunque el procedimiento judicial sigue vigente.

Entre las medidas cautelares destaca la inhabilitación por 20 años para ejercer cualquier cargo público, la obligación de presentarse diariamente a firmar en la Casa de Justicia y la prohibición de salir del municipio de Teziutlán.

Mientras Méndez sostiene que fue engañado y ha intentado presentarse como víctima, habitantes de Xoloco insisten en que el desvío de recursos no ha sido aclarado y que la baja asistencia a la manifestación evidencia la pérdida de confianza hacia quien administró fondos de un servicio básico.

El caso continúa en análisis judicial, en medio de presión social para que se finquen responsabilidades y se recupere el dinero que pertenece a la comunidad. (KR)